Con una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el ministro de Defensa Luis Petri completó el desguace del Equipo de Relevamiento y Análisis que trabajaba sobre los archivos militares de la última dictadura al derogar la resolución que lo creó en marzo de 2010.
Esta decisión termina de desarmar el grupo de trabajo que durante 14 años analizó legajos y documentación de las Fuerzas Armadas y realizó aportes fundamentales a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Desde su llegada al ministerio y el nombramiento de militares retirados en puestos clave, Petri encabeza un importante retroceso en materia de derechos humanos en Defensa. A fines de marzo, a los pocos días del aniversario del golpe cívico militar, fueron los primeros despidos. Una decena de trabajadores del Equipo de Relevamiento fue despedida. Ahora, tres meses después, el Grupo de Trabajo fue eliminado.
El Grupo fue creado el 26 de marzo de 2010 a través de la resolución 308 por la entonces titular de la cartera, Nilda Garré. Le dio la tarea de relevar documentación que pueda resultar de valor “histórico y/o judicial” y que se encuentre archivada o custodiada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Ante la reticencia histórica de sectores de las Fuerzas Armadas a hacer aportes al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, la misma resolución le daba acceso a este grupo de trabajo a todas las dependencias militares, tenían copas de las llaves de acceso y le permitía precintar y limitar el acceso a lugares que se necesitaban preservar.
La resolución 680 de Petri derogó este martes la resolución ministerial 308/10 y así eliminó este Grupo de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio. También derogó las resoluciones 1120/10, 782/11 y 95/12, que prorrogaron el plazo de trabajo del equipo, y la resolución 1573/23, que le dio el carácter permanente a su tarea.
Los argumentos son similares a los utilizados por su par de Seguridad, Patricia Bullrich, para avanzar sobre la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI).
Petri sostuvo que el Grupo de Trabajo “tiene atribuciones exorbitantes al acceder a cualquier ámbito de las Fuerzas Armadas” y que esto convierte su accionar “en un constante allanamiento sin control ni en conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
Añadio que el Grupo de Trabajo “funciona inorgánicamente, no acata órdenes de un superior jerárquico, no funda o motiva los criterios de búsqueda ni utiliza el Sistema de Gestión Documental (GDE)”, y que es “el Ministerio Público Fiscal el órgano competente para la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial de la Nación”.
Justamente, en abril pasado, 36 fiscales federales manifestaron su preocupación sobre la decisión de desmantelar esta área por la importancia que tiene en las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.
Según la resolución de Petri, la documentación hasta ahora preservada por el grupo de trabajo quedará a cargo del Sistema de Archivo de la Defensa (SAD) y los requerimientos judiciales serán gestionados por la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, a cargo de Claudio Ernesto Pasqualini, quien fue jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri.
Pasqualini suele hablar de “guerra sucia” al referirse al terrorismo de Estado e impulsa la “memoria completa” sobre la última dictadura. También tiene un vínculo personal con las causas por esos crímenes: su suegro, Athos Renés, fue condenado a prisión perpetua en el juicio por la masacre de Margarita Belén. Durante la dictadura, Renés fue oficial del Ejército y se desempeñó como jefe de la Compañía de Comunicaciones 7 de Resistencia, Chaco.
