No había pasado un año desde el retorno de la democracia cuando en la noche del 20 de septiembre de 1984, el escritor Ernesto Sabato entregó en mano al presidente Raúl Alfonsín el informe de la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Lo habían titulado “Nunca Más”, dos palabras que desde entonces son un emblema de los Derechos Humanos y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El informe representó un paso determinante en un momento en el que los autores de los crímenes de la dictadura cívico militar todavía integraban las Fuerzas Armadas y en el que medio siglo signado por los golpes de Estado todavía generaban temor en la incipiente democracia.

El Nunca Más fue un punto de partida para la democracia. La CONADEP fue creada cinco días después de la asunción presidencial y se constituyó con personalidades públicas, representantes de la sociedad civil y legisladores. También con trabajadores, en su mayoría jóvenes, que tuvieron a su cargo las tareas de base.

El informe final ofreció una narrativa del horror reciente y reveló el plan de desaparición forzada y la responsabilidad del Estado en la comisión de los crímenes de la dictadura cívico militar. Al mismo tiempo, fue pieza clave para el proceso de justicia, inmediatamente después de su publicación en el juicio a las juntas de 1985 y luego en los procesos por crímenes de lesa humanidad reabiertos en 2006 tras la anulación de las leyes de obediencia Debida y Punto Final.

A lo largo de las décadas fue objeto de discusiones y tensiones, pero 40 años más tarde ese acuerdo fundante parece seguir funcionando como un dique para el olvido y la violencia política, así como una garantía de no repetición. Nunca Más es un consenso fundacional que, con altibajos, sigue presente en el músculo de la memoria colectiva en la democracia actual. La visita de los diputados oficialistas a los genocidas en la cárcel fue repudiada de manera transversal y contundente, y dejó secuelas al interior de La Libertad Avanza al punto de generar una ruptura en el bloque legislativo y obligar al propio presidente Javier Milei  a declarar públicamente  que esa no era su agenda.

“A lo largo de estos 40 años siempre hubo apoyos masivos, aún en los momentos de impunidad, a que este pasado no quede en el olvido y a castigar a los responsables de graves y masivas violaciones a los derechos humanos”, recuerda Emilio Crenzel, investigador del Conicet y autor del libro Historia política del Nunca Más, reeditado este año que se cumplen 40 años del informe.

“El rechazo a la violencia como forma de acción política, el rechazo a las dictaduras militares, son valores que en Argentina se han sostenido a pesar de diversas coyunturas y de crisis muy profundas y eso tiene que ver con una construcción colectiva que se ha hecho desde distintos ángulos”, sigue el también profesor de la UBA. “Desde el Estado, pero también y fundamentalmente desde el movimiento de Derechos Humanos, así como desde otros actores de la sociedad civil que participan de esa construcción política y cultural”, completó.

El Nunca Más se transformó así en una pieza central para la difusión en la escena pública de las violaciones de los derechos humanos, específicamente del sistema de desaparición forzada. Pero también fue una pieza central en el juzgamiento de las juntas militares en 1985: “El fiscal Julio Strassera adoptó las claves narrativas e interpretativas del Nunca Más para acusar a las Juntas”, señaló Crenzel. Y recordó que, a la vez, “tuvo un impacto en el plano de la memoria porque muchos de los testimonios incluidos en el informe que dan cuenta de las desapariciones, producidos por familiares y sobrevivientes, guían hoy a los visitantes en los sitios de memoria constituidos en los ex centros clandestinos”.

El límite al accionar del terrorismo de Estado es, quizá, el consenso más importante que generó el informe de la CONADEP. Así lo entiende Ana María Careaga, exdetenida desaparecida e hija de Esther Ballestrino de Careaga, Madre de Plaza de Mayo secuestrada por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977, para quien el Nunca Más funciona como “un contrato social” que rechaza la desaparición, el crimen, los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o la apropiación de bebés.

“Es fundamental subrayar la vocación democrática y de defensa de los derechos humanos de esta sociedad, en relación a lo que podemos nombrar como pacto civilizatorio fundado por las Madres de Plaza de Mayo, el movimiento de Derechos Humanos y otros actores sociales”, explicó Careaga. Y completó: “Ese pacto tuvo su expresión en la tríada de Memoria, Verdad y Justicia, en la que la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable, y me parece que la gran movilización del 2×1 fue una expresión de ese pacto civilizatorio de esto que nombramos como el contrato social de Nunca Más”.

Ese consenso se expresó en la calle durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando en 2017 una masiva movilización impidió la aplicación de la derogada Ley de 2×1 a los genocidas por parte de la Corte Suprema. También en agosto pasado, la reacción de repudio relativamente contundente a la visita que realizaron seis legisladores de La Libertad Avanza al marino Alfredo Astiz y otros represores detenidos, parece ser expresión de ese pacto democrático.

“Hay una marca, que sigue vigente, que dejó ese informe y ese primer acuerdo democrático en ese momento de transición de la dictadura a la democracia, de construcción de la democracia. Y esa marca tiene momentos de más claridad y otros momentos en que se diluye, o se vuelve más tenue y que entonces aparece la reminiscencia del terror”, reflexiona la médica psiquiatra Laura Sobredo.

La exdirectora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, encargado de asistir a testigos víctimas en los juicios por crímenes de lesa humanidad, prefiere pensar que esa marca que dejaron la Conadep y el Nunca Más no es lineal: “No brilla siempre igual ese faro, entonces hay momentos de zozobra como este momento”.

Las expresiones y la construcción política de la vicepresidenta Victoria Villarruel así como la visita a los genocidas encarcelados con planes de interferir en el proceso de Justicia, acentúa esos momentos de intranquilidad. “Es un momento en que Alfredo Astíz vuelve a aparecer en nuestras vidas, entonces vuelve a aparecer el terror”, apunta Sobredo.

Cuarenta años

Sabato le presentó el informe a Alfonsín en un acto que se transmitió por televisión y que reunió, en la Plaza de Mayo, unas 70 mil personas. “Después de la verdad, ahora la justicia” era la consigna del acto.

“El informe Nunca Más es el resultado de la investigación que realizó la CONADEP creada el 15 de diciembre de 1983 por el decreto presidencial 187 del presidente Alfonsín, cinco días después de retornada la democracia en la Argentina y dos días después de que el presidente Alfonsín dispusiera, por decreto también, el juzgamiento de las cúpulas guerrilleras y de las tres primeras juntas militares”, recuerda Crenzel.

El objetivo de la Comisión era recibir pruebas y denuncias sobre las personas desaparecidas y elevarlas a la justicia, investigar el destino de los desaparecidos y determinar la ubicación de los niños apropiados, denunciar el ocultamiento o destrucción de pruebas ante la justicia y redactar un informe final. Después de 9 meses el informe Nunca Más recopiló un listado de 8960 desaparecidos y determinó la existencia de 340 centros clandestinos de detención. Esas cifras superaban lo que entonces conocían los organismos de derechos humanos y las organizaciones humanitarias.

Además de Sabato y otras personalidades como el médico René Favaloro o la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, a la comisión fueron convocados legisladores -finalmente solo se sumaron radicales- e integrantes de la APDH, y otros organismos de derechos humanos.

Durante la dictadura, los organismos de derechos humanos habían canalizado el repudio y en 1983 eran un actor insoslayable de la política argentina. Y su primera reacción fue rechazar la CONADEP cuando se constituyó. Desconfiaban profundamente de esta comisión integrada por personas sin ningún tipo de experiencia, y desde antes del retorno democrático propugnaban la creación de la comisión bicameral que investigue con la consigna de “Juicio y Castigo”. Sin embargo, pronto advirtieron que la comisión tenía voluntad real de investigación y varios de sus integrantes se sumaron.

En su investigación, la comisión logró reunir cerca de 1.200 testimonios de sobrevivientes, más de 3.000 fotos de desaparecidos, realizó inspecciones en ex centros clandestinos de detención, tomó 2020 fotografías, en general, de las fachadas y las dependencias interiores de los lugares de detención. En 1984 el Nunca Más echó luz sobre una dimensión cuantitativa desconocida: la envergadura que alcanzaron las desapariciones en el país.

El Nunca Más en la justicia y en la calle

“Los juicios siguen sucediendo y siguen existiendo y hay algo de la salida del horror del terrorismo Estado que, en este país, se procesó en la escena judicial”, reflexiona Laura Sobredo. En los juicios por crímenes de lesa humanidad es donde el consenso que propuso el Nunca Más se advierte más estable y, más allá del beneficio de las prisiones domiciliarias al que acceden la amplia mayoría de los detenidos, hay en la actualidad 1221 condenados. En ese sentido, Careaga recordó que en una reunión reciente que mantuvieron los querellantes con miembros de la justicia les manifestaron que hay una vocación en el ámbito de la justicia de sostener el juzgamiento y sanción de los delitos de la humanidad. “Me parece que esto es fundamental porque es un límite de una sociedad”, opinó.
Durante cuarenta años Nunca Más se repite como consigna y con distintos usos. “Eso nos habla de que pese a ser una frase taxativa la repetimos una y otra vez porque sabemos o de algún modo pensamos que esa esa voluntad de no repetición no está asegurada de una vez y para siempre”, reflexiona Crenzel.
Careaga opina que es importante leer la época que estamos viviendo. “Hay un empuje al odio como pasión oscura, es caldo de cultivo para poner en juego la crueldad. En ese sentido es importante poder pensar el Nunca Más no como algo consolidado sino como algo construir, afianzar permanentemente, a través de la transmisión de la historia”.
Es quizá en la experiencia de los organismos de Derechos Humanos y su tesón para resistir e insistir, dónde está la clave. “Yo creo que los jóvenes tienen mucha avidez de conocimiento y me parece que no hay que subestimarlos, sino que hay que llegar a ellos y a ellas y poder restituir el texto que se intenta arrancar del contexto de la historia”, afirma la ex detenida.
Sobredo opina de manera similar y recuerda que hay ejemplos de anudamientos entre la luchas del pasado y otras recientes, como el anudamiento que se generó entre el pañuelo verde de la lucha por el aborto legal y el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, insiste: “Hay un trabajo de insistencia que habrá que hacer para siempre jamás. Creo que es un error dar por escrito algo en la historia de la lucha de los pueblos, diría Adolfo Pérez Esquivel. Es necesario que continúe esa insistencia con los jóvenes todo el tiempo que sea necesario, enlazando las luchas del pasado con las del presente”.

«Un consenso más imaginario que real»

“Ese consenso no es como se lo imagina cuando se habla del consenso del Nunca Más”. La frase se la dice a Tiempo el sociólogo y antropólogo Pablo Semán para quien el Nunca Más no tuvo un consenso constante. “Y cuando estuvo presente no era tan profundo a lo largo y lo ancho del país, y, valga la redundancia, diría a lo profundo del país, sino que era más bien en ciertos momentos un consenso de la clase política en un sentido amplio”, explica.
Ante lo que ve como una naturalización de las cosas, Semán propone un mínimo de toma de distancia para pensar de una forma “a la que no estamos acostumbrados”. Y advierte: “y lo que haya habido de ese consenso, está más amenazado que nunca. Así, los puntos más valiosos de esa producción de una política de memoria y de puesta en juicio del terrorismo de Estado, también están amenazados”.
Por eso cree que esa amenaza ocurre “quizás también por una faccionalización, y muchas veces, una banalización de el enjuiciamiento del terrorismo de Estado, en tanto se intentó capitalizarla partidariamente”. “El relanzamiento de la política de derechos humanos y los juicios de la verdad y toda la política posterior a 2001, obviamente que tuvo efectos positivos porque reinstaló esa discusión y porque renovó el repudio al terrorismo de Estado. Pero al mismo tiempo lo encapsuló en posiciones partidarias y le hizo perder transversalidad social, institucional, política y cuanto más fue avanzando el proceso de divorcio de la facción gobernante respecto del resto de la sociedad y del resto de la sociedad política, mas quedó amenazado”.
Pese a todo, aclara que parte de la sociedad y la clase política que es de derecha no se anima o no quiere decir que están de acuerdo con el terrorismo de Estado. “Y eso es un efecto positivo”.
Las políticas estatales de derechos humanos que comenzaron con la recuperación misma de la democracia, para Semán navegaron caminos ambivalentes: relanzaron las posibilidades de enjuiciar, en términos institucionales, judiciales, ideológicos, culturales al terrorismo de Estado, pero al mismo tiempo encapsularon esa crítica.
“Creer que con una presencia relativamente homogénea y un discurso relativamente sistematizado a través del aparato educativo se iba a lograr un avance, que yo creo que no se logró, fue un error, en tanto se sobreestimó la capacidad de promover un consenso desde arriba».
“Yo creo que todo este momento de reflujo y efectivamente de derrota para los que estamos en contra del terrorismo de Estado, es un momento para reflexionar seriamente sobre por qué ese consenso es más imaginario que real y cuáles son las posibilidades de producción de un nuevo consenso que repudie el terrorismo de Estado o, al menos, haga cambiar la situación de bloqueo actual”, concluye.