El oficialismo y las inmobiliarias tienen casi listo el proyecto de ley con el que buscarán frenar en la Cámara de Diputados la iniciativa que impulsaron las asociaciones de inquilinos para controlar los abusos del mercado y que ya tiene la media sanción del Senado de la Nación desde noviembre del año pasado. El operador inmobiliario Jorge Izrastzof señaló que las empresas buscarán que la Cámara Baja elimine el mecanismo de actualización de los precios que proponen los inquilinos.

“El proyecto interviene mucho sobre el mercado. La regulación de los precios ocasiona que los precios suban y que en consecuencia haya menos ofertas”, argumentó. Izrastzof, hombre de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), adelantó que también se buscará modificar la cláusula sobre el depósito de garantía, regulado en el proyecto que pasó la instancia del Senado.

“No es lo ideal”, lamentó el inmobiliario aunque reconoció que las empresas incurrieron en “abusos” que perjudicaron a los inquilinos durante años. El empresario cuestionó la propuesta de llevar el tiempo mínimo de contrato a los tres años porque “si el mercado no es atractivo para alquilar esas condiciones empeoran la situación para los propietarios en la búsqueda de favorecer fuertemente al inquilino.

En la actualidad hay muy poca oferta. Los propietarios no quieren alquilar porque es muy baja una rentabilidad del 3%. Muy poco aliciente con los riesgos que implica”, concluyó Izrastzof. En la mañana, a la par del anuncio del acuerdo sectorial de la construcción, según el cual las empresas se comprometieron a construir 100 mil viviendas por año, trascendió la posibilidad de que los diputados oficialistas y las empresas anunciarían su propuesta conjunta en conferencia de prensa.

Las inmobiliarias rechazaron la versión, aunque reconocieron que el anuncio es inminente. Izrastzof enumeró los puntos que las empresas consideran críticos en el proyecto que ya superó la primera instancia legislativa. En primer lugar, el mecanismo de indexación, que solo funcionará si la inflación supera el 10%, una obligación que el mercado juzga «injustificada».

En segundo lugar, objetó la duración del contrato, que los inquilinos quieren llevar al mínimo de tres años. En tercer lugar, el empresario cuestionó que la iniciativa mande a los propietarios hacerse cargo de impuestos y expensas extraordinarias. En cuarto aspecto, apuntó contra el depósito, que el proyecto aprobado limita a un solo mes equivalente además al último mes abonado.

Por otro lado, las empresas buscan eliminar el punto que atribuye al inquilino la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento. En sexto lugar, las firmas objetan la obligación de negociar sesenta días antes la decisión de continuar con el contrato de alquiler o no. Y finalmente, las compañías objetan las condiciones que plantea el proyecto de los inquilinos para las comisiones empresarias.

En la vereda de enfrente salieron al cruce de las modificaciones que se proponen y denunciaron que ni los diputados de Cambiemos ni los operadores del mercado convocaron a los representantes de los inquilinos para discutir los cambios. “Lo que quieren es lanzar un programa Alquilar se Puede recargado, a nivel nacional”, advirtió Gervasio Muñoz, de la asociación Inquilinos Agrupados (IA). “Estamos en contra porque somos críticos del sistema desde que se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno”, definió.

Los inquilinos denuncian que legisladores oficialistas van a intentar frenar la intención de regular la formación de precios a pedido de las empresas: “Lo que quieren es ajustar al nivel de la inflación en un contexto donde los salarios están por debajo de los precios y van a seguir estando por debajo. Así menos van a pagar los inquilinos y menos van a cobrar los dueños”, agregó. Muñoz concluyó al señalar que la posición de los inquilinos es defender el proyecto que ya tiene unanimidad en el senado y aclaró que “estamos abiertos a algunas modificaciones pero no la que prevé controlar los precios”.

Otro operador del mercado, Diego Migliorisi, adelantó que el poder Ejecutivo quiere que la modificación en los casos de los alquileres de entre cero y $15 mil se realice a través de la variación del salario “y a partir de los $15 mil, en principio, los alquileres serían de común acuerdo entre las partes”, resumió el empresario. Otra propuesta será la creación de un fondo de garantías para facilitar el acceso a la vivienda a todos aquellos que no cuentan con el apoyo de un propietario.

Migliorisi le bajó el tono al contrapunto con los inquilinos cuando señaló que para las empresas el proyecto del Senado “es razonable porque elimina los grises de la legislación. Tratamos de proteger los contratos. Nuestra idea es que ni que el propietario se asuste ni deje de invertir ni que el inquilino se vea impedido de alquilar”. El inmobiliario señaló que “nadie consultó al sector” privado para la confección del proyecto que aprobó el año pasado el Senado. Sin embargo reconoció que “muchos puntos están bien porque hay que generar previsibilidad y confianza”.