En la misma semana dos hechos en apariencia lejanos como son el choque de trenes en la Ciudad de Buenos Aires y el abandono de cuatro cadáveres frente al hospital municipal de Bahía Blanca tienen, vistos más de cerca, un origen que los emparenta: el robo de cables. La profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país ha parido –entre tantas indeseadas consecuencias– el aumento de robo de materiales que contengan cobre como estrategia de supervivencia.
Un fenómeno sobre el que no existe una estadística policial a nivel centralizado (en todo el territorio nacional), aunque ya se conocieron al menos siete víctimas fatales. Las autoridades políticas (en connivencia con grandes medios) eligen poner el foco en la afectación de los ciudadanos por estos hechos –cortes de los servicios de luz e Internet, por ejemplo– y no en el riesgo de vida de quienes roban (en su gran mayoría varones jóvenes y pobres).
Basta pensar qué necesitada tiene que estar esa persona para arriesgarse a robar de esa manera. No pareciera ser un buen negocio la posibilidad de una muerte espantosa por maniobrar un cable de alta tensión a cambio de algunos pesos en la chatarrería. Otra vez hay que mirar de cerca: se convierte en bueno cuando es el único negocio posible.
«El problema del robo de cables es algo que venimos denunciando hace años, pero en los últimos meses se ha agravado y no hay mantenimiento», denunció el señalero Ezequiel Peirano en el programa Mejor país del mundo en Radio con vos. Ya habían pasado algunas horas de la conmoción por el choque de dos trenes (uno con pasajeros y otro solo con maquinistas) que dejó casi cien heridos en Palermo. A esa altura, Omar Maturano de La Fraternidad ya había declarado en todos los medios que hacía diez días que estaban trabajando sin señales porque se habían robado los cables y desde el Gobierno les decían que no había plata para reponerlos.
“Este tipo de delito se incrementó con las actuales políticas de ajuste. Muchas personas que tenían trabajos inestables o informales, por ejemplo, los ligados a la construcción, empezaron a quedarse sin esas changas que sostenían a sus familias y tuvieron que buscar alternativas de supervivencias”, explica el defensor público y especialista en Derecho Penal Francisco Broglia.
En Rosario, a principios de año, Ezequiel Curaba, de 21 años, sufrió quemaduras que le ulceraron el 90% del cuerpo al electrocutarse mientras intentaba robar cables subterráneos de un tendido de alta tensión. La agonía de Ezequiel, filmada desde la cámara de un celular, fue reproducida en las redes y en los medios provocando comentarios impiadosos, celebrando el escarmiento contra el delincuente.
“Lo que se ve en Rosario –agrega Broglia– es mucha gente en situación de calle dedicándose a la recolección y al cirujeo, ven la oportunidad de hacerse de estos materiales porque están en la calle y conocen los circuitos de recolección y de venta. Es la lógica del cazador que busca la oportunidad en actividades legales o ilegales para poder sobrevivir”.
Según datos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, desde el primero de enero hasta el 30 de abril de este año, se abrieron en la provincia unos 820 legajos de “robo de materiales no ferrosos”. Sin embargo, desde el organismo aclaran que “es bastante pobre la producción de datos estadísticos sobre esa problemática y no reflejan la realidad”.
Una fuente del Ministerio reflexiona: “Lo preocupante termina siendo el riesgo de quien roba, que quizás está tratando de conseguir algo para tener un mango a un riesgo muy alto. Es una muestra más de la crisis y del acceso para la venta de un elemento, que tampoco termina siendo muy fructuoso para los que venden, no genera tanta ganancia el valor del cobre en la chatarrería”.
Cables, crisis y suicidio
“Pensemos que en casa nosotros tenemos 220 voltios y los de la línea que tuvo el incidente es de 33.000 voltios. Cuando las empresas realizan mantenimientos el personal está capacitado, lleva una preparación importante, elementos de protección personal y protocolos para evitar accidentes. En el caso de personas que intentan cortar los cables para llevárselos, las medidas de seguridad son cero y lamentablemente las consecuencias son graves”, explicó el ingeniero eléctrico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Eduardo Guillermo, en diálogo con La Brújula 24.
Hacía alusión al caso de las cuatro personas que murieron electrocutadas durante la noche del lunes en Bahía Blanca. Las noticias en los grandes medios se quedaron con el hecho policial de la camioneta con los cuerpos frente al hospital. La razón social de la crisis queda invisibilizada. Guillermo agregó: “No se puede entender cómo alguien se anima a acercarse a una línea de distribución en esas condiciones, sin ningún tipo de defensa, es un suicidio”.
Presas fáciles en un contexto de mano dura
Las personas que se dedican a este tipo de delito son las más visibles, las más vulnerables, se vuelven presas fáciles del sistema penal. Como decía el sociólogo y criminólogo inglés Robert Reiner, son las «personas propiedad policial», «aquellas que están de algún modo siempre vinculadas al sistema penal de la peor manera», define el defensor Francisco Broglia, y aporta algo sobre el marco general: «Se da en el actual contexto de mano dura y de ciertos procesos de fragmentación social e individualización del sujeto, es decir, la ruptura de lazos comunitarios que se viene profundizando a partir de las políticas neoliberales. Hay, como dice Esteban Rodríguez Alzueta, una vecinocracia, un olfato social que promueve el olfato policial. Sin esa estigmatización de los vecinos hacía ciertas personas, la policía no actuaría de la manera en que lo hace sobre esos sujetos apuntados. Esta estigmatización se va retroalimentando, primero de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo”.
