El director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra, se sumó a las críticas hacia el gobierno nacional tras el cierre intempestivo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. “Si el Estado se retira totalmente de los barrios populares y si las organizaciones de la sociedad civil sea Techo, Cáritas o cualquier otra se, lo que crece es el narco”, analizó. 

Este martes, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 70/2025 por el cual el organismo que dependía del ministerio de Economía, quedó disuelto y pasó a la órbita de las provincias y los municipios. 

“La presencia estatal y comunitaria, inteligente, eficiente, cuidada, transparente, es muy importante que esté presente en Argentina”, describió el ex presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Pasaron Cosas, en Radio Con Vos.

El especialista indicó que si se busca tener políticas serias de viviendas similares a las de Europa o Estados Unidos, su implementación tiene que contar con “cuatro componentes”: una macroeconomía ordenada e inflación baja; un mercado hipotecario importante; crédito subsidiado para familias de clase media; y que haya líneas muy importantes de inversión para sectores populares. 

“Sin esas cuatro patas no hay política de vivienda y tanto este gobierno como los anteriores no la tuvieron”, especificó Maquieyra, quien añadió: “Hay un millón de familias viviendo en barrios populares en Argentina, ahí no hay manera de que el mercado por sí solo pueda resolver los problemas”. Además, el exfuncionario de CABA manifestó que el crédito solo es accesible para la clase media-alta y alta. “El otro 85% queda fuera de cualquier tipo de posibilidad de acceso a la vivienda”, concluyó.

El presidente de Techo también se refirió al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), “que se creó en 2018 y permitía financiar estas obras. Hoy está desfinanciado, aunque no fue eliminado en esta resolución. El FISU, en conjunto con provincias, intendentes y organizaciones de la sociedad civil ejecutaba obras en barrios populares, cloacas, de conexiones domiciliarias, de servicios, en muchos casos de mejoramiento de las viviendas, que es lo que más se necesita”.

A puro decreto

Con la eliminación de la secretaría, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. En este contexto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de «gestionar la finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda»; «coordinar con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el relevamiento de suelos vacantes o disponibles» y «celebrar convenios con gobiernos provinciales, municipales y entidades privadas para finalizar y transferir proyectos de vivienda».

En noviembre del año pasado, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012, mediante el decreto 1018/2024. En la práctica, el gobierno igualmente no se estaba haciendo cargo de las obras de vivienda. A mitad de octubre, un informe de CEPA reflejaba que «las obras en educación (-98%) y vivienda (-93%) están prácticamente paralizadas».