Un grupo de organizaciones sociales que acompaña a pacientes y familiares presentó ante la Justicia un pedido de amparo colectivo para reclamar que se garantice el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE), que desde el cambio de gobierno dejó sin medicación a personas con cáncer y otras enfermedades graves. Esta semana se conoció el cuarto caso fatal de una paciente que había interrumpido su tratamiento oncológico porque el Estado dejó de suministrarle medicación.
El pedido de acción de amparo colectivo fue presentado este viernes ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 por la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a tiempo. Son algunas de las muchas organizaciones que vienen advirtiendo sobre las graves consecuencias de dejar sin medicación y tratamiento a pacientes con cáncer, con patologías poco frecuentes o con enfermedades crónicas.
Este jueves se conoció la muerte de María Teresa Troiano, una mujer que llevaba 16 años de tratamiento contra un cáncer. Dejó de recibir su medicación por parte de la Dadse en diciembre. Su tumor creció, la metástasis alcanzó el cerebro y falleció. Su marido, Eduardo Castaño, había intentado por todos los medios difundir la necesidad de que esa dependencia del Ministerio de Capital Humano –transferida luego a la cartera de Salud- diera respuestas. No ocurrió.
El próximo martes, habrá conferencia de prensa sobre el tema en el salón del bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de la Nación.
Violación de derechos
“Venimos a presentar una acción de amparo para tutelar derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos en relación a una misma causa fáctica homogénea, que constituyó el cierre o la suspensión del funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, con domicilio en Rivadavia 870 de esta Ciudad de Buenos Aires, lo que causó una violación del derecho a la salud y a la vida de una cantidad determinable de personas que requieren medicación o asistencia en su tratamiento médico y están esperando la resolución de sus expedientes”, plantearon las organizaciones en el documento elevado a la Justicia.
“El cierre o la suspensión del funcionamiento de la DADSE fue una decisión única del gobierno que dejó sin respuesta a una clase de personas que no tienen otro modo de conseguir las medicaciones que requieren. La DADSE es el último recurso que tienen pacientes oncológicos y de otras patologías, de bajo, medio y alto costo, que no tienen obra social ni otra cobertura médica, que no reciben ningún tipo de subsidio o transferencia económica (todos tienen certificado negativo de ANSES) y que tanto sus propias jurisdicciones u otros bancos de medicamentos les han dado una negativa a cubrir su medicación. La DADSE es el modo en que el gobierno federal cubre, de manera subsidiaria, las obligaciones básicas del derecho a la salud comprometido internacionalmente”, advirtieron las entidades denunciantes, para dar cuenta de la importancia de que se mantenga en pie esa área que constituye el último recurso para quienes deben acceder a medicamentos costosos o difíciles y están en situación de vulnerabilidad.
“Este amparo pretende que se garantice el funcionamiento de la DADSE, a través de la designación de autoridades, la sanción de un procedimiento eficaz y rápido para cotizar las compras, que implique que ningún expediente demore más de 60 días desde su presentación, y que se le garantice un presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento”, remarcaron.
Dadse paralizada
La Dadse que hoy tanto se nombra cuenta con 56 delegaciones, en 23 provincias. Para tener una referencia de su rol, en 2023 dispuso 22.500 entregas de medicamentos y 6.170 subsidios para insumos y medicamentos de alto costo.
“Desde la asunción de la nueva administración el 10 de diciembre de 2023, comenzó un proceso de paralización de la DADSE, no se eligieron nuevas autoridades, no hay ni Director ni Subdirector designado, ni tampoco se conformó un nuevo organigrama administrativo con la llegada de la nueva gestión. Como prueba de esto podemos mencionar un cartel que se colocó en la sede de la DADSE y decía ‘La Dadse permanece momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos’”, consta en la presentación judicial, a la que Tiempo tuvo acceso.
El documento menciona que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio cuenta de una revisión de la gestión anterior de esa dependencia donde se detectaron supuestas irregularidades. Justificó, así, la parálisis del organismo. “Sin embargo, la Ministra de Capital Humano no reemplazó este procedimiento por ningún proceso de compras ni contrataciones alternativo o superador, ni lo mantuvo transitoriamente, por lo que –en los hechos– se paralizaron las compras y adjudicaciones de subsidios”.
Tras su pase a Salud, tampoco se designaron autoridades específicas. “Frente a la presión mediática que ejercieron varios pacientes que esperan sus medicamentos, en una situación crítica, el Ministerio de Salud subió a la página web dos llamados a cotizar medicamentos, uno del 28 de febrero de 15 expedientes, y otro del 12 de marzo de 83 expedientes. En este segundo llamado se incluyeron también algunos expedientes que fueron judicializados (…) Sin embargo, más allá del tiempo que transcurrió desde el llamado a cotizar, lo cierto es que aún no se ha concluido el procedimiento. No se conoce tampoco qué procedimiento están utilizando, ni si este es eficaz para promover la amplia concurrencia, y la rapidez de la respuesta, o si, por el contrario, no se han podido cotizar los medicamentos o está en proceso de impugnación con una agilidad incompatible con la urgencia. Lamentablemente, aún siguen esperando respuestas todos los pacientes, aún aquellos con su expediente judicializado”.
En al menos uno de esos casos la Justicia le dio la razón a la paciente -Celeste Quintana, una joven con cáncer en el sistema linfático- y ordenó que el Estado le proveyera la medicación. Pero el Gobierno apeló. En tanto, también se realizó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Mario Russo, por «abandono de persona» en el caso de un paciente con colitis ulcerosa.
“Si a esto le sumamos que el presupuesto vigente no fue actualizado y que los precios de los medicamentos aumentaron más del 110% en los primeros dos meses del año, tememos por la continuidad de la asistencia”, alertaron las asociaciones y fundaciones que encararon el amparo colectivo. “Estos elementos son más que suficientes para que exista la amenaza cierta de que las prestaciones que brinda la DADSE se suspendan de forma permanente y con esto se produzca un daño irreparable a los derechos subjetivos de los pacientes que reciben las prestaciones de salud. Este daño, en este tipo de situaciones especiales que cubre la DADSE provocará justamente la muerte de los pacientes que no ven resueltos sus expedientes. Por ello se interpone este amparo colectivo, estructural, para que la Administración realice las reformas necesarias para que la DADSE cumpla su función en el sistema de protección de la salud, de acuerdo al esquema de protección vigente”.
Desde que comenzaron los reclamos hasta la presentación de este amparo se conocieron cuatro casos fatales de pacientes que dejaron de recibir su medicación. El primero fue Aldo Javier Pinto, salteño, de 45 años. Luego trascendió el fallecimiento de Camila Giménez, de 25 años, en Córdoba. La Fundación Solidaridad Cáncer informó también sobre la muerte de Alfredo González: “Falleció hace diez días, venía esperando su tratamiento desde la Dadse. Lo hacía como podía, por donaciones, pero la enfermedad avanzó. Y hay más casos”. El último que se difundió esta semana fue el de María Teresa Troiano, sin tratamiento desde diciembre tras luchar 16 años contra un cáncer.
“Los pacientes somos básicamente muy solidarios entre nosotros porque sabemos la desesperación de estar solos con algo así. En ALAPA (Alianza Argentina de Pacientes) tenemos más de 400 patologías, entre ellas cáncer. Estamos todos unidos y nos parece una locura total lo que está pasando. Desde el 10 de diciembre dejaron de entregar medicamentos. Fuimos a ver al ministro de Salud, nos mintió. Dijimos ‘hagan toda auditoría que quieran, pero entreguen las drogas’. Dijeron que se iba a regularizar rápido. Empezaron a mentir y entregar a algunas personas para hacer campaña, totalmente siniestro. Y la sensación que tenemos es que esta gente no es confiable en absoluto, no hablan como una institución. Sinceramente, estamos muy preocupados», dijo Florencia Braga Menéndez, referente de ALAPA, tras conocerse la muerte de Troiano.
Y agregó: “Un paciente no puede estar ocupándose de conseguir abogado. Hoy recibí cinco pedidos de abogados de personas que quieren reclamar sus tratamientos. Lo siniestro es que han logrado instalar la idea de que hay una suerte de moral incita en destrozar derechos humanos. Tenemos grandes convenciones de Derechos Humanos que avalan lo que estamos pidiendo. La Argentina tiene una historia de lucha de Derechos Humanos maravillosa y las convenciones son claras. Esto no es un invento o un capricho. Son conquistas que llevaron décadas y estamos viviendo un retroceso”.
