La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista convocada como respuesta “a la violencia económica, a la persecución política y la represión sexual del Gobierno de Javier Milei” tuvo en Mendoza un anexo: “Antiextractivista”. La avanzada minera de los últimos días provocó –una vez más– una gran efervescencia del conflicto socioambiental. “Es un ataque hacia todos nuestros derechos”, advierten las asambleas, veteranas en esto de la resistencia. “Hace 20 años que defendemos el agua. Lo único que los detiene es no tener licencia social”.
En pleno enero y aprovechando las distracciones que provoca el verano, se presentó ante la Dirección de Minería de Mendoza un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto minero San Jorge para la explotación de cobre en Uspallata, un pueblo de montaña con poco más de 15 mil habitantes sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de Las Heras, cerca de la frontera con Chile.
Con nuevo nombre –Proyecto PSJ Cobre Mendocino– y nuevo dueño –la empresa operadora pertenece a Zonda Metals GmbH de Suiza, aunque se especula que detrás hay capitales rusos, en sociedad con la argentina Grupo Alberdi– el proyecto San Jorge, que ya había sido rechazado a mediados de 2011, luego de un insistente repudio social, se presenta como el primero de la provincia en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), montado en la promesa de “una inversión inicial estimada de US$ 559 millones” con la consecuente creación de miles de puestos de trabajo.
“Todas las condiciones políticas y económicas actuales implican el saqueo de los bienes comunes”, dice Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea Popular por el Agua y profesor licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo. “La situación socioeconómica grave –insiste– que está padeciendo la mayoría del pueblo argentino en general, y el mendocino en particular, facilita que haya más gente dispuesta a sacrificar sus principios y hasta el ambiente con tal de que haya más trabajo, pero las mineras nos mienten; ante la prensa dicen un número de puestos y en el IIA aparece otro. El propio gobernador Alfredo Cornejo exagera este tipo de discursos y nos quiere hacer creer que la situación es tan dramática que a Mendoza no le queda otra que abrirse a la minería”.
Convocada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, el sábado 25 de enero, una multitud salió a las calles de Uspallata para expresar el rechazo a la instalación de la Minera San Jorge y denunciar los actos de violencia cometidos el día anterior por barras de fútbol y matones de la UOCRA, en lo que iba a ser el acto de inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en la ciudad. La jornada terminó con heridos, detenciones y hasta un incendio. Los grandes medios, como suele ocurrir en estos casos, hablaron de disturbios provocados por ambientalistas radicalizados que se oponen al progreso del pueblo.
“Estamos hablando de la resistencia de la instalación de una megaminera en la cabecera de la Cuenca del Río Mendoza, que no sólo va a afectar a Uspallata, que en todo caso sería la primera línea de sacrifico, sino que va afectar todo el territorio desde la cuenca hacia abajo”, explica Silvia Iñiguez, una maestra jubilada y miembro de la Asamblea por el Valle de Uspallata, y agrega: “No estamos hablando solamente de la tragedia de un pueblo que lo entregan al dios dinero, estamos hablando de la tragedia de toda la provincia”.
Combo extractivista
El 12 de noviembre pasado, el Senado de Mendoza le dio sanción definitiva y aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para 34 proyectos mineros de exploración de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). En la misma sesión, los senadores disolvieron el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), lo que se interpretó por parte de las asambleas como un intento del Gobierno de quedarse con el control del agua, un factor clave en cualquier proyecto minero.
“Van por todo el combo. Aprobaron los proyectos mineros en Malargüe, volvieron a la carga con San Jorge es Uspallata, reformaron el código minero y quieren reformar también el código de agua; organizan foros mineros y hasta metieron capacitaciones pro minería para docentes así les pueden lavar las cabezas a los chicos. Y como no pueden bajar la 7722 (en referencia a la ley provincial que prohíbe el uso de ciertas sustancias tóxicas en la minería, también conocida como ley «Guardiana del Agua») porque la gente la tiene muy interiorizada, le pegaron una vueltita por el costado”, reflexiona Teresa “Guni” Cañas, docente jubilada de la Asamblea Popular del Agua, y concluye: “Esta es la puerta de entrada para más minería en Mendoza. Si no la frenamos ahora, nos va a pasar como San Juan y no la vamos a poder sacar más”. «
Otros 29 proyectos en la mira
Un extenso y contundente dictamen emitido por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) obligó al Gobierno provincial a moderar el avance en su búsqueda de aprobar los informes de impacto ambiental para 29 proyectos de exploración de cobre, que forman parte del plan denominado “Malargüe Distrito Minero Occidental 2” (MDMO 2).
La FCAI realizó una evaluación general y luego uno particular de cada uno de los 29 proyectos de exploración donde abordó múltiples áreas críticas, señalando errores metodológicos, falta de información clave y riesgos potenciales para el medio ambiente y las comunidades locales.
Uno de los puntos más críticos del informe es la evaluación geológica. Por ejemplo, se incluyeron formaciones que no afloran en el área del proyecto, lo que podría inducir a errores y confusiones en la comprensión de los recursos minerales disponibles. Además, se omitió información esencial sobre los procesos glaciales, volcánicos y tectónicos que modelaron la región. «
