Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.
Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam. «
El CELS y la demanda contra Bayer en Alemania
Tal como anticipó Tiempo el domingo pasado, los representantes de las organizaciones de los cuatro países de Sudamérica que viajaron a Berlín para presentar la demanda contra Bayer, dueña de Monsanto, participaron de la Asamblea General de Accionistas que la empresa realiza todos los años. Allí denunciaron los graves efectos del modelo de agronegocios desplegado en el Cono Sur. Pidieron, además, que la firma atienda los reclamos y acceda a una mediación sobre las políticas de debida diligencia y sus obligaciones extraterritoriales que asegure un desarrollo sustentable y el respeto de los derechos humanos.
“En Argentina y en todo el Cono Sur, en 2023 los productos de la empresa Bayer-Monsanto continuaron profundizando el daño que generan en la calidad del ambiente y de la vida de las personas, especialmente de aquellas que viven en territorios cercanos a los cultivos transgénicos”, expresó a su turno la integrante del CELS, Luna Miguens.
“En la ciudad de Pergamino –continuó–, donde la empresa tiene la Estación Experimental Fontezuela, las fumigaciones en temporada de siembra se realizaban al lado de las casas, sin cuidados fundamentales como las distancias mínimas, o tener en consideración la dirección del viento hasta que una medida cautelar estableció una zona de amortiguación de 1000 metros. Esto generó graves problemas de salud en la población cercana a los cultivos. Los estudios médicos confirman la relación entre estos problemas de salud y la exposición a los plaguicidas encontrados. También está probado que los productos que generaron el daño eran de la empresa Bayer Monsanto”.
Millones de hectáreas protegidas
En los 55 Parques Nacionales de toda la Argentina, que significan unas 18.275. 722 hectáreas protegidas, trabajan en la actualidad unas 2200 personas, de las cuales cerca de 1200 son contratados con cláusula de renovación anual. Sin embargo, a partir del decreto presidencial 84/2023 esa renovación pasó a ser cada tres meses, sujeta a revisiones periódicas. En ese sentido, la Coordinación Nacional de Parques Nacionales de ATE alertó que “esa revisión de la cual no se conoce el procedimiento muy probablemente sirva como justificación para realizar miles de despidos”.
La sectorial agregó que el decreto “se da en un contexto de altísima inflación, con el mismo presupuesto asignado que en 2023, lo cual limita el normal desarrollo de tareas y responsabilidades propias de la institución”, y detalló que “Parques Nacionales aún está acéfalo y ello genera, entre otras irregularidades, que más de 30 agentes no se encuentren cobrando su sueldo desde el mes de enero”.
“La gestión estatal y federal de la Administración de Parques Nacionales (APN) es fundamental para la conservación del patrimonio natural y cultural de los argentinos y las argentinas”, concluyó.
