Con el triunfo del ala dialoguista del oficialismo, que logró con más sudor que lágrimas obtener dictamen para comenzar a tratar la Ley Bases este lunes en el Congreso, el gobierno nacional empieza a diagramar el próximo paso en su lista de tareas «refundacionales» y avanza el armado del Pacto de Mayo previsto para el 25 de ese mes.

La organización del evento está en manos de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Hace dos semanas, la hermana del presidente constituyó una reducida comitiva de colaboradores a quienes les encargó aterrizar en tierras mediterráneas y rastrear espacios acordes para albergar a más de una docena de gobernadores, además de legisladores y todo el gabinete nacional.

Los delegados volvieron a la ciudad con tres opciones. El Palacio de Justicia cordobés, ubicado en el centro de La Docta; el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos en las afueras de la ciudad; o la estancia La Paz, en Ascochinga, donde supo vacacionar el expresidente Julio Argentino Roca.

Para los colaboradores presidenciales, la condición sine qua non que debe tener el lugar es contar con una «impronta romana», que combine con la épica que buscan imprimirle a la batalla cultural que lleva adelante el gobierno. En este sentido, la decoración también tendrá un importante protagonismo, con banderas argentinas colgando desde el techo como principal atractivo.

A pesar de ser la provincia elegida para la firma, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no fue contactado para conocer los detalles logísticos del acto. «Nadie nos llamó ni para pedirnos alguna referencia. Todo lo está manejando la gente de Karina», confió a Tiempo un colaborador cercano del cordobés que, aunque entiende que el presidente tiene potestad en todo el territorio nacional por encima de cualquier mandatario, encuentra invasiva la idea de que el Ejecutivo no tienda líneas de contacto con los equipos de ceremonial y protocolo provincial.

La elección final de la sede está, en parte, atada al futuro de la votación de la Ley Bases. El evento, como el propio Javier Milei dio a conocer durante la apertura de sesiones en marzo, contará sólo con la presencia de aquellos gobernadores que aporten sus bancas para aprobar la ley refundacional que el oficialismo intentará tratar por segunda vez a partir de la próxima semana.

«No sabemos si vamos a invitar a todos», adelantó un cercano colaborador del presidente ante este medio, descartando por completo la posibilidad de una foto con los 24 caciques provinciales. A pesar de las ausencias, desde el oficialismo se muestran optimistas frente al acompañamiento desde el interior del país.

«Por más que se hagan los duros, los gobernadores necesitan la plata. Se les está poniendo duro en las provincias. Muchos ya se dieron cuenta de que si no acompañan, pierden», reflexionaron en un despacho en Balcarce 50, que apuesta todas sus fichas al acompañamiento que aseguraron gobernadores del Norte en las últimas semanas.

La concreción de los apoyos que obtuvo el gobierno tiene nombre y apellido. El ministro del Interior, Guillermo Francos, no sólo se puso al frente de las negociaciones con todos los bloques opositores no peronistas, sino que sacó a relucir su experiencia en el juego político y dejó expuesta la incapacidad de los «halcones» del gobierno para llevar adelante la gestión.

Aunque reniegan de esta calificación, este grupo, cuyos principales socios son Karina Milei, Santiago Caputo y el ministro de Economía Luis Caputo, demostró haber caído en un error táctico para un gobierno con apenas un puñado de bancas y sin gobernadores propios.

Desde el círculo del titular de la cartera de Interior, sin embargo, prefieren hablar de un «logro de todo el gobierno». La decisión tiene fundamentos. Todos los funcionarios que expusieron tener capacidad de diálogo con la oposición fueron relegados de la mesa chica de decisiones de gobierno. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, puede confirmarlo.

A pesar de llegar al lunes con una sesión maratónica en agenda, el ministro del Interior continuará con su gira conciliadora. Este martes viajará a Rosario para participar del encuentro de intendentes nacionales, donde la obra pública y el recorte de subsidios tendrán un lugar especial en el punteo de temas a discutir. Con poco más de 20 alcaldes confirmados, el ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo enviará una nueva muestra de escucha por parte del gobierno.

Antes de la firma del Pacto, el oficialismo tiene en agenda una última reunión con las provincias para acordar los puntos técnicos que incluye el decálogo. Aún sin fecha definida, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibirá a los ministros de Economía provinciales para terminar de diagramar en profundidad cada uno de los puntos del acuerdo que, tal como contó Tiempo hace dos semanas, representa la adhesión de las provincias a un «nuevo orden económico».

En este marco, a pesar de que desde el gobierno no pierden la esperanza de alcanzar la aprobación de la Ley Bases en ambas cámaras antes del 25 de mayo, un asesor confió que el Pacto de Mayo se firmará igual en la fecha estipulada, a pesar de que los tiempos parlamentarios no acompañen la voluntad del oficialismo. «Que venga el que quiera venir. Nosotros vamos a Córdoba a hacer historia», dijo envalentonado. «