Pese a que este jueves la comisión de Acuerdos del Senado reunirá a sus integrantes para intentar voltear el nombramiento de Manuel García Mansilla en la Corte Suprema, en el Gobierno no pierden las esperanzas de sostener tanto su pliego como el de Ariel Lijo. Es que la mesa político-judicial del oficialismo volvió a enviar señales y, obviando las rivalidades que los azotan en la superficie, se muestran dispuestos a retomar el diálogo con el sector de la oposición que tiene la llave para sentar a sus candidatos en el máximo tribunal.
Tras las designaciones por decreto del catedrático García Mansilla y del titular de Comodoro Py Ariel Lijo, la oposición parlamentaria se puso en alerta. Es que no son pocos los senadores que creen que estas designaciones son el último clavo del cajón de un Congreso que, como quedó a la vista él miércoles de furia, tiene cada vez menos peso. Fue por esta situación que el peronismo y un sector del radicalismo se abroquelaron para marcarle la cancha al oficialismo y, de manera sorpresiva, la titular de la comisión, Guadalupe Tagliaferri, convocó a sus miembros para tratar el pliego de García Mansilla este jueves.
En rigor, la reunión fue convocada para convalidar si la firma del titular de la bancada peronista, José Mayans, es o no válida para avanzar con la obtención del dictamen por la negativa. Es que para la larretista y titular de la comisión de Acuerdos la ausencia del senador en la presentación del juez el pasado 28 de agosto revoca la autenticidad de su participación en el documento. El resultado de esta discusión, aunque burocrática, es la llave para definir si la oposición puede convocar a sesionar la baja de los pliegos el próximo jueves y dejar al Gobierno sin apoyo para los nombramientos en la Corte de Lijo y García Mansilla.
En el oficialismo prenden velas a todos los santos. Para obtener dictamen, se necesitan nueve firmas, la mitad más uno de los miembros que integran la comisión. Dos de ellas fueron aportadas por la propia Tagliaferri y el titular de la UCR, Martín Lousteau. Las otras vinieron de parte de Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el propio Mayans. Con los votos justos, y de invalidarse la firma del formoseño, el dictamen sólo obtendría ocho acompañamientos y no podría ser tratado, un regalo divino para un Gobierno que aún junta sus jirones tras varias semanas consecutivas sin poder controlar la agenda. De declararse válida, por el contrario, el peronismo podría volar por los aires las fantasías del oficialismo.
Con una mayoría arrasadora, Unión por la Patria supera con diez bancas los 25 votos necesarios para voltear la designación por decreto de ambos jueces en el recinto, un escenario poco favorable para un Gobierno flojo de institucionalidad y continuamente observado por un establishment cada vez más desconfiado. Es por esto que los operadores judiciales depusieron sus armas y por estas horas reiniciaron el diálogo con varios sectores para intentar llegar a un acuerdo favorable para todos los espacios.
En concreto, desde el oficialismo dicen estar dispuestos a negociar con el peronismo, un sector del radicalismo y los gobernadores que manejan desde sus provincias la voluntad de sus testaferros políticos en el Congreso. En la mesa de diálogo, afirma una fuente inobjetable, el Gobierno pondrá la voluntad de encontrar acuerdos en los nombramientos de los más de 150 juzgados federales que aún están sin titular, la ampliación de la Corte y otras revisiones de representantes del sistema judicial que la oposición considere pertinente. Todo, menos el Procurador y los pliegos de la Corte.
Lijo y García Mansilla, inamovibles para el Gobierno
«Estamos dispuestos a negociar para llegar a un esquema razonable, pero no vamos a dejar que nos armen la justicia», dijo ante Tiempo una fuente al tanto de los tires y aflojes subterráneos con la oposición. Para la mesa chica del Gobierno es menester que quien ocupe la silla de la procuración sea alguien de estricta confianza del presidente. Como contó este medio meses atrás, el oficialismo busca imponer el sistema acusatorio a nivel nacional, por lo que el rol del todavía no seleccionado reemplazante de Eduardo Casal será clave para impulsar las libertarias fantasías judiciales de un sector del gabinete.
El mismo escenario se da con las designaciones del máximo tribunal. Pese a haber recolectado un sinfín de rechazos dentro y fuera del Congreso, el mileísmo no cederá ante las presiones para modificar los nombres de Lijo y García Mansilla. Además, advierten que, en caso que el Congreso rechace sus nombramientos, volverán a designar a los jueces vía decreto una vez finalizado el año en comisión. «Los nombres son los que están», sentenció una voz cercana al presidente.
Por lo pronto, en la convocatoria de este jueves quedará expuesto el vínculo entre un sector del radicalismo díscolo y el Gobierno. Comandados por Eduardo Vischi, el senador correntino que modificó su voto para la creación de la comisión investigadora contra el presidente que él mismo propuso, Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri se plegarán al oficialismo y vaciarán la comisión de la que, se espera, sólo participarán el peronismo, Lousteau y Tagliaferri. La intención será continuar marcando divisiones entre «buenos y malos» e identificar a este sector del radicalismo y del PRO con el kirchnerismo y así limar su imagen frente al electorado republicano anti-peronista que podría verse seducido por estas figuras.
El encargado de llevar adelante todas las negociaciones es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. El íntimo amigo de Santiago Caputo, quien supo tener un paso por la Corte como prosecretario letrado de la secretaría judicial tres, conoce como pocos los hilos que manejan cada uno de los tribunales, por lo que su rol es clave para destrabar los diálogos y encontrar un sano equilibrio entre los deseos del Mago del Kremlin y una oposición hambrienta de poder.
