El gobierno de Maximiliano Pullaro promulgó la reforma a la Ley Previsional de Santa Fe el viernes, un día después de su aprobación en la Cámara de Diputados provincial mientras la policía reprimía una multitudinaria movilización de empleados estatales, docentes y trabajadores de la salud, entre otros. La votación de la norma estuvo plagada de irregularidades que serán denunciadas ante la Justicia local tanto por asociaciones sindicales como partidarias.

La reforma tiene el aval de las fuerzas políticas provinciales que acompañan al gobierno nacional en su cruzada contra el mínimo aumento de las jubilaciones. En la Casa Rosada avalaron el cambio y hasta señalaron que Pullaro siguió los lineamientos del Pacto de Mayo, que plantea reformas con el objetivo de lograr la “sostenibilidad del sistema”.

A través del ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, el gobierno local expresó su posición. Esta norma, dijo, es “muy valiosa, porque baja el déficit de la Caja de Jubilaciones de empleados y funcionarios públicos de la provincia, termina con los privilegios y beneficia a todos los actores, tanto activos como pasivos, porque salva la Caja y le da sustentabilidad en el tiempo”.

“La Caja de Jubilaciones estaba en circunstancias y condiciones inviables, había entrado en una espiralización del déficit, había perdido sustentabilidad e inevitablemente iba camino a ser transferida a la Anses, porque era imposible sostener en el tiempo”, explicó.

Quién paga

Sin embargo, un repaso de la nueva ley indica que el salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe recae sobre las espaldas de los sectores asalariados de la provincia, activos y pasivos, y no toca en nada los intereses de otros segmentos sociales, especialmente los más pudientes y las grandes corporaciones.

La norma declara la emergencia previsional por dos años, con la posibilidad de prorrogarla por un año más, y reforma el régimen de jubilaciones provincial. Tanto los trabajadores como los pasivos deberán aportar más en concepto de “aporte solidario” para salvar el déficit de la Caja. Y queda abierta la posibilidad de que el Ejecutivo provincial eleve la edad para acceder a la jubilación, si así lo determina la Nación.

Además, recorta la posibilidad de jubilarse con el 82% móvil de los salarios vigentes según la categoría de cada agente. A la vez, la ley elimina el traslado automático de los aumentos acordados con los activos a los pasivos, que se —de ahora en más— se abonarán recién a los 60 días.

Detalles

La nueva ley previsional aumenta el descuento previsional que se hace sobre los salarios de los trabajadores en actividad y los haberes de los jubilados y pensionados santafesinos.

A los empleados públicos se les incrementa el descuento jubilatorio que ahora irá desde un piso del 15,5% para el caso de los agentes provinciales con un ingreso equivalente al Nivel 1 del escalafón provincial, hasta el 21% para quienes reciban salarios que sumen 11 del Nivel 1 o más.

 En relación con los actuales jubilados y pensionados y los que se sumen en el futuro, se les descontará todos los meses un aporte solidario para el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones, que variará según el nivel de ingresos. Sólo quedarán exentas las personas que cobren menos de tres jubilaciones mínimas, piso que actualmente está en $ 1.125.000 por mes (la jubilación mínima es de $ 375.000).

El gobierno agitó el déficit de la Caja como argumento para el ajuste, pero no hay certeza sobre ese agujero que, para algunos, es inferior al 5% del presupuesto local. «