El anuncio del gobierno nacional de avanzar con la regulación de los alquileres fue celebrado por diferentes organizaciones, que desde hace años buscan un cambio en favor de los inquilinos. Por un lado, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron que la nueva legislación contemple a los inmuebles desocupados y que se garantice el acceso a los sectores vulnerables. Por el otro, desde Inquilinos Agrupados destacaron la creación de un registro de los contratos ante la AFIP.
Bajo presión por la situación económica, el presidente Mauricio Macri anunció hoy un tope para los créditos UVA y relanzó la demorada Ley de alquileres que ya contaba con media sanción del Senado, pero como en Diputados sufriría algunas modificaciones, volverá a la Cámara Alta para su tratamiento final.
“Es nuestro mismo proyecto pero con algunos cambios menores. Lo único que destacaría como original es el registro obligatorio que llevará la AFIP sobre los contratos. Todo quedará asentado”, subrayó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, una de las asociaciones más activas que participó tanto de la Ley que fue presentada en 2016 como de las reuniones actuales en las que se plantean ciertas modificaciones.
“La ley tiene que salir antes de diciembre. Sí o sí. Lo que pasa que el anterior proyecto había sido presentado por el kirchnerismo entonces, el gobierno no le iba a dar luz verde. Con estas nuevas consideraciones capitaliza la nueva norma. Lo importante es que se sancione”, analizó Muñoz al ser consultado por Tiempo.
En lo medular, el proyecto sostiene que la comisión que cobran las inmobiliarias correrá por cuenta del propietario; además, se podrá utilizar garantías bancarias; el plazo mínimo de contrato será de tres años; y el valor del alquiler se actualizaría cada seis meses, aunque desde Inquilinos Agrupados adelantaron que intentarán que las readecuaciones se realicen anualmente. Como novedad, los incrementos se basarán en el coeficiente de variación salarial, vinculado a la relación entre el salario y la inflación.
Desde el CELS, por su parte, indicaron que la sanción de esta ley será “fundamental ya que en nuestro país siete millones de personas personas alquilan su vivienda en un mercado absolutamente desregulado” y pusieron expectativas en que se promueva “el derecho a una vivienda adecuada” y que para lograrlo es “necesario que se incorporen medidas para garantizar el acceso a la vivienda a grupos vulnerados -entre ellos, mujeres víctimas de violencia de género-, en pos de la implementación del alquiler social, para regular un modelo de contrato de alquiler justo. Además es necesario sumar una política de incorporación de inmuebles ociosos a la oferta de alquiler, entre otros”.
Sobre los créditos UVA, Macri puntualizó que el nuevo mecanismo estará dirigido a que no se dispare la cuota. Según el nuevo esquema, los pagos mensuales no van a superar en más de diez puntos la diferencia entre la inflación y el coeficiente de variación salarial. “Estiraron un poco más el estallido de la bomba. Saben que las 130 mil personas que pidieron el crédito tienen o van a tener un grave problema. Si no tomaban esta medida, la morosidad pasiva iba a ser fenomenal. Extendieron el conflicto unos años”, dijo Muñoz.
“Tampoco podemos obviar que si bien regularán a los propietarios de las viviendas en alquiler y terminarán con los abusos de las inmobiliarias, al mismo tiempo le entregarán a las constructoras un gran negocio al darle importantes exenciones impositivas en un marco de crisis e inflación en el que si no hacen nada, se viene una crisis habitacional de importantes dimensiones”, argumentó Muñoz, quien concluyó que “la última vez que se reguló esto fue en el gobierno de Raúl Alfonsín, en un contexto de hiperinflación, que salvando las distancias es muy similar al actual. Esta es una deuda que dejó el kirchnerismo, ojalá pueda saldarse ahora”
