Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace, lanzó una nueva ofensiva para exigirle al gobierno nacional una política para que termine con la multiplicación de tomas de tierras en todo el país y, especialmente en el agro. Es el segundo pronunciamiento en 20 días. El primero fue para cuestionar con dureza la decena de proyectos, algunos impulsados por el oficialismo, para sancionar una nueva ley de humedales en el Congreso. Sin embargo, en medio de ese nuevo despliegue, un video reveló los trabajos ilegales que realiza un empresario para ampliar y desviar el curso de los riachos del río Paraná que bañan los humedales que, por falta de agua, ardieron frente a la zona de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, frente a Entre Ríos.
La pieza, según pudo reconstruir este diario, se filtró del entorno del empresario y refleja el sobrevuelo desde un helicóptero sobre el pequeño curso de agua y se ve cómo una retroexcavadora realiza el desvío y construye un terraplén.
La filmación causó estupor en la comunidad de Ramallo, cuyo cielo y aire pasaron tiznados de humo negro por el incendio de los humedales de esa zona. Implica una violación flagrante a la “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aun de carácter accidental”, que ordenó el juez Daniel Alonso, titular del segundo juzgado federal de Paraná el 1 de julio, a partir de una denuncia presentada por la Asociación Civil Río Paraná y el Foro Medio Ambiental. Se trata del mismo magistrado que hace dos semanas encontró maquinaria en otra zona del Paraná, usurpada por otro empresario cerca de Rosario.
El documento fílmico es de origen desconocido y según pudo reconstruir este diario «fue realizado desde el helicóptero de Gustavo Degliantoni, un empresario dedicado a la explotación agraria». La supervisión de las obras clandestinas sería por cuenta de otro empresario denunciado por la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente como parte de las maniobras. “Las tierras en cuestión son explotadas por el señor Fabio Di Fonzo, mediante una empresa llamada El Mapuche SRL, con miras a explotar 4000 hectáreas de islas, de igual manera que si se tratase de tierras pampeanas”, sostiene la organización.
El empresario señalado es “la misma persona responsable de clausurar el acceso al Zanjón de Gregorio”, el riacho que baña la zona que Di Fonzo pretende explotar.
Para lograrlo, primero tiene que dejarla sin agua: el paso previo para incendios que permitan destruir esa zona natural. El corte de ese curso fue crucial para dejar sin agua el pequeño caudal del Paraná que alimenta los humedales que están en esa zona, alrededor de las Islas Lechiguanas, en Entre Ríos, frente a Ramallo, que está del lado bonaerense.
La ONG asegura que Di Fonzo realizó el corte de ese riacho “para evitar que surjan testimonios sobre las actividades que allí realiza” y trabar que alguien pueda navegar por esos cursos para ver la retroexcavadora. En ese contexto, el video que apunta a Degliantoni aporta una prueba determinante que evaluará la Justicia.
“Podemos aventurar que los incendios son intencionales. Cumplen la función de desmalezar para evitar el costoso trabajo de horas máquina sobre extensas superficies de territorio y así dejar disponibles las tierras para la agricultura intensiva”, sostuvieron desde la organización, que realiza un trabajo de investigación para saber qué originó los incendios que azotaron la zona. “Diversas averiguaciones develaron que se preparaban para sembrar la tierra. Poco a poco fuimos recabando más testimonios e imágenes. El más explícito fue el de una célebre embarcación transportando un mosquito adaptado para fumigar en el territorio de humedales”. Se refiere a “la chata con la denominación “Forestargen”, matrícula Nº 02251, que se dirigía efectivamente hacia los terraplenes construidos islas adentro transportando insumos agropecuarios”.
Parte de ese rompecabezas fue reconstruido a partir de testimonios de pobladores, trabajadores rurales y pescadores.Ninguna de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace quiso hacer declaraciones sobre el caso. En CRA se remitieron al comunicado reciente, donde reiteran sus críticas a la posible protección de los humedales. “Nos llama poderosamente la atención que sin ningún estudio previo se hayan presentado diez proyectos de ley sobre los humedales. También vemos que varios de ellos tienen una misma estructura, una mirada sesgada que no contempla a la producción y menos aún a las familias afincadas desde hace décadas en su entorno”, sostuvieron en un comunicado difundido hace dos semanas.
