La sexta ola avanza a toda prisa en el viejo continente, situación que se profundizó en las últimas dos semanas con el retorno de la presencialidad escolar. El lunes 10 de enero, estudiantes y docentes de toda España retomaron el ciclo lectivo luego de las vacaciones de medio término que comenzaron el 23 de diciembre pasado, previo a la nochebuena. En apenas 10 días de clases, la variante Ómicron hizo estragos en escuelas públicas y privadas de todo el país, con alrededor de 25.000 profesores en cuarentena y más de 262.000 alumnos con Covid. Pese a estas cifras alarmantes, la ministra de Educación, Pilar Alegría, afirma que los centros educativos son espacios seguros y afirma que se están cumpliendo los protocolos anticovid. Una de las nuevas medidas de la vuelta a la escuela fue que los alumnos solo hagan cuarentena cuando en su clase haya al menos 5 positivos.
Según los últimos datos oficiales de la cartera de Educación de España, en dos semanas de clases hay un 3,7% de alumnos en cuarentena, un 4,2% de profesores de baja y un 0,49% de aulas cerradas. Eso indica que en apenas una semana los casos en estudiantes han crecido un 156% (de 102.233 a 262.451 positivos) y en los profesores han aumentado un 27% (de 19.335 a 24.742). Respecto a la cantidad de aulas completas que tuvieron que cerrarse como consecuencia del brote epidemiológico, el gobierno español afirma que, hasta el momento, hay 1.962 cerradas, cifra que representa el 0,49% del total frente a las 98 de la semana pasada, cuando no había ningún centro cerrado.
Los sindicatos docentes descreen de los números oficiales y denuncian que esas cifras están ”infrarrepresentadas” porque la mayorías de las ausencias, tanto en niños como docentes, no se registran. Maribel Loranca, responsable de Educación de la Unión General de Trabajadores -una confederación sindical constituida en 1888- denuncia que “los datos del Ministerio son muy a la baja. Sólo se cubren las sustituciones cuando hay constancia. Algunas Comunidades Autónomas de España hacen llamamientos para interinos todos los días, pero otras lo hacen una vez a la semana”. Desde otros sectores sindicales afirman que tampoco se contabilizan en la estadística los docentes que se retiran de las escuelas ante la aparición de los primeros síntomas. La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) estima que, si se incluyera a ese sector, se registraría un 7% de docentes afectados.
Como Argentina, en España, las nuevas definiciones epidemiológicas, sumado al cambio en los protocolos, generan situaciones de mucha incertidumbre. La mayoría de los padres y madres acuden a los centros preguntando qué deben hacer si uno de sus hijos tiene Covid y el otro no. Antoni González Picornell, presidente de FEDADI, señala que en las familias “plantean muchas dudas las diferencias entre Primaria y Secundaria, y que los vacunados que hayan tenido un contacto estrecho con un positivo no se confinen mientras que sí lo hagan los no inmunizados (…) El mismo día en que nos enviaban 10 profesores sustitutos de repente salían ocho positivos más y te obligaban a rehacer todo el proceso. Yo he tenido a dos profesores a los que el Covid les ha afectado más y han estado 15 días de baja”.
Los sindicatos realizan su propio relevamiento con números más inmediatos y cercanos a la realidad, dado que el contacto es diario y permanente. Afirman que en muchas escuelas existe hasta un 30% de personal de baja. Desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de ese país hablan de una situación “casi crítica” atribuida al “error” de haber relajado las medidas de prevención e higiene, refuerzos y distancias de seguridad.
Por su parte, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) califica esta situación como un “desamparo institucional” por parte del Gobierno español, al mismo tiempo que afirma: “Están llevando a algunas familias a comportamientos extremos de necesidad que ponen en peligro la salud pública, llevando a sus hijos al colegio o teniendo que poner en situación de riesgo a familiares vulnerables, como los abuelos, y cuyas consecuencias son altamente peligrosas”. El FSIE acudió al Defensor del Pueblo para que medie en esta situación sanitaria y exige la aprobación de bajas laborales o permisos retribuidos para la atención de menores en cuarentena.
Vacunación en niños, niñas y adolescentes
La vacuna pediátrica ha llegado ya a 1,7 millones de niños de cinco a 11 años, el 51,8% del total. Galicia es la región con más menores vacunados con una dosis (el 80%). Le siguen Asturias (71%), Castilla y León (65,5%), Extremadura (65,4%) y Andalucía (59%). En el otro extremo, las más rezagadas son Baleares (29%) y Cataluña (36%). Los menores de 11 años siguen acumulando las incidencias más altas, con 4.599 casos por 100.000 habitantes.
Profesores y familias antivacuna
A la grave situación epidemiológica en la comunidad educativa española se le suma el flagelo de los antivacunas, un problema que afecta a gran parte de Europa. Alrededor de 30 familias antivacuna de la localidad de Cataluña presentarán una demanda colectiva la primera quincena de febrero para denunciar la discriminación y vulneración de derechos que supone el Protocolo de Educación. El abogado Lluís Gallardo, que representa a los demandantes, aseguró: «No solo hay alumnos, también hay profesores que están sanos, pero por un positivo en la clase tienen que coger la baja y hacer cuarentena». El letrado afirma que los padres no entienden por qué los menores tienen que hacer cuarentena por no estar vacunados, ya que los que se están infectando son los que ya tienen las dosis.
Muchas familias antivacunas decidieron boicotear los protocolos escolares. Crearon grupos de WhatsApp para organizar tal objetivo. «Están coaccionando a los padres para vacunar a sus hijos con esta sustancia que no conocemos», afirma el abogado de las familias. «Hay alumnos que llevan confinados desde diciembre. Van encadenando cuarentenas porque salen positivos de compañeros vacunados y no les dejan ir a clase».
Laia Viñas, referente de las familias antivacunas, dijo que «cuando hay un positivo en clase únicamente confinan a los alumnos no vacunados, sin darles la opción de hacerse un test o demostrar que están sanos para que puedan volver a clase como los demás». Además, han recordado que la vacuna contra la covid-19 no es obligatoria.
