La agenda de la Cámara de Diputados de la oposición no dialoguista fue protagonizada este jueves por una audiencia pública convocada por legisladores de los bloques Unión por la Patria, Frente de Izquierda – Unidad y el Partido Socialista contra la creciente ola de despidos. Trabajadores de todos los sectores pidieron que se convoque a una gran movilización acompañada de un paro general.

En el edificio Anexo expusieron su situación laboral trabajadores del INTI, el Hospital Posadas, la Agencia Nacional de Discapacidad, los Sitios de Memoria, el INCAA, Aerolíneas Argentinas, FATE y otras empresas privadas. En el caso del Posadas, un grupo de médicos denunciaron despidos discriminatorios. “Lo que está en juego es la salud y los sectores más vulnerables. Además, apoyamos a los residentes que están en una jornada de paro por aumento salarial», señaló una médica del hospital.

En el caso de los trabajadores de la tercerizada aeronáutica GPS, informaron que fueron 150 los despidos y advirtieron que “la desregulación busca destruir Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera”. “Somos muchos los que queremos pelear en las calles contra este gobierno. Hace casi 5 meses venimos dando una pelea muy grande y nos unimos con distintos sectores”, dijo Ayelén Córdoba, de GPS Ezeiza, quien señaló que el gobierno de Javier Milei “es cruel, pero más cruel es la empresa que despidió a trabajadores con hijos con discapacidad”.

En tanto, Agustina Panizza, secretaria adjunta de ATE Capital, denunció “la realidad que les va a tocar atravesar a los 47 millones de argentinos como consecuencia que de esos despidos no van a tener sus derechos garantizados por el Estado”.

Panizza apuntó: “No conozco antecedentes de empleadores que declaren que van a destruir aquello que le toca gestionar porque esa es la realidad del presidente que vino a decir que es el ‘topo del Estado que viene a destruirlo’, sino que declara que no va a cumplir con sus obligaciones constitucionales como mandatario y va a incumplir con la responsabilidad en materia de derechos humanos y económicos sociales y culturales”.

“Los despidos que se llevan a cabo en el Estado Nacional no son aleatorios. El verdadero motivo tiene que ver con que no es posible llevar a delante la política que vino a implementar este Gobierno si no se elimina a los trabajadores de del Estado. Este gobierno viene a desmantelar las políticas de derechos humanos”, agregó.

Desde Anses, Carlos Ortega indicó que fueron 1300 los despedidos: “Una atrocidad porque es el 10% del organismo. Iniciamos los juicios correspondientes y hubo 20 restituciones. El Anses durante años pudimos incluir a millones de personas que fueron despedidos durante el menemismo. Como organismo de inclusión social y de beneficios a los argentinos, esto está dirigido sincronizadamente como el menemismo. Este gobierno quiere llegar a ese lugar de la gran estafa de la argentina. Esto es un déjà vu de los años noventa”.

En tanto, sobre la Secretaría de Derechos Humanos comentó que “en las últimas semanas 82 personas se quedaron sin su empleo”. En ese sentido, añadió: “Estamos viviendo en incertidumbre porque sabemos que vienen más despidos de trabajadores que sostienen los espacios de memoria, a quienes asisten a personas que sufren violencia institucional, a personas con discapacidad, que saben del mantenimiento edilicio del patrimonio histórico”.

La prensa también expuso su situación a través de Alfonso de Villalobos de Sipreba, quien manifestó que “el gobierno se cargó a más de 360 compañeros que amenazados con preventivos de crisis inviables tuvieron que retirarse de la Agencia Télam, son 360 puestos menos de trabajo en el gremio de prensa, el gobierno logró también imponer a través de una resolución una agencia de publicidad y haciéndose de esta forma de un instrumento de domesticación de los medios a través de la publicidad oficial, algo que han hecho todos los gobiernos, pero este pretende reforzar y promover”.

Asimismo, agregó De Villalobos: “Vamos a exigir incremento de salarios y el reingreso de los trabajadores a sus fuentes de trabajo. Hay que terminar con este gobierno: son ellos o nosotros”.

En un contexto crítico, en materia laboral, generada por la pérdida incesante de puestos de trabajo, los diputados del FIT pidieron reflotar su proyecto de ley que establece declarar la emergencia ocupacional en todo el territorio nacional. En ese punto, prohibir por un período de 24 meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador en relación de dependencia.

Por otro lado, solicita la reincorporación inmediata del trabajador despedido y/o suspendido, en su puesto y condición normal y habitual de trabajo, en forma retroactiva al 1 de enero de 2024.