Mientras se discute en comisiones de Diputados diferentes proyectos de ley que impulsan la baja de la edad de punibilidad por iniciativa del Gobierno nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una enérgica comunicación en defensa de los adolescentes en conflicto con la ley penal. “Somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad: solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años”, aseguró Javier Indart de Arza, médico y presidente de la SAP en un comunicado.
Las sanciones, reza el documento, deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos.
“Bregamos por instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral, de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social”, aseveró María Julieta Rosso, médica y presidenta de la subcomisión de Humanidades de la SAP.
Asimismo, expresaron que las niñeces y adolescencias que se encuentran dentro del sistema penal son victimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida. “Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos”, manifestó el comunicado.
Recomendaciones elaboradas por especialistas en pediatría
Desde la subcomisión de Humanidades de la SAP se elaboró un informe en el que se realizaron recomendaciones para el abordaje de adolescentes no punibles en conflicto con la ley penal. Entre ellas pueden mencionarse:
1. Diseñar un sistema donde el Estado esté presente de forma permanente para promover el desarrollo personal, educativo y social del niño.
2. Garantizar la protección de los derechos del niño, en todas sus etapas de desarrollo, dotándolo de las herramientas educativas, sociales y económicas para fortalecer su autonomía.
3. Visualizar la responsabilidad penal de un niño o adolescente teniendo en cuenta su realidad social, cultural y personal.
4. Fomentar la justicia restaurativa que consiste en evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima -si ésta así lo acepta- para reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta.
5. Promover actividades intramuros con alto contenido social para ayudar a la reinserción.
6. Actuar sobre la problemática integral de cada adolescente, incluyendo las variables familiares y otros actores sociales que constituyen -en la mayor parte de los casos- verdaderos determinantes de su conducta ilegal.
Pautas imprescindibles
La SAP considera como pautas imprescindibles para la elaboración de políticas:
● El respeto absoluto de sus derechos, contemplados en la Convención de los Derechos del Niño.
● La preservación y promoción de su salud física y mental.
● La continuidad y el refuerzo de su educación regular.
● La práctica de actividades sociales, creativas y recreativas para contribuir a su reinserción.
● Protegerlos de vínculos con adultos y grupos delictivos.
● Promover el reconocimiento de valores de convivencia social, observación de la ley y de los derechos de las personas.
● Facilitar el cumplimiento de toda intervención que promueva en el adolescente el refuerzo de su identidad como ciudadano.
● Fortalecer el valor intrínseco individual de todo ser viviente, independientemente de sus acciones buenas, malas o reprochables.
Acciones posibles para su reinserción social
Los especialistas bregaron por el despliegue de diferentes acciones que permitan la reinserción social de las niñeces y adolescencias en conflicto con la ley penal, entre las que pueden mencionarse la creación de establecimientos de acogida exclusivas para menores, seguras, limpias y saludables; realización de actividades sociales, creativas, recreativas y solidarias; atención pediátrica de calidad durante la internación; atención psicológica; articulación con el Ministerio de Salud para la implementación de programas de educación para la salud y mantenimiento o promoción de la educación regular, entre otras.
“Estamos convencidos de que no existen medidas que resuelvan el delito, ni medidas cortoplacistas que puedan abordar con profundidad y seriedad un problema tan complejo. La violencia en niños y adolescentes requiere de una política estatal amplia, completa y sostenible en el tiempo”, concluyó en el documento Omar Tacaco, expresidente de la SAP y actual presidente de la Subcomisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la misma institución.
