La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, de la que se cumplen nueve años, da vueltas como un trompo siempre sobre un mismo eje: está orientada a la búsqueda de un vínculo político entre lo que el Poder Judicial considera que fue un asesinato y rehúye de cualquier confrontación que lo desmienta, y los autores materiales de ese supuesto crimen que no aparecieron ni aparecen.
El fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación por el juez Julián Ercolini, completó una larguísima serie de declaraciones testimoniales, que incluyó a unos 450 propietarios de viviendas del complejo Le Parc, en Puerto Madero, y un centenar de agentes y ex agentes de inteligencia.
El ex espía Antonio “Jaime” Stiuso introdujo (en realidad, reiteró) la hipótesis de una agencia de inteligencia paralela manejada por el ex jefe del Ejército César Milani, que a través de empresas de seguridad privada contrataba a agentes inorgánicos de la ex SIDE para tareas de espionaje ilegal. En ese contexto, siempre según la hipótesis Stiuso, se produjo el “homicidio” de Nisman.
El fiscal que tenía asignada como única causa la investigación por el atentado contra la AMIA murió cuatro días después de presentar una denuncia contra Cristina Kirchner por encubrimiento.
El estado de la causa Nisman
La Cámara de Casación, un tribunal clave en esta historia, reabrió por tercera vez a fines del año pasado la denuncia de Nisman y ordenó que se realice un juicio oral y público. El tribunal oral que debía realizar el juicio consideró que no había delito pero Casación revirtió esa decisión y cambió a los jueces. El principio del “juez natural”, un concepto casi sacro santo en algunos expedientes judiciales, en este caso perdió relevancia.
La teoría de una agencia de inteligencia paralela, por fuera del poder casi absoluto de Stiuso, fue descartada por el principal enemigo interno del propio “Jaime”, Fernando Pocino, y por el ex titular de la SIDE durante el kirchnerismo, Héctor “el Vasco” Icazuriaga. Taiano les pidió información a las nuevas autoridades de la AFI para corroborar si existió o no tal agencia paralela, pero hasta ahora no obtuvo respuestas.
La causa sigue teniendo hoy como único procesado por el supuesto homicidio, en calidad de partícipe secundario, al técnico informático Diego Lagomarsino.
Continúa con custodia policial, pero ya sin tobillera electrónica que monitoree sus movimientos, no obstante lo cual debe notificar al tribunal cada vez que se aleja a más de cien kilómetros de la Capital Federal, aun cuando esos viajes sean por motivos laborales.
Ninguno de los espías que declararon ante Taiano reconocieron a Lagomarsino como agente de inteligencia, una de las hipótesis que se había trazado en la investigación.
También hay cuatro ex custodios de Nisman procesados por delitos vinculados con una supuesta falta de cuidado respecto de la seguridad del fiscal, traducida en “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La situación procesal de ellos también es indefinida: en circunstancias normales, el delito ya estaría prescripto por el paso del tiempo sin juzgamiento, pero como fueron puestos en disponibilidad en la Policía Federal y no hay constancias de que se hubieran producido sus desvinculaciones de la fuerza, no está claro si la acción judicial sigue vigente.
Mientras un funcionario público (y los policías lo son) conserven ese carácter, la causa no prescribe, ni para ellos, ni para ninguno de los restantes imputados.
El argumento de Lagomarsino
El juez Ercolini y el fiscal Taiano rechazaron sistemáticamente un pedido constante de la defensa de Lagomarsino: confrontar el peritaje de la Gendarmería Nacional que dice que Nisman fue asesinado con los trabajos de otras fuerzas que intervinieron en la investigación que parecen refutar los principales caminos hacia la conclusión del homicidio.
Incluso pidieron que sean llamados a declarar como testigos los autores de ese peritaje para poder interrogarlos sobre cómo llegaron a las conclusiones intermedias que posibilitaron la teoría final del homicidio.
Ese paso procesal, según se desprende del expediente, quedará para la etapa de un eventual juicio oral y público.
Ercolini –quien sólo tomó parcialmente el peritaje de Gendarmería-, la Cámara Federal y la de Casación ratificaron la presunción de homicidio, por lo cual esa es la figura que sigue en pie a nueve años de la muerte del fiscal.
Lejos de encontrar a los autores materiales, la investigación parece empecinada en buscar a quien dio la supuesta orden de matar a Nisman.
Mientras tanto, otros expedientes que se desprendieron de la investigación principal también están paralizados, entre ellos una causa por presunto “lavado” que involucra a familiares de Nisman y al propio Lagomarsino, por una cuenta bancaria en Nueva York, terrenos en Punta del Este y emprendimientos inmobiliarios en Buenos Aires.
