Según un informe elaborado por las consultoras Economía & Energía (Ecen), que dirige Nicolás Arceo, y PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis y Cynthia Paz, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que agrupa a la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano) destinan al pago de los servicios de luz y gas la proporción más alta de sus ingresos de los últimos 30 años.

Para llegar a ese punto se suman una serie de factores. De un lado la escalada de tarifazos que aplica el gobierno de Javier Milei desde abril pasado y que continúan este mes y los próximos. Del otro, el marcado descenso del poder adquisitivo del salario, que medido en dólares está en su peor nivel desde 2004, mientras que las tarifas de los servicios públicos energéticos están fuertemente influidas por el valor del dólar, que dio un fuerte salto el último 12 de diciembre.

Los datos del informe ponen de relieve la magnitud del tarifazo que pretende llevar a cabo el gobierno de la ultraderecha. Esto porque de acuerdo con el estudio, el valor mensual promedio de las boletas de luz y gas equivale a un 5,1% del Ripte, que es una medición particular de salarios que hace la Secretaría de Trabajo y se emplea también para el cálculo de las subas de los alquileres.

Este nivel es la mitad de lo que el gobierno considera que debería ser la porción de los ingresos que cada hogar tendría que destinar al pago de estos servicios, su llamada “canasta energética”, que calculó en el 10%. Si se toma en cuenta que el análisis de Ecen y PxQ es por un salario, mientras que el gobierno habla de ingreso familiar, se observa que los tarifazos que pretenden imponer Javier Milei y su equipo son mucho mayores a lo realizado hasta la fecha.

La incidencia actual del gasto energético varía según en qué segmento de consumo se encuentra el hogar. En los ubicados en el nivel 1 (el de mayores ingresos según la segmentación establecida el año pasado y que tiene el menor porcentaje de subsidios), las boletas de luz y gas representan en promedio un 6,4% del ingreso medido por el Ripte. En marzo, ese porcentaje era del 4,1 por ciento.

En el caso de los otros dos niveles de consumo, las relaciones son diferentes: en el nivel 3 (ingresos medios), alcanza al 4,8%. Tres meses atrás estaba en 1,5% del Ripte. Y en el nivel 2 (sectores vulnerables), se encuentra en el 4,1%, esto por la incidencia de los subsidios, que son los mayores, pero en marzo era del 1,5%.

“Si se toma solo el gasto destinado a afrontar una factura promedio de gas natural puede verse que el 3,1% actual con respecto al Ripte constituye el porcentaje más alto de toda la serie histórica, superando al período que va de enero de 2018 a diciembre de 2019 cuando promedió un 2,7%, con un pico cercano al actual a fines de 2018”, indicó el informe.

Tarifazos en lista de espera

El peso de las tarifas de luz y gas en los ingresos podría ser mayor aun de no ser que el gobierno decidió poner un freno a los tarifazos por su impacto directo en la inflación. Al buscar el golpe de efecto de una carestía desacelerándose, el gobierno privilegió la foto que derivó en un aumento del índice de precios al consumidor del 4,2% en mayo.

Este freno se aplicó luego de una fuerte suba de las tarifas de las distribuidoras y transportistas, tanto de energía eléctrica como de gas natural. “En los primeros meses del año los aumentos en energía eléctrica (febrero) y gas natural (abril) se concentraron en recomponer el valor agregado de distribución y transporte y, en menor medida, en elevar el precio de la energía abonado por la demanda. El aumento en el precio de la energía se concentró en los usuarios residenciales de altos ingresos y en los usuarios comerciales e industriales”, recordó el informe.

Luego, “si bien se anunciaron mecanismos de ajuste mensual” en las tarifas de transporte y distribución “en vistas a mantener los ingresos en términos reales, los mismos no han sido instrumentados hasta la fecha”, agregó.

Pero el congelamiento de los cuadros tarifarios en mayo fue seguido por una modificación en la política tarifaria, observó el trabajo, que indicó que los anuncios realizados por la Secretaría de Energía en los últimos días “implican un mayor nivel de subsidios para los usuarios residenciales de altos ingresos y los usuarios comerciales e industriales. A la vez, se realiza una significativa recomposición en el precio de la energía, tanto en energía eléctrica como en gas natural, abonado por los usuarios de ingresos medios y bajos”.

La modificación y actualización del esquema tarifario del servicio de gas de red y de electricidad podrían llegar a tener un impacto conjunto en el IPC de junio de entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales. «

Cronología

18-12-23: el gobierno decreta la “emergencia energética” (DNU 55/2023). Es la herramienta legal que emplea para aplicar los tarifazos. Con ese mismo DNU intervino los entes reguladores de la electricidad (ENRE, con jurisdicción en el AMBA) y gas (Enargas, nacional).
26-1-24: Audiencia pública por la tarifa de la electricidad en el AMBA (zonas cubiertas por Edenor y Edesur) en la que el gobierno anunció subas para todos los usuarios por la generación. El 29 de enero se llevó a cabo la audiencia para la adecuación de la tarifa de transporte de electricidad. Se eliminan los subsidios del nivel 1.
16-2-24: Comienzan a regir los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur con subas de entre el 65% y el 150%.
28-2-24: El gobierno impone más restricciones para poder acceder a la tarifa social.
1-4-24: Rigen los nuevos valores de la electricidad en el AMBA.