Este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inaugurará su nuevo protocolo anti piquete en la movilización organizada por movimientos sociales y sindicales en reclamo a las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional y en conmemoración a los 39 fallecidos durante el estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001.

Tal como anunció la propia titular de la cartera, la puesta en marcha de la Resolución 943/2023 se da para desalentar todo tipo de propuestas y manifestaciones en la vía pública que intervengan con la circulación con el objetivo de resguardar “derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas”.

En este marco, el gobierno nacional desplegó un inmenso operativo en puntos de accesos a la ciudad, estaciones de trenes y edificios estatales para intentar evitar que los manifestantes lleguen al punto de encuentro y concreten su marcha a Plaza de Mayo. 

Parte de las fuerzas están desplegadas en Puente Pueyrredón, principal acceso a la capital. La policía federal está dispuesta en la subida y bajada del Puente Pueyrredón desde la Av. Hipólito Yrigoyen, del lado de provincia, y en la subida al Puente de Río Cuarto y Herrera. En tanto, la Prefectura se ubica en la subida y bajada al Puente, Av. Mitre y en la bajada de Avenida Belgrano, ambas ubicaciones del lado de provincia. 

Los oficiales a cargo del operativo tendrán incorporado un sistema de vídeo corporal que permitirá obtener imágenes que ayuden a identificar a los manifestantes.

Asimismo, el Ministerio puso a disposición dos camiones hidrantes, dos grupos de combate, cuarenta agentes equipados con material antidisturbios, dos grupos de Grupos de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF), bomberos, diez agentes de la policía Científica, y cuatro agentes civiles que recorrerán el lugar y sus adyacencias para “mantener observación sobre la concentración de participantes de la protesta, informando las novedades”.

Además, contarán con la presencia de un fotógrafo encargado de registrar a todos los manifestantes. Este despliegue tendrá lugar en Puente Pueyrredón nuevo y viejo.

En las cabeceras ferroviarias del ramal Mitre, Belgrano Norte y San Martín, así como en los halls de las estaciones de Once y Constitución, se desplegaron diez suboficiales uniformados por cada una de las cabeceras mencionadas, un grupo de combate, una brigada con equipo de comunicación, perros de seguridad entrenados para detectar presencia de estupefacientes y un fotógrafo por zona. 

Las áreas de ingresos móviles a la ciudad tendrán a disposición una dotación completa en misión de observación e información sobre la concentración de manifestantes. Las zonas monitoreadas son la Autopista Buenos Aires la Plata, Peaje Hudson; Autopista Ricchieri y Gral. Paz;  Ruta Panamericana y Ruta 197; Autopista del Oeste, Peaje Ituzaingó; Camino Negro y Puente La Noria; General. Paz y San Martín; General. Paz y Rivadavia, Acceso Oeste y Ruta N° 23; Puente Ezequiel Demonty, (Puente Alsina – Pompeya).

Los edificios institucionales del Congreso, el Ministerio de Capital Humano, Casa de Gobierno y el Centro Cultural Kirchner contarán con un despliegue propio. Los operativos estarán a cargo del Oficial Jefe de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, también equipados con sistema de vídeo corporal y en cada uno se desplegarán veinte agentes de la policía federal que contarán con el apoyo de gendarmería y la policía de la Ciudad. 

Para la Casa Rosada se dispusieron dos unidades de contención, veinte agentes equipados con material antidisturbios, cuerpo de guardia de Infantería, un grupo de combate, un hidrante chico y dos perros.

Todo este despliegue contará con el apoyo del poder judicial. Estarán a cargo de los operativos el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 a cargo de la jueza María Servini de Cubría; el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento; el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 a cargo de la jueza Karina Andrade y el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 6 a cargo de Gonzalo Segundo Rúa.

Todo este despliegue cumple a rajatabla el protocolo presentado por Patricia Bullrich el jueves pasado en el Ministerio de Seguridad, quien advirtió que las fuerzas de seguridad estarán habilitadas a detener a todo aquel que “viole la ley”. Con esto, el gobierno nacional tiene como objetivo evitar todo tipo de movilización en su contra bajo el pretexto de cuidar el derecho a la libre circulación.