Ante una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 40% durante el primer semestre de este año, y la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el gobierno, el Consejo Superior de la UBA se reunió este miércoles y declaró por unanimidad la emergencia salarial tanto para docentes como para no docentes. La situación no es aislada: en las universidades nacional de todo el país peligra el inicio del segundo cuatrimestre a causa de la falta de acuerdo salarial con el gobierno.
La medida de fuerza fue propuesta en el marco del Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), donde se reunieron representantes de 21 gremios.
En el encuentro, volvieron a reclamar que el gobierno sigue sin dar respuesta a las demandas de los sindicatos y que continúa sin convocar la Paritaria Nacional Universitaria. Según definieron, “la situación se agrava día a día”.
En ese marco, planean convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.
Crisis y complicidades
“La crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6%”, informaron en un comunicado los gremios.
También apuntaron contra el sector político (liderado por la UCR con la Coalición Cívica y el peronismo «dialoguista») por negarse a debatir en el Congreso días atrás la emergencia presupuestaria de las universidades y el restablecimiento del FONID, lo que quedó pospuesto al menos hasta agosto.
Afirmaron en el documento: “Tras la sanción de la Ley Bases, con el avance del programa de desguace del Estado, desregulación de la economía y criminalización de la protesta, resulta cada vez más claro que el desfinanciamiento de la universidad pública y el empobrecimiento de sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes forma parte de la política de saqueo y disciplinamiento social que lleva adelante el gobierno de Milei, con la complicidad de los sectores que han apoyado la aprobación de esa norma mientras se niegan a debatir en el Congreso la emergencia presupuestaria de las universidades y el restablecimiento del FONID”.
La UBA, en emergencia salarial
La Universidad Nacional de Buenos Aires decidió este miércoles declarar la emergencia salarial. En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó su «preocupación por la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada, y respalda el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras nodocentes, de manera permanente”.
Además, señaló que “en lo que va del corriente año el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores ha registrado una pérdida real en torno al 40%”.
Por lo tanto, se dispuso “declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.
Desde el comienzo del presente año las representaciones gremiales docentes y nodocentes -APUBA y ADUBA- han venido llevado un reclamo constante sobre esta situación. El pasado 4 de julio se emitió un comunicado en conjunto entre las representaciones gremiales docentes y nodocentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina, marcando el alerta por «la crítica situación» que se está atravesando en materia salarial en todo el sistema universitario nacional.
El reclamo por la recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 23 de abril, tras lo cual el gobierno anunció un acuerdo con los rectores (especialmente con la UBA) pero que constó solo de un aumento presupuestario para los gastos de funcionamiento, que representan apenas el 10% de los gastos totales de las universidades. ¿El resto de los gastos qué serían? Precisamente, los salarios.
