La Cárcel Federal de Coronda, una nueva prisión para presos federales, quedó formalmente inaugurada el pasado 20 de diciembre del 2024, con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y reclusos «prestados». Pero la realidad es que el anuncio tiene todavía una brecha de distancia con la realidad: el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccocioni, confirmó la semana pasada que la dependencia no está del todo operativa, sino que lo que está avanzando, a casi dos meses de la inauguración es una «activación parcial de algunos sectores, con algunos grupos de internos». Y en esas circunstancias de acelerados se sumó la voz del intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, quien salió a reclamarle al gobierno nacional que no cumplió con varios de los acuerdos pactados con la ciudad, como mejoras en materia de seguridad y, sobre todo, aseguran que no se cumplió con varios de los acuerdos existentes, como ser mejoras para la ciudad en materia de Seguridad y en descomprimir la Unidad Penitenciaria Nº 1: la atestada cárcel de Coronda depende del Servicio Penitenciario provincial, pero aloja también a detenidos a disposición de la Justicia federal, no sólo residentes en Santa Fe sino de otras provincias.

El abierto pero funcional a medias complejo penitenciario debía abrirse con prioridad a internos santafesinos detenidos por delitos federales y a internos a disposición de la Justicia federal que estaban en otras dependencias provinciales.

«Lo que sabemos es que de a poco van colocando internos, en este momento son 37, todos provenientes de José C. Paz, todos santafesinos. Esto sorprende porque la cárcel estaba programada para descomprimir las prisiones de la provincia, unos 700 presos federales que hay en toda la provincia», cuestionó el radical Ramírez.

En ese escenario se priorizó hasta ahora la descompresión de una prisión de la provincia de Buenos Aires, en lugar de armar la cadena acordada, que implicaba el traslado de presos federales a las nuevas instalaciones en Coronda, para así liberar plazas para los detenidos por la Justicia provincial bajo la órbita del Servicio Penitenciario de Santa Fe Y, finalmente, trasladar a quienes están presos en comisarías, lo que por una parte permite salir de condiciones –además ilegales– de hacinamiento, y liberar fuerzas policiales para que cumplan su función original, que no es la de albergar detenidos en forma permanente.

«Todavía no resolvimos un montón de cosas que están pendientes, con respecto a la ciudad», sostuvo el mandatario corondino. En este sentido se refirió a obras complementarias que se habían pactado pero todavía no llegaron, como cámaras de videovigilancia, y también iluminación para la ciudad, herramientas que hacen a la seguridad de sus residentes.

Además, entre esas preocupaciones, figuran que la cárcel está en el medio del campo, donde no hay luz, y quieren un lector de patentes. Pero el primero de los reclamos es específicamente penitenciario: «No se está cumpliendo con lo que era descentralizar la cantidad de presos federales que tenemos en Coronda. Por lo menos sacar 200 de los casi 400 que tenemos acá».

El Ciudadano