Las asambleas, organizaciones y comunidades de los pueblos fumigados lanzaron un comunicado para repudiar los beneficios arancelarios respecto a los tres agrotóxicos de mayor uso en la agricultura extensiva en la Argentina – Glifosato, 2,4-D y Atrazina– porque “prioriza los intereses económicos agroindustriales en detrimento del derecho a la salud y a un ambiente sano de toda la población”.
“El Paquete del Veneno –comienza el comunicado– fue anunciado por el Ministro de Economía de la Nación Luis Caputo en las redes sociales y forma parte del derrotero de una política de Estado que no reconoce ninguna grieta ni se diferencia con las administraciones nacionales anteriores desde la imposición del modelo agroindustrial en la Argentina, en el año 1996”.
“Las víctimas de los Pueblos Fumigados de la Argentina que nos nucleamos en espacios colectivos comunitarios, redes y campañas de acción y articulación de modo horizontal y democrático y que venimos denunciando y visibilizando los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y en el ambiente desde hace más de 20 años, alertamos que la implementación del Paquete del Veneno importa un aumento exponencial de los riesgos que ya implica de modo relevante la liberación ambiental de los agrotóxicos”.
“A nivel nacional –continua el documento– sigue sin haber una legislación sobre presupuestos mínimos en relación a los agrotóxicos, lo que representa, por un lado, la violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, y por el otro, la habilitación impune al proceder del gobierno nacional actual para flexibilizar un sistema regulatorio de autorizaciones de formulados comerciales de agrotóxicos –a cargo del SENASA– que ya es abiertamente laxo al no exigirle a las empresas del agronegocio estudios respecto a los impactos sanitarios crónicos y sinérgicos, que de considerarse, no habilitarían el uso de gran parte de dichas sustancias”, y agrega: “El estado de situación en nuestro país en cuanto al uso de agrotóxicos es alarmante por donde se lo mire”.
El comunicado también adelanta que se impugnará judicialmente el Paquete de Veneno, «ya que en vez de flexibilizar las autorizaciones para la liberación de más agrotóxicos para beneficiar intereses económicos sectoriales, el Estado debe adoptar medidas urgentes e impostergables para reducir su uso y avanzar en las cancelaciones de gran parte de ellos, priorizando, en pos del bien común, las cuestiones sanitarias y ambientales que se relacionan con los daños que ocasiona un modelo de agricultura insostenible y ecocida».
“No hay que bajar los brazos”
A la par del rechazo y la impugnación judicial del Paquete del Veneno, las organizaciones firmantes del documento exigen, entre otros puntos, la “prohibición urgente de todos los agrotóxicos que fueron cancelados en la Unión Europea, lo que representa un delito penal de las autoridades del SENASA por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” y la “revisión de todos los principios activos y formulados comerciales de agrotóxicos autorizados en la Argentina, ordenando la prohibición de uso en el sistema de producción de alimentos de aquellas sustancias que actúan como agentes cancerígenos, disruptores endocrinos o genotóxicos”.
El abogado querellante de la causa histórica del Barrio Ituzaingó de Córdoba, Darío Ávila, detalló que “haremos el planteo judicial si se avanza con el anuncio de flexibilizar el sistema de aprobaciones de los agrotóxicos, que ya es absolutamente deficitario e inconstitucional y que precisamente en ese sentido teníamos preparada la acción. Este anuncio acelera el planteo que se va a realizar por varias víctimas de los pueblos fumigados que tienen agrotóxicos en sus cuerpos».
En tanto, el abogado de Pueblos Fumigados del Chaco, Pablo Fernández Barrios, expresó que la baja de los aranceles para los herbicidas «solo beneficia a los sectores más poderosos en detrimento de los Derechos Humanos de la población en general, mientras se práctica un ajuste salvaje sobre la educación, la salud, jubilados, la cultura, empleados estatales, también se privilegia al agronegocio, todo forma parte de un mismo combo, lo lamentable que se hace en nombre de la libertad”.
Para Erika Gebel de la Asamblea de Vecinos Envenenados con Glifosato en La Matanza, “era esperable de este Gobierno, que igual no se diferencia de los anteriores; durante los últimos diez años mi familia fue fumigada a 30 kilómetros del Obelisco», y aclara: «No hay que bajar los brazos. En La Matanza frenamos al agronegocio organizándonos, ese es el camino y hay que utilizar todas las herramientas, salir a la calle a reclamar por la salud de nuestras niñeces, de exigir ordenanzas y si es necesario ir a la justicia».
