El juicio contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, continuará el próximo martes, tras un inusual comienzo que incluyó el pedido, negado por el tribunal, de abandonar el proceso y con el rechazo del exmandatario de ser representado por sus abogados. Incluso negando al defensor oficial que la Justicia le asignó en consecuencia. La estrategia de Castillo, que calificó al juicio de “farsa”, es atribuirle un carácter insalvable, invalidando la figura de “rebelión” que se le atribuye y centrándose en la parcialidad manifiesta de los jueces. En esa tesitura fue que intentó retirarse del estrado en la primera audiencia del martes, pero los magistrados se lo impidieron por su carácter de acusado.

La maniobra del juicio de “ruptura” fue sugerida por sus abogados, entre ellos los argentinos Raúl Zaffaroni, constitucionalista y exjuez de la Suprema Corte, y Guido Croxatto, exdirector de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Para los letrados, desde el mismo momento en que se les impidió el ingreso al penal de Barbadillo para visitar al preso, “nos quedó claro que el procedimiento judicial (como la vacancia) no era regular. Que no existía apego a la Constitución. Que no se respetaba la legalidad”, escribió Croxatto en la revista peruana Hildebrant en sus trece.

Durante la primera audiencia de alegatos, Castillo pretendió leer el texto que había publicado el día anterior en sus redes, lo que también le fue negado. Allí manifestaba que renunciaba a sus abogados y rechazaba tener una defensa legal pública designada por el tribunal. En el texto se expresa que el delito de “rebelión” que se le imputa no aplica a su caso, según el código penal, ya que implica el alzamiento armado, cosa que no ocurrió ni fue impulsada por el presidente. Esto fue ampliado luego por el abogado del exministro Aníbal Torres, otro de los imputados. En cambio, Castillo asegura que “los que deberían comparecer en este juicio y ser condenados por delitos de rebelión y conspiración son los que ese día alzándose en armas, ordenaron y ejecutaron el golpe de estado contra mi gobierno, los que metralleta en mano, apuntando a mi familia, me apresaron cuando nos encontrábamos dentro del vehículo presidencial”. Considera que fue “apresado y condenado” sólo por ser “enemigo político de la angurrienta derecha”. Además, que aquel discurso del 7 de diciembre de 2022 en que llamó a disolver el Congreso no se trató de una orden formal que fuera materializable sino un mensaje político, en su mirada, conforme a lo que “demandaba el pueblo”, algo que pudo esbozar en su alegato, antes de ser interrumpido por los jueces. Castillo también cuestiona la imparcialidad de la jueza del tribunal, Norma Beatriz Carbajal, a quien ya había recusado por considerar que “adelantó opinión confirmando mi detención preliminar”.

Según la acusación, la supuesta conspiración inició la noche del 6 de diciembre de 2022, cuando el presidente solicitó la renuncia del entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova Alemán. Castillo intentó luego disolver el Congreso, convocar elecciones anticipadas y crear un gobierno de excepción para intentar sacar adelante las reformas prometidas durante la campaña. Esto terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención por la Policía.

Las audiencias se realizarán tres veces por semana en forma presencial y virtual desde la cárcel de Barbadillo, en Lima. La próxima será el martes 11, cuando comparecerán testigos de la Fiscalía. Esta había solicitado para el exjefe de Estado 34 años de prisión, una inhabilitación de tres, cinco años y el pago de 65.419 soles peruanos (18.500 dólares) como reparación civil en favor del Estado.

La crisis de aquel diciembre produjo casi medio centenar de muertos por la represión en las protestas por la detención de Castillo y en contra de quien tomó y continúa en el gobierno mando, la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte. También desnuda la “trampa” que presenta la propia constitución peruana, cuyas cláusulas dan lugar a que una mayoría eventual en el Congreso paralice literalmente las acciones de un presidente, como ocurrió con Castillo.