Cuatro países latinoamericanos salieron a respaldar a Argentina en el litigio por la expropiación de la petrolera YPF. Brasil, Ecuador, Uruguay y Chile intercedieron ante la justicia estadounidense a propósito del fallo que obliga al país a abonar U$S 16.000 millones por errores en el procedimiento de estatización.
La intervención se produjo a través de la figura jurídica de “amicus curiae”, que permite a terceros ajenos a la causa aportar argumentos y opiniones para clarificar el fondo de la cuestión. En este caso lo hicieron como países soberanos cuyas políticas pueden verse afectadas si se establecen precedentes como el de este juicio.
Las posiciones fueron expresadas en diferentes escritos presentados ante la Corte de Apelaciones del distrito de Manhattan. Allí se analiza la apelación del gobierno argentino al fallo dictado por la jueza Loretta Preska, a cargo del Distrito Sur de Manhattan, quien sentenció a Argentina a abonar una indemnización por no haber extendido a los accionistas minoritarios la oferta para comprar el 51% de las acciones que estaba en poder de la compañía española Repsol, en el año 2012.
El beneficiario del fallo es el estudio jurídico Burford Capital, que en su momento compró el derecho a litigio que había reservado el grupo Petersen, que tenía una fracción minoritaria de YPF cuando se produjo al estatización. La sanción es contra el gobierno argentino por su procedimiento y no afecta al patrimonio de la petrolera.
En líneas generales, los países aseguraron que el fallo de primera instancia de la jueza Preska es una interferencia en las políticas de un estado nacional. El diario británico Financial Times puntualizó que “las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras del país”.
Desde el punto de vista jurídico, lo que las presentaciones afirman es que se trata de un tribunal estadounidense que se entromete en asuntos domésticos, a partir de un caso originado en una empresa de otro país que se maneja por estatutos y leyes locales. Si se utiliza ese criterio, entienden, la Justicia estadounidense tendría poder para impugnar todo lo que haga cada uno de sus países en su propio ámbito.
El argumento que tomó la jueza Preska para declararse competente en el caso fue que YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York. Según el Financial Times, Chile y Ecuador advirtieron las atribuciones “cada vez mayores y más amplias” que se toman los tribunales estadounidenses y aseguraron que “podrían impactar en la participación de las grandes empresas de la región en la bolsa americana y también en el comercio bilateral”.
Ese fue también uno de los elementos principales que citó el gobierno argentino en su apelación al fallo de Preska. El escrito, presentado por el estudio Sullivan & Cromwell (que representa al gobierno argentino en este caso), planteó que se trata de “demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina”.
Sebastián Maril, analista que sigue de cerca el litigio, detalló que además de esos cuatro países, otras entidades se presentaron como “amicus curiae” con argumentos similares en favor de Argentina. Entre ellos, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI, conformada por diez provincias argentinas) y un grupo de abogados, entre ellos Eugenio Zaffaroni y Antonio Boggiano, ex integrantes de la Corte Suprema.
Maril también detalló que “los beneficiarios del fallo YPF solicitan audiencia con la jueza Preska porque Argentina está trabando el discovery de activos que podrían ser embargados”, aludiendo al proceso por el cual una de las partes en disputa pueda obtener información de la otra para facilitar el proceso. En particular, apuntan a acciones de YPF en manos de otros organismos del Estado, el swap con China y contratos de concesión para la exploración de recursos naturales (gas, petróleo y litio, entre otros), que podrían ser embargados hasta que Argentina cumpla la sentencia. La audiencia se realizaría el lunes 18 de este mes.
