Cataluña protagonizaba un paro general inédito en su historia reciente y cientos de miles de ciudadanos se manifestaban con cortes de ruta y concentraciones masivas en rechazo a la represión policial al referéndum de secesión unilateral del domingo último y que escandalizó a todo el mundo por la violencia desplegada por el gobierno nacional de Mariano Rajoy.

«Hoy es una jornada de protesta democrática, cívica y digna. No nos dejemos llevar por las provocaciones. El mundo lo ha visto: somos gente pacífica», fue el mensaje que el presidente catalán, Carles Puigdemont, envió vía Twitter al pueblo de Cataluña. 

Convocadas a paralizar esta región de 7,5 millones de habitantes por una plataforma de 44 entidades, que incluye localmente a las dos grandes organizaciones sindicales, UGT y CCOO, decenas de miles de personas se movilizaban en manifestaciones de estudiantes, de bomberos o de simples ciudadanos indignados.

Si la derecha española, encaramada detrás del Partido Popular, esperaba clausurar la posibilidad independentista con semejante expresión de brutalidad, el resultado es que, como recordaba hace algunas semanas el líder del Podemos Pablo Iglesias «Rajoy es una fábrica de independentistas».

Las carreteras estaban cortadas, la Sagrada Familia cerrada y el FC Barcelona no se entrenaba. Cientos de personas protestaban con banderas independentistas al grito de «¡Fuera las fuerzas de ocupación!» y «Las calles serán siempre nuestras!». Fuerzas de la Policía Nacional, que el domingo generaron escenas de violencia institucional inusitadas en los colegios donde los catalanes querían votar, vigilaban a las multitudes a corta distancia, parapetados en sus furgones. 

Un cordón de la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, y otro de los bomberos les separaban de los manifestantes que de repente irrumpían en un silencio sepulcral alzando las manos abiertas sobre sus cabezas en señal de rendición.

La imagen resulta así más contundente que mil palabras.

El lunes, unos 200 guardias civiles enviados en refuerzo a Cataluña tuvieron que abandonar el hotel donde se alojaban tras un tensa concentración nocturna frente al establecimiento, donde manifestantes les profirieron insultos y lanzaron botellas.

«Nada de esto hubiera sucedido si el gobierno (catalán) no se hubiera declarado en rebeldía contra la ley», aseveró a la prensa el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo.

La protesta, bautizada como «Paro de País», es inédita, ya que reúne a sindicatos de todo tipo, la patronal, las organizaciones independentistas, además del gobierno regional y algunos partidos políticos.

Un total de 46 rutas en toda Cataluña estaban cortadas, alguna de ellas por tractores de agricultores, mientras en la ciudad de Barcelona eran numerosos los puntos donde se realizaban protestas.

Desde las 11 hora local (las 6:00 en la Argentina), miles de ciudadanos se concentraban frente a los centros de votación, en su mayoría escuelas públicas, que fueron violentados por la Policía Nacional y la Guardia Civil española para evitar que los catalanes votaran en el referéndum del 1 de octubre, que había sido prohibido por la Justicia.

Frente al colegio Ramón Llull, en el barrio del Example barcelonés, donde se produjo una de las cargas policiales más fuertes, entre los manifestantes se encontraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras.

El grito de los manifestantes, tras haber consumado el desafío de votar en medio del caos y la represión, ha sido unánime: «Somos gente de paz».
En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo central español tiene preparadas todas las actuaciones para evitar que se siga «pisoteando» la libertad en Cataluña y para evitar los «comportamientos mafiosos» que cree que se están sucediendo.

En tanto, el vocero del PP en el Congreso, Rafael Henando, aseguró que la huelga general de este martes en Cataluña «no es laboral sino política, de corte nazi».

Asimismo, dijo que los partidos independentistas «ERC (Esquerra Republicana) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular) están deseando que haya muertos en Cataluña», al tiempo que instó a Puigdemont a parar la «confrontación civil» y convocar elecciones, en lugar de esconderse detrás de «turbas violentas».

Tras el referéndum que resultó favorable a la secesión, Puigdemont dijo que trasladaría el resultado al Parlamento catalán, que según la ley de la consulta elaborada por los propios independentistas, debe declarar la independencia en un plazo de 48 horas. En este escenario, el líder secesionista reclamó una «mediación internacional» para este conflicto, que se convirtió en la mayor amenaza a la estabilidad política de España en los últimos 40 años de democracia.