En su discurso para presentar el presupuesto 2025, Milei ratificó que va a vetar todo aquello que rompa el equilibrio fiscal para el déficit cero. Las universidades ya venían sufriendo graves pérdidas tanto para su funcionamiento como para los salarios de sus trabajadores y ahora no sólo el presidente frena la recomposición votada en el Congreso, sino que presenta un presupuesto que, en términos reales, es un recorte en regla. Los trabajadores denuncian que la caída del poder adquisitivo de sus ingresos este año ronda el 45%.

«El político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo plata en un bolsillo a la gente, para sacarle el doble por el otro. Por esto vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso; y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal», sentenció Javier Gerardo Milei en su presentación del presupuesto.

La ley que vetará el presidente establece una indexación de salarios, de acuerdo al IPC, desde diciembre de 2023 hasta la fecha en que se votó la ley, más una nueva indexación desde la votación de la misma hasta finales de 2024, que no es más que una recuperación parcial del salario que ya venía golpeado con los gobiernos anteriores.

Además, plantea un ajuste de los gastos de las universidades de enero hasta diciembre de 2024, según el IPC, que la oficina de presupuesto del Congreso estimó que representará un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI. Una insignificancia si se compara con la reforma del impuesto sobre bienes personales, en la que de Estado dejó de recaudar un 0,41% del PBI de los sectores más ricos de la sociedad.

El presupuesto que La Libertad Avanza para Educación y Cultura, plantea un incremento cercano al 40%, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo en términos reales. En el artículo 27°, se pide la suspensión de artículos de las leyes 26.206, de Educación Nacional; la 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia; la 26.058, de Educación Técnico Profesional, y la 27.565 del Fondo Nacional de Defensa bajo el amparo de la emergencia pública dictada dentro de la Ley Bases, que le otorga a Milei poderes extraordinarios. Estas leyes obligan al gobierno a invertir el 6% del PBI para el sistema de educación nacional, o a incrementar progresivamente el gasto en ciencia y tecnología, y en Defensa Nacional. Comprar aviones viejos a Dinamarca está bien, invertir acá está mal.

En cuanto a las universidades, el presupuesto para ellas establece un aumento del 28%, un recorte si se considera incluso las voluntaristas proyecciones del gobierno de un 104% de inflación para este año y un 18,3% para el año que viene y se toma en cuenta que en realidad se realiza sobre lo presupuestado (a la baja) para 2023.

En el artículo 17, el presupuesto autoriza un gasto total para universidades nacionales de 3.8 billones de pesos, e indica que «deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO [sic] la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto» y que ese ministerio «podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma». Eso va en contra de la autonomía universitaria tal como figura en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución.

La autonomía significa que las universidades se autogobiernan, eligen a sus propias autoridades sin injerencia del poder político, para que no haya cambios arbitrarios en su funcionamiento. Por eso, de acuerdo con la Ley N.º 24.521 las auditorias las hacen las propias casas de estudio que, a su vez, en ciertos casos, se la pasan a la Auditoría General de la Nación (AGN), con acuerdo del Congreso nacional.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había calculado que para poder pagar los salarios y los gastos de funcionamiento en 2025 se iban a necesitar 7.2 billones de pesos. Los gremios universitarios, sector que han perdido un 45% de poder adquisitivo en lo que va del año, ya anuncian nuevas movilizaciones y se podría repetir la imagen de la enorme movilización del 23 de abril pasado, dado que Milei da la mitad del dinero necesario, va a vetar la ley de financiamiento que actualiza el presupuesto para este año y suspende la ley que obliga al gobierno a otorgar un 6% del PBI para financiar la Educación.

Mientras tanto, a la SIDE le aumenta un 94%, pasando la asignación de $101.816 millones actuales, a $197.238 millones para el año que viene. Sin duda, para el típico gobierno autoritario, es prioridad mantener a sus ciudadanos vigilados, antes que educados.