El gobierno nacional volvió a aplicar el método de la calumnia para justificar el ajuste. En esta oportunidad se trató del plan Argentina Hace, una iniciativa que aplicaba financiamiento nacional a pequeñas obras de carácter local.
La clave del programa, lanzado en abril de 2021 y que agrupaba dos planes generados un año antes, era la participación de «entidades de la comunidad que se encuentren legalmente constituidas, tales como Cooperativas, Organizaciones Sociales, trabajadores de la economía popular y/o MiPyMEs radicadas prioritariamente en cada zona de intervención», según la resolución 133 de 2021 del Ministerio de Obras Públicas.
El gobierno estimó que podrían generarse unos 20.000 puestos de trabajo en la construcción. El plan fue rechazado por las empresas constructoras, preocupadas por la posibilidad de que se ampliara hacia obras más grandes.
Para dar de baja el programa, el gobierno de La Libertad Avanza planteó que hubo incumplimientos en el programa y que, por lo tanto, «se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio (de Economía) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere». No dio cifras que avalen esa determinación. En este caso, el Estado nacional dejará de financiar las obras y las provincias y municipios deberán procurarse los fondos si quieren continuarlas. Si el dinero no aparece, la obra quedará inconclusa
