Durante las últimas cuatro décadas en nuestro país, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han crecido en forma incesante, y fueron asumiendo diversas responsabilidades. Ese crecimiento ha traído nuevas complejidades y desafíos que se visualizan en muchos aspectos de la relación con el Estado. Uno de ellos, sin dudas, es la normativa legal y el fiscal que rige a las OSC. Es por eso que desde la Sociedad Civil en Red, integrada por: FEDEFA, RACI, Foro del Sector Social, GDFE, Red Argentina de Bancos de Alimentos y Encuentro de Entidades no Gubernamentales para el Desarrollo,  entre varias organizaciones sociales de todo el país; promueven esta iniciativa que tiene como propósito que la política escuche estos reclamos que llevan más de 30 años.

La campaña #MejoresReglasParaLasOrganizacionesSociales promueve un régimen laboral ajustado a la dinámica de contrataciones de entidades sin fines de lucro, un encuadre normativo que posibilite asumir y resguardar las diferentes relaciones laborales que se dan en nuestras organizaciones. Necesitamos una reducción o una cofinanciación estatal de las cargas sociales, así como la adopción de contratos de trabajo por proyecto y la creación de un régimen laboral en base a la escala y dimensión de cada entidad.

Laura Taffetani, coordinadora de la mesa legal de la Sociedad Civil en Red, en diálogo con Tiempo, señaló que “esta es una necesidad de las organizaciones ya que desde hace décadas venimos encontrando trabas porque a medida que fue creciendo el fenómeno, crecían los impedimentos de regularnos”. Taffetani destaca que “muchas organizaciones están en forma irregular cuando no desean estarlo. Quieren que haya un control que sea eficaz, adecuado y que al mismo las promuevan”.

Desde la Red, aseguran que las organizaciones mejoramos la calidad de vida en democracia; pero el Estado no mejora las reglas que regulan el sector, sometiéndolas a burocracias que nos frenan, normativas que nos ignoran, impuestos que nos debilitan y regulaciones que nos complican. Necesitamos reglas que nos potencien y que faciliten nuestra tarea de llevar calidad de vida a todas y todos.

El proyecto promueve un régimen laboral ajustado a la dinámica de contrataciones de entidades sin fines de lucro, un encuadre normativo que posibilite asumir y resguardar las diferentes relaciones laborales que se dan en nuestras organizaciones. Necesitamos una reducción o una cofinanciación estatal de las cargas sociales, así como la adopción de contratos de trabajo por proyecto y la creación de un régimen laboral en base a la escala y dimensión de cada entidad”.

“Es hora de sentarse y de darle forma legal a esta normativa. Es fácil decir en la pandemia que las organizaciones  estuvieron al frente de batalla, pero lo difícil es que el Estado asume una actitud de compromiso y de cuidado. Cada una de las distintas actividades que las organizaciones llevan adelante, es una apuesta a construir este país, porque muchas de las organizaciones nacen de las crisis, sociales y económicas”, agrega Taffetani.

Para poder concretar este marco, las organizaciones necesitan una normativa fiscal distinta: simplificación de trámites y una ‘ventanilla única’ para presentar documentación ante los organismos de control (IGJ, AFIP y UFI). Esto evitaría no solo la duplicidad de presentaciones, sino también los altos costos y las demoras. A su vez, necesitamos que todos los trámites a realizar ante las distintas autoridades de fiscalización sean gestionados a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), y que se nos habilite a presentar una única Declaración Jurada Anual”, agregan desde la Red.

El consumo de las organizaciones tiene un fin social y debe promoverse un encuadre impositivo distinto, que contemple beneficios en aquellas actividades comerciales e industriales que llevan adelante para generar recursos destinados a sostener los objetivos institucionales. Entre esos beneficios, requiere: que no se grave el IVA y que se mantenga la exención en el impuesto a las ganancias; que se reduzcan las tasas de bienes y servicios facturados a las organizaciones sociales, y que se adecuen las tasas de los servicios públicos.

“Además, las entidades de bien público no deberíamos abonar el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Y las entidades bancarias tendrían que fijar condiciones más ventajosas para la apertura de cuentas, y menores costos en lo que respecta a obtención y uso de tarjetas de crédito”, suman desde la Red.

Quienes deseen sumarse a esta campaña, puede poner su firma en www.mejoresreglasosc.org.ar.