El gobierno porteño viene de sellar las dos principales paritarias del distrito.

Se trata de los acuerdos salariales para los trabajadores municipales y para los docentes porteños. La novedad, en ambos casos, es la reaparición de las cláusulas de actualización salarial por inflación conocidas como «gatillo» y que habían sido desterradas de todos los acuerdos salariales sellados en 2018 y reemplazadas por las denominadas cláusulas de «revisión» que habilitaban mesas de renegociación aunque no necesariamente atadas a la suba de precios.

Teniendo en cuenta que se trata del distrito gobernado por el PRO hace más de una década y que Horacio Rodríguez Larreta forma parte del círculo íntimo del presidente, la política podría estar anunciando toda una orientación oficial para el ciclo de paritarias 2019.

Es que, según los cálculos del CETyD-UNSAM basados en datos oficiales, aunque con una gran dispersión dependiendo el gremio, la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados registrados del sector privado durante 2018 llegó al 12%. Por eso, la mayoría de los sindicatos encaran el proceso de discusión salarial exigiendo una recomposición hacia atrás para recuperar esa pérdida.

Algo similar ocurrió en el ciclo paritario de 2017 cuando los sindicatos buscaron, de movida, recuperar la pérdida de 2016 que, en promedio, había llegado al 5%. En aquel entonces, con el propósito deliberado de clausurar ese reclamo y plasmar una suerte de «borrón y cuenta nueva», la cartera laboral promovió la inclusión de ese tipo de cláusulas de actualización automática.

En 2018, la política cambió y las mismas fueron desterradas de todos los acuerdos puesto que, para el gobierno, generaban «inflación por expectativas». La única excepción fueron los docentes neuquinos que, luego de una huelga de 44 días, lograron que se incorporara esa modalidad de actualización automática trimestral.

De extenderse este tipo de cláusulas en otros acuerdos estaríamos ante la consolidación de un «modus operandi» que consiste en alternar un año con pérdida de poder adquisitivo y el siguiente (que coincide con el año electoral), con un mecanismo capaz de consolidar esa pérdida.

El acuerdo salarial de los docentes no fue suscripto por los sindicatos mayoritarios de la Ciudad, UTE y Ademys, precisamente porque no considera una recomposición acorde a lo perdido durante el año 2018. Es que el aumento acumulado, que se fue otorgando a través de decisiones unilaterales de la ministra de educación Soledad Acuña, alcanzó un 35% mientras que la inflación durante todo el año llegó hasta el 47,6% pero escaló a 51,3% en la interanual de febrero.

La propuesta sólo contempla una compensación del 4% y un bono de $ 3500 por única vez (no recompone el salario) para el año que terminó y, a partir de allí, un incremento en cuotas del 23% con dos cláusulas de actualización pautadas para el 31 de mayo y el 31 de diciembre en el caso de que el Índice de Precios al Consumidor de la CABA supere los aumentos pautados.

Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys, explicó a Tiempo que, «lo rechazamos porque no se recupera lo perdido. Las cuotas se calculan sobre el salario de febrero, no como la inflación, que es mes a mes. Así deberían ser las cláusulas y no semestrales. Además, están formuladas en forma muy ambigua. Más tarde o más temprano se va a reeditar la lucha por la reapertura porque se impone ante la inflación creciente».

Una formulación similar a la del acuerdo docente es la que aceptaron los dirigentes del Sutecba para los municipales aunque con cuotas que llegan apenas al 19% habiendo resignado 13 puntos en 2018.

Fuentes de la Secretaría de Trabajo, sin embargo, desestimaron que se estuviera plasmando una tendencia de esa naturaleza: «Desconozco el detalle de esos acuerdos. La realidad es que las tres paritarias que se han cerrado hasta el día de hoy lo han hecho con cláusulas de revisión que habilitan una mesa. Se está trabajando en ese sentido».

La referencia es a los acuerdos de los empleados de entidades deportivas, los encargados de edificios y los empleados de mutuales que sellaron, en todos los casos incrementos según el 23% establecido en la Ley de Presupuesto