El 2024 fue un año difícil, realmente muy duro para las personas con discapacidad en Argentina. Está claro que desde hace ya mucho tiempo el sector la pasa mal en términos económicos, que el Estado ha garantizado poco el cumplimiento y el acompañamiento en materia de derechos establecidos por las convenciones internacionales y nuestra Constitución nacional. Se trata de personas que son invisibilizadas por el conjunto de la sociedad, pero a esta situación que desde hace años es un problema, en este 2024 se agregó algo más grave y es que el Gobierno nacional decidió estigmatizarlas y señalar que son parte del problema del déficit fiscal de la Argentina.
Desde la asunción de la nueva gestión, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) decidió poner en marcha una auditoría, de la que nadie discute su necesidad. El problema es que nunca planteó con transparencia cuál sería la metodología ni cuáles son los datos que arrojó esta revisión. Por notas periodísticas se van conociendo estadísticas sueltas, parciales, muchas veces contradictorias, pero siempre poco claras y muy estigmatizantes.
A esta auditoría, se agrega la subejecución presupuestaria que sufrió la Andis, que hasta octubre de este año se estimaba que llegaba a alrededor del 15%. Y el proyecto de Presupuesto 2025 -que el Gobierno envió al Congreso, pero luego decidió no elevar a votación en el recinto- previa una retracción del 40% en términos reales en los fondos destinados a las pensiones por invalidez con respecto a 2024. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señalaba que este recorte implicaría un recorte de alrededor de 200 mil pensiones. Además, en septiembre el Poder Ejecutivo firmó el DNU 843/2024, que determinó el endurecimiento de los requisitos para acceder a las pensiones. La nueva reglamentación empuja a las personas con discapacidad a trabajar en la informalidad, en condiciones laborales precarias y mal pagas, para no perder su acceso a la pensión. Con anterioridad, también se había limitado el acceso a la gratuidad del servicio eléctrico para las personas electrodependientes.
A este panorama se suma el “olvido” de las personas con discapacidad que conllevó el decreto de desregulación del transporte y que fue remediado sólo a medias por una cautelar presentada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Aún hoy sigue siendo muy dificultoso para las personas con discapacidad acceder a su boleto gratuito, pese a lo establecido por las normativas vigentes.
Desde la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados que presido hemos realizado diversas reuniones informativas con la presencia de federaciones, colegios profesionales y organizaciones del sector, para dar la voz y visibilizar las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad. También logramos dictámenes de mayorías con pedidos de informes a las autoridades nacionales y de proyectos de ley que establecen un nomenclador único de prestaciones básicas.
En diciembre, también presentamos el proyecto de ley marco sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una de las grandes deudas de nuestra democracia, ya que la normativa vigente fue establecida por la última dictadura militar en 1981. En 2008, el Estado adhirió a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, tomando el compromiso de sancionar una nueva ley, que aún está pendiente.
El proyecto propone la creación de la Asignación Universal por Discapacidad (AUD), para salir del paradigma de la pensión por invalidez. Por otro lado, genera un mecanismo que integra las prestaciones de salud, educación y trabajo. Es decir, no se trata sólo de garantizar medicamentos y prestaciones básicas de salud, sino también de brindar oportunidades educativas y de inserción en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad.
También dota a la ley de un carácter de orden público y obligatoriedad federal, incorpora la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad, el fomento del empleo en el sector público, privado y cooperativo, la promoción de la educación inclusiva y la creación de la figura de un asistente personal
Con consenso de distintos bloques parlamentarios, se trata de un proyecto que surge de abajo hacia arriba y que viene siendo elaborado desde hace mucho tiempo por las asociaciones que impulsan los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo es realizar reuniones informativas en los primeros meses de 2025 para reunir aportes de organizaciones sociales, fundaciones y federaciones.
En síntesis, fue un año duro, de mucho maltrato y estigmatización. El compromiso es trabajar desde la Cámara de Diputados para avanzar en una legislación que garantice los derechos y salde las deudas que tiene nuestro país con las personas con discapacidad.
