La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó en la movilización de este miércoles hacia el Congreso Nacional junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA (MLPTCABA). Durante la protesta -que se realizó en el marco del paro general convocado por las tres centrales sindicales- los organismos expresaron el repudio al Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus que propone el actual presidente Javier Milei.

Además, durante los últimos días, la CPM presentó un documento ante el parlamento que señala en forma clara y precisa todas las reformas regresivas que pretende hacer el gobierno y que resultan contradictorias para el bien común de la sociedad.  

“Estuvimos activando en la marcha para expresar nuestro repudio hacia el DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno nacional”, aseguró Sandra Raggio, directora general de la CPM, a Tiempo. Siguió relatando que lo hicieron junto a CNPT y MLPTCABA, “con quienes formamos parte del dispositivo de monitoreo sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad durante la concentración y movilización”.

Monitoreo durante la protesta social

Los tres organismos de control y prevención armaron varios equipos que “estuvimos presentes en diferentes puntos de la Plaza del Congreso y calles de la zona”, contó la directora general. También vigilaron los retenes de acceso a la ciudad “para seguir de cerca el despliegue de las fuerzas de seguridad y reclamar por el respeto hacia los Derechos Humanos que hoy están bajo amenaza”.

Por suerte la multitudinaria marcha “se desarrolló con normalidad a lo largo de todo el día y no hemos registrado hechos de violencia institucional o brutalidad policial”, aseveró Raggio. Los ciento de miles de personas “que participaron en la manifestación produjo el corte de varias calles, por lo masiva que fue la protesta, no pudieron aplicar el protocolo antipiquetes de la ministra de seguridad Patricia Bullrich; que es totalmente inconstitucional”, denunció.

Actuación de las fuerzas de seguridad

Según el relevamiento de los equipos de trabajo formados por miembros de los tres organismos de Derechos Humanos, “las distintas policías respetaron -en términos generales- los protocolos y estándares internacionales vigentes para el uso de la fuerza pública”, admitió. 

Pero sí advirtió que “hubo algunas situaciones en las que observamos a policías sin identificación y vestidos como civiles, también autos sin identificación oficial y drones filmando a manifestantes en diferentes momentos de la protesta”.

Los equipos de monitoreos estuvieron formados por más de cincuenta personas, lo hicieron en el marco del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Así mismo, “en distintas provincias se pusieron en marcha dispositivos similares por parte de los mecanismos locales”, detalló la directora general.

Además, estuvieron presentes los referentes “de nuestro organismo María Sondereguer, Roberto Cipriano García y Guillermo Torremare junto a directores, subdirectores y trabajadores”, valoró Raggio. Por parte del Comité Nacional de Prevención de la Tortura “estuvo el comisionado Gustavo Palmieri; la directora Silvina Irrázabal; el secretario ejecutivo Alan Iud y Ezequiel Paulucci, quien coordinó los equipos del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA”, cerró.

Documento presentado en el parlamento

La Comisión Provincial por la Memoria durante los últimos días presentó un documento a los diputados y senadores nacionales. Se trata de un informe detallado sobre los alcances regresivos que contiene la Ley Ómnibus para la comunidad.

El mismo repasa los temas centrales que generan retrocesos en materia de derechos conquistados a través de años de lucha, como ser, “como la criminalización a la protesta social, la reforma a la Ley de Salud Mental, el régimen de niñeces, entre muchos otros puntos que plasmamos en el informe”, explicó a este diario Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM.

Hay una imposición dinámica “extorsiva para el debate en lo que propone Milei, es una lógica del todo o nada, propia de los regímenes autoritarios”, denunció el letrado. Continuó contando que “el documento está disponible para que los legisladores amplíen argumentos en el ámbito parlamentario y le den curso a la acción que cometimos”.

En el documento, “nosotros señalamos las duras restricciones de estas medidas hacia el derecho a la protesta social, también pretenden hacer una modificación que agrava penas a las figuras delictivas de atentado y resistencia a la autoridad y la ampliación de la legítima defensa para justificar que las fuerzas de seguridad comentan alevosamente hechos de gatillo fácil y otras brutalidades policiales”, advirtió el abogado.

También señalaron -en el escrito de sesenta páginas- cuáles son las importantes reformas “vinculadas a la Ley de Salud Mental, de niñeces, sociedades comerciales y distintos organismos de control, cuyos cambios pretenden limitar derechos y garantías constitucionales de toda la ciudadanía”, remarcó el secretario ejecutivo.

El debilitamiento de los controles estatales que propone el actual gobierno “favorecerá al desarrollo de organizaciones criminales complejas vinculadas al narcotráfico y el delito en términos generales”, denunció García. Continuó advirtiendo que “por un lado las reformas anuncian la lucha contra el narcotráfico y, por el otro, se eliminan inspecciones sobre operatorias comerciales o societarias que le permitirán expandirse y crecer rápidamente”.

Sostienen que la crítica situación “que atraviesa nuestro país no justifica de ninguna manera esta avanzada contra las garantías y derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, Pactos y Tratados Internacionales a los que la Argentina adhirió hace varias décadas y que hoy tienen jerarquía constitucional”, apuntó el secretario ejecutivo.

La transformación que se impulsa desde el gobierno “promueve una serie de reformas estructurales a la Constitución Nacional, a centenares de Leyes Nacionales, incluyendo el nuevo Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Aduanero y también de instituciones públicas, con el fin de adaptar el país al paradigma y la perspectiva ideológica del libre mercado”, finalizó el abogado.