A menos de cuatro años de la reestructuración de su deuda, el gobierno argentino deberá comenzar a cancelar los títulos en dólares emitidos en 2020. Se trata de los GL30 y los AL30, emitidos bajo legislación de Nueva York y local respectivamente, cuya primera amortización está prevista para el martes 9 de julio. Por esa razón, el Ministerio de Economía comenzará esta semana los arreglos administrativos para poner los montos a disposición de sus tenedores.
El trámite requerirá un desembolso de U$S 1177 millones, de los cuales la parte mayoritaria corresponde a los títulos Global (U$S 634 millones, incluyendo una fracción de U$S 51 millones que se debe abonar en euros) y el resto (U$S 543 millones) a los que están bajo legislación local.
En paralelo habrá otro fuerte pago de divisas, equivalente a U$S 1375 millones (según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso), para cubrir los intereses semestrales de todas las series, entre las que también están las que tienen vencimiento en 2029, 2035, 2038, 2041 y 2046.
Desde el gobierno hicieron saber que ya cuentan con el dinero disponible gracias a la exitosa licitación de títulos de esta semana, que le permitió a la Secretaría de Finanzas recaudar $ 8,4 billones en Lecaps y un bono dollar-linked (de capital ajustable según la cotización de la divisa estadounidense). Con eso se cubrieron los papeles que vencían a fin de mes y quedó un excedente. “El producido de esta licitación, por encima de los vencimientos de $5,7 billones, será utilizado para comprar los dólares necesarios para pagar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera durante el mes de julio”, anunció Pablo Quirno, secretario del área.
Claro que los pagos deben hacerse en la moneda comprometida y para eso Hacienda le tendrá que comprar las divisas a un Banco Central que no dispone de gran cantidad. En junio, un mes de alta liquidación por la exportación de la cosecha gruesa, la entidad no pudo comprar dólares en el mercado abierto y terminó vendiendo U$S 84 millones.
Un poco de historia
Los bonos en cuestión surgieron del canje realizado por el gobierno de Alberto Fernández en 2020. Fue una gestión larga, tensa, con idas y vueltas, entre el entonces ministro Martín Guzmán y bonistas que se habían agrupado en consorcios con asesoramiento legal de estudios jurídicos del exterior.
El resultado de la negociación fue la emisión de nuevos bonos con una tasa “step-up” (creciente) y un plazo de cuatro años de gracia hasta el primer pago de capital. La apuesta era reducir la carga de intereses y ganar tiempo para que la estructura productiva generara divisas que facilitaran el acceso al mercado internacional de crédito a fin de repagar la deuda anterior.
Sin embargo, poco cambió desde entonces. Volver a emitir deuda (materia en la que el actual ministro Luis Caputo descolló durante su paso por el gobierno macrista) parece hoy una utopía: los inversores saben que para Argentina es difícil cumplir con los pagos en dólares.
El riesgo país demuestra las dudas del mercado: el indicador cerró el viernes en 1456 puntos, cifra similar a la que mostraban apenas finalizado el canje. El bono AL 30 cotiza solo al 55% de su paridad, lo que implica que los inversores los aceptan sólo porque la tasa de retorno prometida es de 25% anual.
Paredón de vencimientos
El pago de la semana entrante es el primero de un paredón de vencimientos para los próximos años que, si bien no es tan abrumador como el que se levantaba antes del canje, sigue siendo apremiante. Los bonos en circulación requerirán amortizaciones de unos U$S 5800 millones en 2025 y 2026, cifra que irá en ascenso en los años siguientes, según las proyecciones hechas por el FMI en su último staff report.
A ello se suman los pagos al organismo, que comenzarán con U$S 1100 millones en 2026, para escalar a luego U$S 4400 millones y U$S 6500 millones anuales. Sólo por esas dos obligaciones, los pagos en el lustro 2025-2029 insumirán U$S 54.000 millones.
Lo curioso es que el FMI cree que la vuelta a los mercados es posible. Uno de los criterios por los que el organismo prestó a la Argentina un monto superior al que permiten sus estatutos es que “el país tiene posibilidades de alcanzar o recuperar el acceso al mercado privado de capitales en un período de tiempo o en una escala que le permita afrontar sus obligaciones con el Fondo”.
Al respecto, en su última revisión, el staff del organismo sostuvo que la eventual sanción de la Ley Bases, lograda el último miércoles, dará mayor productividad al área de hidrocarburos y minería, lo que permitiría levantar el cepo. “Estos esfuerzos deberían permitir a Argentina recuperar gradualmente el acceso a mercado internacional de capital privado a partir de finales de 2025”, fue su opinión. Como se observa, los mercados y el FMI no piensan lo mismo. «
Más deuda del Tesoro
En una conferencia de prensa conjunta, el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunciaron una nueva etapa de política monetaria que acelerará el traspaso de los pasivos remunerados del BCRA al Tesoro. La medida se instrumentará a través de una Letra de Regulación Monetaria que reemplazará a los actuales pases y cuyos detalles serán discutidos con los bancos a partir de mañana. “Esto devuelve autonomía al Banco Central, porque puede fijar la tasa de interés sin preocuparse sobre los daños que puede causar sobre sus propios balances”, dijo Bausili. “Esa remuneración de pasivos va a terminar en más endeudamiento del Tesoro. Tiene que hacerse cargo de este equilibrio monetario”, agregó.
