El nivel de hipocresía que sobrevuela el Senado escaló a niveles pocas veces presenciados en el recinto de la Cámara Alta cuando el senador salteño Rodolfo Urtubey pretendió zanjar diferencias entre distintos tipos de violaciones –mientras se explayaba sobre las causales de aborto ya admitidas por la ley vigente–, asegurando que “en los casos de abuso intrafamiliar no hay violencia” y que “no es la violación clásica”.

El hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey exponía sus argumentos para oponerse al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con expresiones como ésta: “No coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causas porque es una expresión de derecho absoluto y no creo que una sociedad civilizada pueda sostenerse en la existencia de un derecho absoluto».

Pero más tarde, revisando las causales hoy vigentes en el Código Penal, se refirió a la violación. “Hay que avanzar en una modificación del Código Penal por un lado, y una implementación seria, responsable, del aborto causado. Nos tenemos que poner a discutir cuáles son las causas, cuál es el límite, a qué se refiere, qué es el peligro a la vida. La violación está clara en su formulación, aunque habría que ver algunos casos, porque hay algunos casos en los que la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer”, dijo. Y completó: “En los casos de abuso intrafamiliar no hay violencia, pero no se puede hablar de consentimiento. No es la violación clásica”.

Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación, en Salta se producen 17 muertes maternas al año, y 3529 egresos hospitalarios por complicaciones de abortos realizados en condiciones de clandestinidad.

El 22,3% de los embarazos en la provincia de Rodolfo Urtubey se producen en adolescentes, y el 77,1% de esos embarazos no son buscados. No hay, desde luego, cifras oficiales, cuántos se deben a violaciones y cuántos a violaciones intrafamiliares, objeto de las medievales disquisiciones del senador durante su exposición en el recinto.

En noviembre de 2017, se conoció en Salta el caso de una adolescente de 15 años que llegó al servicio de salud con una fuerte hemorragia, como consecuencia de haberse realizado un aborto con un palo. Cursaba un embarazo de 12 semanas de gestación. En mayo de este año, una niña de 10 años, violada y embarazada, recién pudo acceder al sistema de salud pública para practicarse un aborto legal cuando llevaba 21 semanas de gestación.

En junio pasado, y mientras se debatía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en Diputados, se conoció el caso de una joven de 20 años que murió como consecuencia de un aborto clandestino. Sólo entonces, Juan Manuel Urtubey se avino a que la provincia adhiera al protocolo de aborto no punible, algo a la que se había negado sistemáticamente durante años.

También Salta es la provincia donde se niega sistemáticamente a los alumnos y alumnas acceder a la Educación Sexual Integral, mientras durante años se impartió catecismo en las escuelas públicas como parte de los planes de estudio, enseñanza obligatoria que debió ser derogada en diciembre de 2017 tras un fallo de la Corte Suprema.