El gobierno de los CEOs vuelve a poner en riesgo a los sectores más vulnerables. Esta vez golpea donde más duele, en la provisión de medicamentos para la atención primaria de salud de unas 16 millones de personas que no tienen obra social y dependen del sistema público.

Las denuncias por falta de remedios comenzaron a tomar estado público a fines de 2016. Eran advertencias de médicos y pacientes que veían como el stock de medicamentos raleaba y no había cronograma para su normalización. Hablaban de reactivos para diagnosticar el VIH, para tratar la tuberculosis o la hepatitis C. Incluso faltaron anticonceptivos y recurrieron a compras de emergencia.

Ahora el faltante es de medicamentos básicos (aspirinas, ibuprofeno, antiinflamatorios o antibióticos de primera elección, entre otros) que forman parte del botiquín elemental de cualquier centro de salud. Remedios que desde 2002 se entregan de manera gratuita y representan hasta un 50% de los medicamentos que provee el el sistema público provincial. En un Ministerio de Salud implosionado (a fin de año renunció el viceministro y sus asesores, en enero echaron a la cúpula del plan de Cobertura Universal de Salud y aún no hay designaciones oficiales), los cañones apuntan a María CeciliaLoccisano, esposa de Jorge Triaca (ministro de Trabajo), quien fue recientemente ascendida a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.

En enero, Tiempo informó sobre la parálisis de la producción pública de remedios derivada del desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), cuyo presupuesto 2016 había sido recortado de 150 millones a apenas cuatro. Todo eso mientras el PAMI anunciaba que suspendería la entrega de medicamentos gratuitos a más de 100 mil jubilados, firmaba un contrato con Boca Juniors y ampliaba otro millonario con Nicolás Caputo, amigo íntimo de Macri.

La fórmula, que se repite con matices, incluye familiares y amigos de funcionarios de primera línea ubicados en el Estado para hacer un reordenamiento de la «pesada herencia». Para ello, cuando no ordenan subas de tarifas o contratan empresas ligadas a su pasado empresario, implementan ajustes que repercuten fundamentalmente en programas que garantizan derechos de los sectores populares. Es que en un gobierno de CEOs, ninguna obligación del Estado debe impedir un buen negocio. «