Por presión de la Iglesia y resistencias dentro de su propio gabinete, la gobernadora María Eugenia Vidal dio marcha atrás con la aplicación del nuevo protocolo nacional de aborto no punible al que había adherido hace una semana por resolución del Ministerio de Salud.
La mandataria dijo hoy en declaraciones televisivas que la Provincia ya cuenta con un protocolo que representa estrictamente lo fijado por la Corte Suprema de Justicia, en referencia al que rige desde 2012 y que no se cumple en los hospitales bonaerenses. Desautorizó así la resolución 2095 firmada la semana pasada por la ministra de Salud, Zulma Ortiz, en la que Buenos Aires adhería al nuevo protocolo nacional elaborado en abril de 2015.
La adhesión a este protocolo había sido anunciada el martes pasado a través de un comunicado del Ministerio de Salud. En ese texto se explicaba que la medida significaba una actualización de los estándares médicos, éticos y legales y que facilitaba el acceso al aborto legal en los casos en que esté en riesgo la salud o la vida de la mujer o cuando el embarazo haya sido producto de una violación, tal como establece el artículo 86 del Código Penal y en línea con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L de 2012.
Vidal resolvió, sin embargo, que no entrará en vigencia y ordenó no publicar la resolución 2095 de la ministra Ortiz en el Boletín Oficial. ¿El motivo? La presión de la Iglesia y las resistencias hacia adentro de su propio gabinete y, en especial, según trascendió, del secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand, y del ministro de Producción, Joaquín De la Torre.
En tren de justificar la marcha atrás, la Gobernadora agregó hoy que es necesario darle intervención al área de Niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia, y a la justicia para evitar la judicialización de los abortos encuadrados en circunstancias no punibles. Mientras esas tres áreas intervienen, el protocolo está vigente. Un director de un hospital público está obligado a aplicar ese protocolo de acuerdo a esa norma, cerró en referencia al de 2012.
La contramarcha recibió críticas de todos los sectores. Desde el FpV, la senadora Mónica Macha presentó hoy en el Senado un proyecto para adherir por ley al protocolo. Si la gobernadora no quiere adherir al protocolo de abortos no punibles, vamos a tenerlo en la provincia a través de una ley, afirmó la legisladora.
Macha sostuvo que Vidal no puede seguir especulando con la vida de las mujeres. El gobierno bonaerense es conservador, reaccionario y clasista. Cercena la autonomía de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y además va contra un protocolo legal que cuenta con reconocimiento internacional. El aborto no punible contra el que va la gobernadora está reservado a situaciones puntuales.
La no adhesión al protocolo de abortos no punibles es una definición política que demuestra que la presencia de una mujer como gobernadora no asegura las lucha por nuestros derechos sino que por el contrario, en este caso, estamos frente a una mujer que va deliberadamente contra los derechos de todas nosotras. Vidal gobierna con la cultura del patriarcado, concluyó la senadora kirchnerista.