En medio del reclamo de organizaciones y la oposición para que se declare la emergencia alimentaria, se agrava la situación de uno de los grupos más críticos: el de los jubilados. No sólo quedaron afuera de los exiguos beneficios anunciados por el gobierno tras la devaluación post PASO, sino que además deben lidiar con el defectuoso servicio brindado por el PAMI. En las últimas horas anunciaron suspensiones de prestaciones en Chaco, y 200 laboratorios clínicos privados de la Ciudad de Buenos Aires le exigen al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados una actualización de los valores que les paga el Estado por los servicios. De lo contrario, peligra la realización de estudios de los abuelos.
En la provincia del Chaco, el PAMI suspendió prestaciones médica e internaciones. Así lo denuncian jubilados y médicos. La red de prestadores de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (Aclysa) sufre una deuda de 800 millones de pesos por parte del organismo oficial, confirmada el 23 de agosto por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia a favor de los prestadores chaqueños y en contra del PAMI. El corte en la atención de las clínicas de Aclysa para el 60% de los 94 mil jubilados nacionales que hay en Chaco, hizo que la demanda recayera en los hospitales públicos. A fines de agosto el director del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, Raúl Alfredo Medina, alertó sobre el colapso de ese centro de salud. Toribio Navarro, de la filial chaqueña de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Argentina, denunció que al menos tres abuelos fallecieron desde el 1º de julio por no conseguir camas ni en las clínicas de la red alternativa ofrecida por PAMI, ni en los hospitales públicos. Y advirtió que si en los próximos diez días no reciben respuesta al pedido de informes remitido a Buenos Aires, seguirán el reclamo de la atención a los afiliados por vía judicial: “La situación es muy grave. Una señora de Ciervo Petiso recibió la ambulancia con dos horas de demora; ni siquiera tenía una camilla así que la acomodaron en el piso; falleció al llegar a un conocido sanatorio de Resistencia, porque en su zona no había camas ni en los privados ni en los hospitales”.
“Estamos prácticamente sin cobertura, con prestaciones deficitarias. No tenemos internación, los abuelos deambulan de un lado para el otro”, expresó Hilda Santillán, consejera federal de PAMI. Y acotó: “Únicamente en Roque Sáenz Peña, la segunda localidad más grande del Chaco, donde convergen 20 mil afiliados, únicamente hay dos sanatorios, con 16 camas de terapia”.
A esta situación en el interior, se agrega la deficiencia en los servicios en la Capital Federal. Al menos 200 laboratorios de análisis clínicos privados de la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los que existen actualmente, corren riesgo de cierre y reclamaron a las empresas de medicina prepaga y al PAMI la actualización del pago de los aranceles debido al incremento del 20% del valor en insumos y reactivos importados.
«Si PAMI y las prepagas no actualizan los aranceles de los servicios que prestan los bioquímicos, cerca de 200 laboratorios de análisis clínicos privados de la Ciudad van a cerrar en menos de un mes», advirtió Claudio Ucchino, director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos porteño (OFYBCF), la entidad que agrupa a tres mil farmacéuticos y bioquímicos locales.
Según Ucchino, cerca de 2 mil familias que trabajan en 200 laboratorios clínicos familiares privados en Capital pueden verse afectados ante un posible cierre porque los insumos y reactivos son importados, y «hace un mes aumentaron un 20 por ciento».
“Es una más de las tantas problemáticas que tiene el PAMI. Son 200 laboratorios de CABA que piden que se les actualice los valores de las prestaciones porque no les alcanza, la mayoría de los insumos y equipamientos son importados –enfatizó el abogado previsionalista Christian D’Alessandro–. Ante esta falta de recomposición, ven peligrar su cierre, lo que provocará que el jubilado de Pami tenga que deambular por toda la ciudad para conseguir un laboratorio que atienda por la obra social para un análisis clínico. Por otro lado, los laboratorios no van a dar los resultados en forma tan urgente, porque al no tener las tiras reactivas o los insumos que usan para los análisis, se ven colapsados”.
«Cuando el Estado o la Superintendencia (de Servicios de Salud de la Nación) autoriza un aumento del 30% a las prepagas para los afiliados, solo se traslada un 3% para los análisis clínicos y los bioquímicos ya no lo pueden sostener más», agregó Ucchino.
El miércoles pasado, la presidenta de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), María Alejandra Arias, informó que el sector atraviesa «una grave situación económico-financiera que podría concluir en la suspensión del servicio en pocos días, si es que el Gobierno no da respuestas a reclamos concretos como, por ejemplo, que sus insumos dolarizados sean eximidos del Impuesto al Valor Agregado».
D’Alessandro completa que “a todo este combo se suma la deficiencia en los bolsones nutricionales de Probienestar de PAMI, donde se han restringido notablemente los productos de primera necesidad, con marcas de cuarta categoría, lo que termina siendo una entrega o expendio mal utilizado de recursos, porque si binen al jubilado le llega una bolsa que equivale a 400 pesos de mercadería, es tan ordinaria que termina siendo comida para el perro”.
