Aunque el juez de garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, resolvió el desalojo de las 2500 familias que ocupan un terreno en Guernica a partir del 23 de septiembre, el gobierno bonaerense prepara una serie de salidas alternativas para evitar la aplicación de esa medida, que podría desatar consecuencias mucho peores. Entre el proceso de tomas de tierras y la presión del lobby inmobiliario para frenarlas, los Estados nacional y provincial cuentan con una serie de herramientas y políticas públicas que hasta ahora se usaron muy poco y que hacen eje en el tema más estructural y menos mencionado de la crisis habitacional del AMBA: la utilización racional del suelo, para regular el valor de los lotes y las viviendas a partir de la intervención estatal.
De acuerdo a un relevamiento al que accedió Tiempo, desarrollado por expertos en suelo para la administración bonaerense, en la Provincia hay 177 mil lotes que son loteos fallidos, terrenos fiscales y propiedades inmovilizadas, que se usarán para una nueva política de vivienda que permita afrontar y reconfigurar la demanda creciente de terrenos para autoconstrucción y desarrollo de viviendas populares.
En ese universo hay un punto de partida práctico, porque actualmente hay 11 mil lotes disponibles en la Provincia, especialmente en el interior.
«La decisión está tomada. Tenemos la oportunidad histórica de que la pandemia puso en agenda la situación de los barrios populares. Vamos a acompañar con un fuerte control de los terrenos fiscales y las tierras que están en manos de privados con fines especulativos y que no son utilizados para la edificación. Vamos a convocar a los propietarios para promover la construcción», explicó una alta fuente que reporta al gobernador Kicillof y que monitorea la situación habitacional junto a la emergencia de nuevas tomas.
En el Gabinete bonaerense aseguran que la dinámica de las ocupaciones está «contaminada» por un proceso de estigmatización de los grandes medios de comunicación, «que buscan provocar una sensación de caos». Debajo de esa pirotecnia, donde algunos funcionarios creen que solo pueden revertir ese proceso con la aplicación del Código Penal, hay un grupo de especialistas que prepara «una política de reparación de los conurbanos». Sostienen que en los últimos diez años la población bonaerense creció por encima del promedio nacional del 10 por ciento. En 2010, el Conurbano concentraba al 28% de la población nacional y hoy supera el 32 por ciento.
En esa dinámica de concentración demográfica, las vecinas y vecinos fueron los más agredidos por el proceso de desindustrialización que arrojó a miles al desempleo. El hilo que conecta ese proceso con las tomas de tierras se puede verificar en el nivel de inquilinos. A nivel nacional, la tasa de alquiler es del 16% y llega al 20% en la Provincia. En los tres cordones del Conurbano esa cifra llega al 30% y es protagonizada por miles de personas que comenzaron a dejar sus viviendas porque no pueden pagar alquileres informales. Según los observadores oficiales, esos nuevos desplazados por la crisis son el principal motor de las nuevas tomas.
Por esa razón, cerca de Kicillof anticipan que buscarán evitar un desalojo violento y confían que en cada conflicto procuran aplicar el «Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad», creado por la Suprema Corte bonaerense en abril de 2019, y que establece la creación de mesas de trabajo con todos los sectores para administrar la crisis y encontrar una salida.
Esa perspectiva es parte de una caja de herramientas que a nivel federal será impulsada por el Plan Nacional de Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Es la primera vez que el Estado cuenta con un área que busca ordenar la administración del suelo y lo concibe como una parte estratégica para las políticas públicas en materia habitacional. Uno de los ejes tiene que ver con la Ley bonaerense 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. A nivel nacional, buscarán que las demás provincias promuevan normas de este tipo, pero en Buenos Aires el objetivo inmediato será que los 135 municipios adhieran a la norma reglamentada en 2013. La ley establece la participación municipal en la valorizacion inmobiliaria y la creación de consorcios que permiten asociar al Estado con los privados, pero hasta ahora sólo 4 partidos bonaerenses adhirieron a esa norma.
