El pasado miércoles 23, Diógenes de Urquiza y Anchorena –a cargo de la Secretaría de Deporte de la Nación (SDN)– anunció en la intimidad que el presidente de la Nación Mauricio Macri –su amigo de adolescencia– le adelantó que firmaría «entre el lunes o el martes próximo», el decreto degradando a la SDN para convertirla en la Agencia del Deporte Nacional (ADN), la posición más baja en el organigrama del Estado desde que fuera creada como Dirección Nacional de Deportes en 1971, por el gobierno militar de Alejandro Lanusse. Macri cumplió con lo prometido, y en la tarde del martes 29 firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 92/2019.

El DNU creó una entidad mixta que mantiene la infraestructura de la SDN y recibe del Estado el presupuesto para el ejercicio 2019 ($ 981 millones), pero está habilitada para establecer contratos privados y generar recursos por alquiler o ventas de bienes y espacios deportivos y arancelamiento de actividades. O sea: una virtual privatización del deporte estatal. Además deja en el buen entender de De Urquiza –quien mantiene jerarquía de secretario de Estado y un sueldo base de $ 210 mil– el poder de tercerizar los más de 500 puestos de trabajo directamente vinculados a la ADN e impone un enorme signo de interrogación sobre el destino de más de 800 hectáreas que controla la ADN, entre el Cenard de Núñez, la pista de remo en Tigre, los dos centros de deportes en la naturaleza de Ezeiza, el estadio nacional de béisbol y el Cenade, en Esteban Echeverría.

El ambiente del deporte estaba avisado de lo que vendría, un par de semanas antes, a partir de las publicaciones del sitio EPHECTOsport, que accedió al expediente del decreto. De Urquiza –con sólo dos meses de gestión tras reemplazar a Carlos Javier Mac Allister– chequeó el documento en tres oficinas gubernamentales, y recibió una aprobación con observaciones de Néstor Scarlatta (director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal y Administrativa de la Secretaría de Presidencia) y Analía Sánchez Zolezzi (subdirectora de la Oficina Nacional de Presupuesto), preguntándose ambos la razón de la necesidad y urgencia de cambiar una estructura en funciones con presupuesto acordado, dejando en la conciencia de Macri la justificación del apuro, cinco semanas antes del inicio de sesiones legislativas. Ajeno a esa secuencia lectora, otro funcionario público conocía el plan a la perfección desde seis meses atrás.

Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 6, tiene abierto un expediente para decidir si da lugar o no a la acusación del expediente caratulado «Mac Allister, Carlos Javier y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos, cohecho, y encubrimiento», en el que se apunta también al director nacional de Deporte Federado (José García Maañón, quien aún mantiene su cargo) y 14 dirigentes deportivos –seis de ellos integrantes del Comité Olímpico Argentino (COA)– por administración infiel cuando se desempeñaron en la Confederación Argentina de Deportes (CAD), hasta 2013. Dicha denuncia fue ampliada recientemente y roza al presidente de la Nación. Las abrumadoras pruebas permitirían comprobar un plan orquestado para destruir la CAD y crear una estructura dirigencial asociada al COA que sustente la creación de la ADN e imponer el DNU.

Una de las pruebas documentales presentadas por Rodolfo Paverini –actual presidente de CAD– es una serie de grabaciones tomadas por un dirigente deportivo en charlas con el presidente de su confederación, en la que este le anticipa lo que se vendrá. En uno de los audios admitió: «Mario (Moccia, secretario general del COA y mano derecha de Gerardo Werthein, el presidente de la entidad) está con Diógenes de Urquiza, futuro secretario de Deportes. Y yo estoy participando de la reforma de la ley (en referencia a la 27.202, aprobada en noviembre de 2015); yo me hago el boludo, pero la estoy estudiando a las 2 de la mañana a la ley. Se le está poniendo que se haga una Agencia…». En otro de los registros, afirmó: «Yo hoy escuché frases de Garcia Maañon, violentas, porque le pegó a Paverini». Consultado por Tiempo Argentino, el dirigente de esta entidad que da sus primeros pasos en el deporte olímpico aseguró «no recordar» aquellas conversaciones, pero dejó una afirmación clave: «Lo que yo sabía, lo sabía todo el mundo del deporte. Lo había comentado Mac Allister, que estaba trabajando en una ley para el deporte», fue su explicación sobre esa grabación realizada en julio, medio año antes de la firma del DNU, lo que destrozaría dicha necesidad y urgencia en la que se basó Macri al suscribirlo. Aquellas charlas informales para delinear la futura conformación legal del deporte fueron corroboradas a Tiempo por otros dos presidentes de federaciones nacionales, quienes señalaron a Mac Allister como propulsor del proyecto y a Fernando Marín –el consejero de De Urquiza y Macri en temas deportivos– como el gestor desde las sombras.

La aparición de este DNU generó una división entre los deportistas. Hubo quienes, como Facundo Callioni (miembro de Los Leones, campeones olímpicos en Río 2016), Federico Pizarro, Paula Ormaechea, Germán Lauro, Luciano De Cecco y una gloria del vóley como Marcos Milinkovic asumieron una encendida defensa del deporte público y la supervivencia del Cenard. Otros, como la Leona Noel Barrionuevo y el ex Puma Horacio Agulla, hicieron copy & paste de un mensaje surgido desde el entorno de Gerardo Werthein, celebrando que «la creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas». La postura del presidente del COA, pidiéndole en la intimidad a ciertos deportistas que apoyaran a la ADN, no se condice con quien, hasta hace dos años, hizo una fuerte campaña para que Deportes alcanzara el rango de ministerio. Tal vez tenga que ver con su actualidad, como líder de la empresa familiar (Grupo W) que pagó 151 millones de dólares por una hectárea y media de los terrenos que hoy ocupa el Tiro Federal Argentino para levantar viviendas de lujo en Núñez.