Los sitios de memoria y los espacios de preservación de documentación sobre los crímenes del Terrorismo de Estado sufren en el arranque de este año otro capítulo del embate negacionista que el gobierno de Javier Milei aplica desde el inicio de su gestión sobre los Derechos Humanos y los procesos de lesa humanidad. Recortes presupuestarios, despedidos, cancelación de contratos. Se suma la incertidumbre en relación al destino que correrán materiales históricos conservados por años. Todo esto conforma por estos días el panorama que padecen los trabajadores de estas instituciones, vitales para garantizar la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que tuvieron vigencia en Argentina durante décadas.
Creados en lugares en los cuales funcionaron Centros Clandestinos de Detención y Exterminio durante la última dictadura cívico militar, los sitios de memoria son clave para asegurar las pruebas de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en esos ámbitos. También son centrales para transmitir memoria con actividades educativas y promover los Derechos Humanos.
Sin embargo, la gestión que encabeza en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el exjuez Jorge Baños propició en los primeros días de enero despidos de trabajadores que desempeñaban tareas en los sitios de memoria, al punto de que la continuidad de estos espacios está seriamente comprometida.
Estas desvinculaciones se producen días después de que Baños ordenara el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ExEsma, con el propósito de “redefinir su temática y ampliar su mirada”. Es algo que para muchos referentes de Derechos Humanos suena a una mera reedición de la teoría de los dos demonios.
En concreto, el pasado 31 de diciembre, a través de un mensaje de wasap, la gestión de Baños canceló los contratos del 60% de los trabajadores del Conti y licenció al resto hasta nuevo aviso.
La practica se repitió en otros sitios de memoria. «Esta semana fuimos siete los trabajadores que quedamos despedidos y los dos compañeros que quedaron tienen pendiente la renovación de sus contratos», señaló a Tiempo Raúl del Valle, quien cumplía desde 2009 tareas de promoción y preservación en el excentro Clandestino de Detención de Virrey Cevallos, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, que fue utilizado por la Fuerza Aérea y la Policía Federal.
Raúl habló después de haber participado en una asamblea de organizaciones y vecinos, interesados en la preservación de este sitio de memoria. «Esta era una casa que alquilaba la Fuerza Aérea y por las noches los vecinos escuchaban los gritos de las torturas que recibían los detenidos. Es por eso que, en 2003, tras la anulación de las leyes de impunidad, la gente de la zona se involucró en la recuperación del lugar», afirmó Del Valle.
Pese a estar despedidos, los trabajadores del sitio de memoria de Virrey Cevallos continúan trabajando en la preservación del lugar y coordinando visitas guiadas a este excentro de detención, donde entre otros estuvo detenida la periodista Myriam Lewin, antes de ser trasladada a la ESMA.
«Este es un lugar que debe ser preservado judicialmente porque todavía es citado en los juicios de lesa humanidad. Se mencionó recientemente en el proceso que se sigue en la causa de RIBA, en la que se encuentran acusados varios represores de la Aeronáutica», remarcó Del Valle.
También se produjeron despidos y desvinculaciones en los sitios de memoria que funcionaban en el excentro clandestino de Club Atlético y Olimpo, lo que dificulta que se continúe con la difusión de actividades educativas que se desarrollaban en esos lugares.
«En la ExEsma se produjo la desvinculación de una trabajadora que hizo tareas de conservación en el Casino de Oficiales y que permitió recuperar las inscripciones y mensajes que dejaban los detenidos en los muros mientras estaban cautivos. También tenemos problemas de preservación en el Archivo Nacional de la Memoria, donde faltan editores, conservadores y digitalizadores de los materiales audiovisuales que se guardan ahí, donde se atesora gran parte del archivo de la Conadep», explicó a Tiempo Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos.
Desde diciembre de 2023, la Secretaría que ahora conduce Baños pasó de 1050 a 540 trabajadores, una significativa disminución del personal que afecta «la preservación de documentos y materiales que forman parte del patrimonio del Estado Argentino», según fundamentó Rampoldi. No obstante, los trabajadores de la Secretaría resisten al vaciamiento oficial. El pasado 27 de diciembre realizaron un abrazo a la ExEsma junto a organismos de Derechos Humanos y el tres de enero, el padre Lorenzo “Toto” de Vedia encabezó una misa en defensa del Conti. Y un día más tarde, el predio fue escenario
