Con la voz agitada por el caminar apresurado, una trabajadora del Parque Nacional Los Glaciares cuenta ante la cámara de un celular que está yendo con su grupo a buscar a una persona accidentada. Y que lo hace sin tener contrato firmado, igual que el centenar de brigadistas que al mismo tiempo combate incendios forestales en Patagonia Norte. “Estamos trabajando sin contrato. Basta de vaciamiento en los Parques Nacionales, nos estamos quedando sin la gente que hace el laburo de cuidar nuestros parques”, reclama, sin detener la marcha.
El video circuló en las redes a fines de la primera semana del año. Al filo de la segunda, recién comenzaba la firma de esos contratos pero sólo por un trimestre, por lo que preocupa una nueva tanda de despidos con el próximo vencimiento, el 31 de marzo. En el camino quedaron 30 trabajadoras y trabajadores despedidos, sumados a las cien bajas del 2024.
Los fuegos sobre el Parque Nacional Nahuel Huapi dieron visibilidad al tema, pero no sólo está en juego la capacidad de los equipos para apagar incendios. “Para nosotros la conservación es lo más importante, para futuras generaciones. Todos somos conscientes de que si desguazan a los parques, a corto o mediano plazo no vamos a tener parques nacionales sino parques de diversiones”, graficó Natalia Duarte, trabajadora desde hace dos décadas y delegada de ATE en el Parque Nacional Iguazú, donde la última tanda de desvinculaciones dejó endeble al área de conservación: “va a haber cambios en relación al uso sustentable, va a faltar personal idóneo para los estudios que hacen que sea criteriosa la habilitación de lo que se haga en los parques”.
Parques Nacionales: orden y progreso
“Parques Nacionales: del populismo y la desidia al orden”, tituló el presidente de Parques, Cristian Larsen, a una columna de opinión en Infobae en mayo último. “Nuestro gran desafío es poner orden en el organismo. Sólo con orden, la conservación y el turismo sustentable son posibles”, insistió.
Prometió “generar un entorno propicio que atraiga inversiones privadas en turismo sustentable”. Menos Estado y más mercado, la premisa del gobierno de Javier Milei, también en los 39 parques, que son patrimonio natural protegido del país.
El nuevo paradigma implicó fuertes aumentos de precios en los accesos a los parques. Por caso, ingresar a Iguazú y Los Glaciares costaba 2500 pesos hasta los primeros meses de 2024, aumentó luego a 10.000 y en noviembre a quince mil. Además, en la zona de El Chaltén, comenzó a cobrarse el acampe en zonas que hasta ahora eran gratuitas.
La opinión de una trabajadora y delegada en contra de esa medida fue utilizada como argumento para no renovarle el contrato. “Me llamaron y me dijeron las palabras ‘antigestión’ y ‘anticobro’. Yo estoy en contra del cobro porque no me parece la mercantilización de la naturaleza, pero no hice nada para que el cobro no sucediera”, declaró Andrea Torres a este diario. Y denunció que el intendente de ese parque –Horacio Pelozo– aludió a sus publicaciones personales en redes sociales como motivo para justificar el despido.
Eloy López es guardaparques y lleva 26 años en el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy: “en el parque la violencia laboral se naturalizó. Como en todos los organismos. El no llamado a reuniones, no informar los dineros para gastar, gastar arbitrariamente, no respetar los planes operativos anuales para la ejecución de proyectos”. Y subrayó la política de subejecución presupuestaria que repercute en las economías locales de la región, no sólo al interior del parque.
López y Duarte coinciden en que se está apuntando a reducir las áreas de conservación y administración, claves para el funcionamiento y la sostenibilidad. El propio Larsen dijo a ElDiario.Ar que pretende que haya menos personal de escritorio y más guardaparques. Mientras, su gestión dejó trascender que buscan llevar el número de despidos a 600.
Contratos
“La conservación funciona con científicos, guardaparques, administrativos, brigadistas. El parque se sostiene por quienes gestionamos todo lo que tenga que ver con prestadores, concesiones, autorizaciones, entradas. Más allá del control y vigilancia de los guardaparques, está la parte administrativa que es la que compete a la mayoría de los que están siendo despedidos”, planteó Duarte.
En la Argentina hay 39 parques nacionales, que forman parte de las 73 áreas protegidas del país. En ellos trabajan unas 2000 personas en total. “Tanto brigadistas como profesionales estamos contratados. La mitad del personal, unas mil personas –especificó Marcelo Rojas, delegado de ATE en Bariloche, en el Parque Patagonia Norte-. Ahora hay una sensación de que esta oleada de despidos es una más entre otras que se van a venir. Hay mucho temor por los nuevos contratos con duración de tres meses”.
Los contratos anuales habían sido un logro en la larga lucha por mejores condiciones laborales. Se pedía el pase a planta permanente: se retrocedió a contratos trimestrales.
“Entendemos que tenemos que defender no solo nuestros puestos de trabajo y los derechos adquiridos, sino también las funciones y tareas que tiene Parques relacionadas a la conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural y cultural, al uso y disfrute sostenible de las áreas protegidas”, remarcó Rojas.
La ciencia, afuera
“En Parques Nacionales se encuentra en riesgo la aplicación de la política ambiental argentina legislada por el Congreso Nacional”, advirtieron mediante un comunicado quienes integran el área de Ciencia y Técnica dentro del organismo. Asumieron por concurso y, como excepción a la regla, pertenecen a la planta permanente. Pero Larsen ya avisó que va por ellos: “vamos a impulsar dejar sin efecto el agrupamiento científico técnico”.
Juan Herrero es ingeniero agrónomo e ingresó en 2022 al área científica, creada en ese momento como parte de un proyecto de descentralización que involucró a distintos organismos. “Ellos hablan de superposición de funciones con Conicet y otros organismos especializados, pero desconocen que la conservación y el desarrollo sustentable son tareas que tienen que tener una pata territorial de aplicación científica –señaló desde el Parque Nacional Traslasierra, en Córdoba–. Para que un brigadista pueda estar en frente de incendio hay un montón de aparato administrativo y técnico que lo hace posible. Hoy recortar la parte técnica y administrativa de Parques Nacionales es inmovilizar y quitar operatividad. No tiene mucho sentido en términos de ‘gerenciar un espacio’, para usar palabras de ellos”.
Y añadió: “Dicen que quieren aumentar la cantidad de ingresos por turismo, que la gente lo pueda disfrutar. Pero para que eso suceda hacen falta trabajadores”. «
Del Nahuel Huapi a Epuyén: tierra arrasada por las llamas
Pocos días después que el fuego arrasara más de tres mil hectáreas en el Parque Nacional Nahuel Huapi (que hoy ya llegan a casi 5000), la furia de las llamas destruyó más de 2500 en Epuyén, Chubut, en una zona de protección provincial. Hasta el final de la semana hubo unas 200 personas evacuadas y medio centenar de casas afectadas junto al SUM de una escuela, mientras la Justicia investigaba las causas del primer foco.
“Desde Parques Nacionales estamos colaborando con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para contener el fuego proteger a todos los vecinos de la zona y a la valiosa biodiversidad de la región”, expresó el presidente de la entidad, Cristian Larsen. En medio de la nueva oleada de despidos, anunció que ponía a disposición de Chubut el trabajo de brigadistas y personal técnico especializado para la emergencia.
En diciembre se decretó pasar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego de la órbita de la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad. El cambio fue cuestionado por ambientalistas como el abogado Enrique Viale, quien lo consideró “un retroceso enorme” y “en concordancia con la mirada negacionista de la cuestión climática y ecológica que tiene el Gobierno Nacional”.
Menos Estado, más humo
En agosto, durante un encuentro del empresariado turístico, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció cambios en las normas del sector. “Cualquiera podrá ser guía u operador turístico”, prometió. Las Asociaciones de Guías de Turismo se pronunciaron en contra. “Si se avanza con la desregulación, no solo se pondría en peligro la seguridad del turista, sino también la integridad de los recursos naturales que tanto nos esforzamos por proteger”, alertó Sandra Villar, presidenta de la Asociación de Guías Profesionales de Chubut.
El plan desregulador continúa. Cuando una emprendedora le pidió al presidente de Parques Nacionales, por redes sociales, que “derogue la exigencia de examen y pagar matrícula como guías de turismo en Lihué Calel”, el titular de la entidad respondió: “Estamos trabajando en una modificación a la reglamentación de prestadores turísticos. Lo que planteas es uno de los cambios a implementar”.
El tema forma parte del comunicado que difundieron trabajadores del área técnica: “Existen presiones para evitar la aplicación de las normas que promueven el bienestar comunitario, y para prevenir daños al ambiente y a la salud pública, particularmente al evaluar emprendimientos privados o prácticas de manejo vinculadas a la conservación de la biodiversidad y los bienes comunes”.
Negacionismo originario
Casi en paralelo con los incendios que arrasaron miles de hectáreas en el Parque Nahuel Huapi, la Administración Nacional celebró el desalojo “exitoso” en Parque Los Alerces. Fue tras un operativo imponente y mediático para sacar del lugar a una comunidad de origen mapuche que, cuando llegaron Patricia Bullrich y sus efectivos, ya no estaba allí. La gestión de Cristian Larsen ya había dejado clara su postura contra todo lo relacionado con los pueblos originarios. En junio trascendió la orden interna de no mencionar nada relacionado con festividades originarias en comunicados oficiales.
