La Secretaría de Derechos Humanos amaneció otra vez con policías en la puerta y con listas negras. Lo mismo ocurrió en el Archivo Nacional de la Memoria, ambos ubicados en el Espacio Memoria ex ESMA. 

Por orden del secretario Alberto Baños, las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso a delegados, delegadas y 71 trabajadores y trabajadoras que no adhirieron al nuevo retiro involuntario propuesto por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

Se trata de una nueva provocación del funcionario, que disfrazó de formalidad una decisión que no es más que una represalia luego de que un grupo de trabajadores y delegados cuestionaran el intento de quitar los carteles de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pegados en el edificio en reclamo de reincorporaciones y contra la política de vaciamiento del gobierno.

El propio Baños estuvo a cargo de la tarea, junto a la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Carolina Cordara, y el Director de Coordinación Estratégica, Alejandro Urroz, para vaciar el edificio para que pudiera ser filmado por un equipo de Presidencia de la Nación.

Ante la resistencia que generó la acción, que viola la libertad de expresión sindical, el funcionario decidió licenciar a las personas que no hayan aceptado el plan de retiro e impedir que accedan al edificio, ni siquiera para retirar sus efectos personales.

Así lo dejó escrito en un mail que mandó el jueves por la noche: “Se suscitaron diversos acontecimientos con participación de trabajadores que viendo próxima, inminente e irreversible su desafectación del plantel de la Secretaría -sea por decisión propia o por la de sus Superiores en virtud de su no apego al trabajo, constancia de concurrencia, etc- incurren en actos de indisciplina, sabedores que nula consecuencia tendrá su proceder”, señaló. 

“Esos actos de indisciplina se patentiza en abandonar sus puestos de trabajo, deambulando por el predio en el que se encuentra instalada la Secretaría, no cumpliendo con sus labores, participando y organizando reuniones de índole social en forma constante, realizando el pegado de carteles que, so pretexto de un reclamo sindical, evidencian claramente expresiones ideológicas en franca violación a lo establecido en el Decreto 1084/2024, realizando, asimismo, un destrato hacia sus compañeros que no compartan su proceder y, agrediendo de palabra a sus Superiores cuando, o son llamados al orden, o se intenta poner orden edilicio en la Secretaría, llegando a la agresión física hacia esos Superiores o hacia el personal de custodia de la Policía Federal Argentina, siempre en una clara actitud intimidatoria”, manifestó el secretario.

La presencia masiva de policías filtrando a quienes pueden ingresar parecía imposible hace unos años. Sin embargo, se repitió varias veces desde fines del año pasado, cuando se inició un plan para vaciar el Ministerio de Justicia y a la Secretaría en particular, para dejarla con sólo la mitad de su planta. 

El ajuste viene dejando áreas muy importantes al borde de quedar sin poder funcionar y en esta oportunidad afectó directamente las tareas de quienes llevan adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad, ya que entre los despidos están los abogados Fernando Almejún y Nicolás Tauber Sans, representantes de la Secretaría en las causas Campo de Mayo y Primer Cuerpo del Ejército, y Adriana Taboada, la única integrante que quedaba del cuerpo de peritos. 

Almejún, que también es delegado sindical de ATE, cree que esta nueva tanda de despidos y finalización de contratos pone en riesgo el rol de la Secretaría en esas causas. “En particular, yo estoy en las causas vinculadas a Campo de Mayo y a partir de hoy me negaron el acceso, me dijeron que tengo prohibido el ingreso a mi lugar de trabajo, que también me impide a mí ejercer la tutela gremial representando a mis compañeros”, explicó y consideró que Baños tiene una zaña particular con la Asociación de Trabajadores del Estado “porque no convalidamos las políticas que están queriendo llevar al desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos”. 

Apenas unos días atrás, ATE había denunciado tareas de inteligencia por parte de la policía en una asamblea de trabajadores. Almejún señala que muchos de los despedidos participaron de esa asamblea. 

En un comunicado difundido este viernes por la tarde, el cuerpo de delegados de ATE denunció la persecución y “la política de aprietes dentro del organismo”, con constante  “presencia de fuerzas de seguridad para intimidar y hostigar a Ixs trabajadorxs”. 

“No permitiremos que el gobierno avance en la destrucción de la Secretaría de Derechos Humanos ni en la persecución a quienes sostienen las políticas públicas de memoria, verdad y justicia”, aseguró el sindicato.