Cuando en noviembre asumió al frente de la cartera laboral, Kelly Olmos aseguró que «con alta inflación los salarios siempre van por detrás». El mensaje, bien leído, implicaba subordinar la evolución de los salarios a la política antiinflacionaria y alinear a las conducciones sindicales detrás de la orientación que promueve Sergio Massa desde el Palacio de Hacienda y es avalada por el Fondo Monetario.

Esa pretensión, ubicada en un 60% de aumento para todo el año, se plantea sobre la base de salarios hundidos. El Ministerio de Trabajo informó el viernes que el salario real de los trabajadores registrados cayó un 2,9% en 2022. El Indec calculó que, para noviembre de 2022, el retroceso interanual promedio del poder adquisitivo de todos los asalariados alcanzaba al 3,9%. En el caso de los no registrados, la caída era del 9,9%. Por su lado, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma señala una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados del 17,3% desde diciembre de 2016.

Rechazos inesperados

A pesar de esta realidad, ya hay acuerdos con el 60%. Roberto Fernández, titular de la estratégica Unión Tranviaria Automotor (UTA), accedió a un acuerdo salarial del 31% para el primer semestre de este año. El dirigente fue claro: «Tenemos que colaborar para bajar los costos y la inflación».

Los aceiteros no tomaron el mismo camino. La organización liderada por Daniel Yofra firmó un acuerdo con una suba del 41% entre enero y junio. Los visitadores médicos, liderados por el dirigente de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró, firmaron por un 92% anual.

Además, las revisiones en curso para el último tramo de la paritaria 2022-23 se están firmando, en general, por encima del 95%. Los empleados de despachantes de aduana podrían paralizar el puerto de Buenos Aires este miércoles en rechazo a una propuesta que lleva el incremento hasta el 92% para abril.

Ante este panorama, Olmos insistió: «Les pedimos que trabajemos todos juntos para una reducción de la nominalidad porque creemos que es factible poder reducir la inflación».

Pero la estrategia oficial cosechó el inesperado rechazo de uno de los dirigentes cegetistas más afines al gobierno. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, manifestó que «las paritarias son libres y soberanas de cada sector. La CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean la variante de ajuste».  Martínez lo dice con un ojo puesto en los pronósticos de las consultoras que publica todos los meses el Banco Central y que prevén una inflación del 97,6% para 2023.

El secretario de prensa de la CGT y titular del sindicato del seguro, Jorge Sola, señaló a este diario que «el 60% no lo tomamos como referencia porque los números que se previeron a principios de año, en los últimos diez años, nunca se cumplieron».

El jueves el gobierno logró un inesperado espaldarazo cuando Horacio Rodríguez Larreta acordó con el SUTECBA una suba del 60% para los municipales. Idéntico acuerdo firmó la Asociación de Médicos Municipales.

Sola, de la CGT, consideró que «a veces ponen una cifra y la revisan cada tres meses, capaz es un número para venderlo pero no para tenerlo como algo real. La inflación es alta pero lo más complejo es que es impredecible. No vamos a aceptar firmar a un año. La CGT no va a estar de acuerdo en aceptar un pacto de precios y salarios por esa pauta».

Desde la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky se mostró desconfiado pero, con ciertas condiciones, dispuesto a avanzar: «La idea sigue siendo que los salarios recuperen lo perdido. Si hay cláusulas de revisión y discutiendo un arranque que suponga una recuperación del salario varios puntos por arriba de la inflación, siempre que se den esas condiciones, no habría inconvenientes».

Héctor Amichetti, dirigente gráfico y de la Corriente Federal de los Trabajadores, se mostró más reacio y también puso condiciones. El dirigente señaló que «al gobierno le interesa marcar una pauta. Siempre hemos rechazado los techos y las pautas preestablecidas. Dependiendo del panorama inflacionario que tengamos en marzo veremos qué pedir. Mientras no haya un control real de la inflación habrá cláusulas de revisión. Si la inflación está en los niveles de ahora es imposible plantear como base un 60%».

El secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, recordó que el acuerdo que conquistaron con una fuerte huelga el año pasado logró imponer una cláusula de indexación automática y, por encima de eso, una suba adicional del 10% al final del período, que implica una recuperación real del salario. Crespo señaló a Tiempo que «luego de años de deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores lo único que corresponde son aumentos del salario real y, por lo tanto, por encima de la inflación. Las paritarias tienen que generar acuerdos que aseguren esta condición. El gobierno quiere poner un techo del 60% pero para nosotros la prioridad es mejorar las condiciones de una clase trabajadora que se encuentra al borde la pobreza», concluyó.  «

Crece el rechazo al pago de Ganancias

La suba en el piso salarial que queda alcanzado por el impuesto a las Ganancias, que comenzó a regir a partir del 1 de enero, fue del 78,83%. Quedó más de 16 puntos porcentuales detrás de la inflación anual y unos 14 detrás de la suba promedio de los salarios.

Por eso es de esperar que el gravamen alcance a un número creciente de trabajadores. Así, el reclamo comenzó a colarse entre las discusiones paritarias de varios gremios que, dentro de sus convenios, cuentan con categorías alcanzadas por ese impuesto.

Una veintena de sindicatos emitieron un comunicado en el que reclaman «Basta de parches». Allí señalan  que «los trabajadores pagamos porcentulamente más ganancias que nuestros empleadores» cuando «no obtenemos ganancias sino que las generamos».

Así lo expusieron los bancarios en su conflictiva negociación salarial en curso. A la vez, es uno de los puntos centrales del conflicto de los trabajadores portuarios de Puerto Deseado, cuyo sindicato, el de Guincheros, aseguró que «destruye y confisca el salario». En el mismo sentido se pronunció el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo: «Cada vez afecta a más trabajadores», dijo.