Quince años después de que Rafael Correa (2007-2017) cerrara la puerta a las tropas de Estados Unidos, más concretamente que les clausurara la base aeronaval de Manta, sobre el Pacífico central, el Pentágono regresa a Ecuador de la mano del presidente interino Daniel Noboa. Desde aquel gesto de dignidad de 2009 hasta esta entrega pasaron dos presidentes que decidieron conformarse con coquetear con sus congéneres de la Casa Blanca. Correa echó a las tropas norteamericanas mediante el concluyente expediente de una reforma de la Constitución  que prohibió la instalación de bases militares extranjeras. Noboa también encontró la puerta cerrada, por lo que para violar la soberanía debió contentarse con apenas un proyecto que vuelve las cosas al siglo pasado, pero que por ahora el Legislativo no trató.

Las fuerzas del Comando Sur, acompañadas de la Guardia Costera, dos cuerpos de élite del Pentágono, harán su entrada triunfal a territorio americano justo en los días previos a la asunción del republicano Donald Trump, el 20 de enero. La generala y guerrera Laura Richardson, jefa suprema de los comandos, entregará al nuevo presidente lo que fue un sueño para Joe Biden –y para ella–, que maceró durante cuatro años lo que ahora deglutirá quien fuera el rival del demócrata que se va. Las tierras ganadas son las de las 21 islas y más de 100 atolones de las Galápagos, situadas 965 kilómetros al oeste del continente, designadas por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad (1978) y convertidas en un excepcional laboratorio biológico para el estudio de la botánica y la zoología.

Si bien a los ecologistas se les escapó el valor estratégico y geopolítico de esos poco más de 8000 kilómetros cuadrados de paraíso y roquedales, son esos valores los que les importan a la Casa Blanca y el Pentágono, obsesionados cómo están ante la presencia de China, que cada día pisa más y más fuerte en Occidente. Manta era algo así como un largo brazo norteamericano sobre América del Sur cuando en Colombia su gran gendarme era Álvaro Uribe (2002-2010) y en Perú imperaba la inestabilidad que acompaña al país desde los últimos años del siglo XX. Hoy, junto con el desarrollo que tiene el intercambio comercial generado por el gigante asiático, el dominio del océano Pacífico adquiere una importancia superlativa. Y allí, con cabeceras en Estados  Unidos, Australia, Japón e India, Galápagos operará como un mirador de primer grado. Asia-Pacífico y Sudamérica serán sus blancos.

Para violar la Constitución los poderes digitados por Noboa aprobaron el 10 de diciembre un “Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular” y un “Instructivo para Aplicación de los Acuerdos de Cooperación”, herramientas para “enfrentar los retos de seguridad compartida”. En ambos textos se declama “el combate al narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en esta región de Ecuador”–un estribillo repetido hasta el hartazgo por los payadores occidentales a la hora de hipotecar la soberanía– y se aclara que “es importante evitar conflictos violentos y otros conexos entre los grupos narcoterroristas vinculados a los carteles internacionales que se disputan las rutas para exportación y el dominio territorial para el expendio de drogas” (¿?).

Mediante una simple ordenanza, se otorgó a Estados Unidos la potestad de ingresar a las áreas no pobladas “con buques, submarinos y tropas y construir las bases necesarias”. Los soldados pueden permanecer armados pero no disparar con sus armas (¿?). Para proceder a la implementación del proyecto “se autoriza a adecuar o construir instalaciones adicionales en puertos o aeropuertos”. En una declaración conjunta, un grupo de ONGs ambientalistas señala que “de facto se da la cesión de uno de los máximos y más frágiles tesoros naturales, pues el establecimiento de instalaciones militares de poderes foráneos está expresamente prohibido por la Constitución, que declara a Ecuador tierra de paz en la que no se permitirán bases militares”. Aunque Estados Unidos es una potencia nuclear y América Latina un territorio libre de armas atómicas, nada se dice al respecto.

Nadie puede decir, con precisión, cuántas bases norteamericanas están diseminadas por el mundo, desde la primera (Guantánamo, en Cuba) hasta las cuatro montadas el año pasado en Filipinas. El Pentágono no habla. Con otros datos oficiales el Conflict Management and Peace Sciense Journal dice que son 254 y la American University de Washington cree que son 802. Los dos estudios coinciden en que están repartidas en 70 países. Alemania es, en Europa, el que más tiene: el 52% del total continental y el 28% del total global. En Asia, Japón gana con 120 bases. En África hay bases permanentes y semipermanentes en 30 países, con Somalía como principal víctima. En América Latina, Panamá y Puerto Rico encabezan la lista con 12 bases cada uno, seguidos por Colombia (nueve) y Perú (ocho).

Ahora, el gobierno de Noboa revalorizó un acuerdo firmado en octubre de 2023, bajo el mandato del expresidente Guillermo Lasso (unos efímeros 900 días, según el mismo recuerda). Por ese convenio, ahora revivido, se establece que “se dotará al personal militar y civil del Departamento de Defensa (el Pentágono y sus comandos) y sus contratistas (mercenarios de toda índole), de los privilegios, exenciones e inmunidad equivalentes a los recibidos por el personal técnico y administrativo-diplomático bajo las cláusulas de la Convención de Viena”. Quiere decir que las tropas extranjeras, expertas en tráfico de drogas y explotación sexual adolescente, gozarán en Ecuador de garantías para no tener que pasar por los juzgados y las cárceles.