Las miles de personas en situación de calle ya eran un problema de extrema gravedad social para la Ciudad de Buenos Aires, con un crecimiento exponencial en los últimos años. La llegada del coronavirus expuso aún más el abandono. Legisladoras opositoras y organizaciones sociales presentaron amparos colectivos en estos meses para que el gobierno porteño se ocupe adecuadamente de todos los cuidados y protección que requieren ante el Covid–19, el gobierno porteño apeló, hace un mes la Justicia les dio la razón, pero la Ciudad incumplió las cautelares. Ante esta situación, apercibieron a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y, en caso de no efectivizar el mandato judicial para inicios de la semana que viene, le aplicarán una multa de $10.000 al Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, por cada día y cada punto de incumplimiento. Si incumple cinco puntos del dictamen, serían $ 50.000 de multa.
La principal exigencia de Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13, es que en cinco días activen «el Protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) en los Hogares, lugares y/o dispositivos de resguardo», y que dote a los paradores y hogares «de los profesionales de la salud que fueran necesarios en cada uno según su caso».
También en cinco días deben presentan «toda la documentación relativa a los testeos de COVID-19 que se hubiesen realizado a las personas alojadas en los paradores, indicando fecha del testeo y resultado obtenido», y asegurar la vacunación contra la gripe a la totalidad de los residentes y trabajadores de los hogares y paradores, junto a documentación de la cantidad de camas disponibles en cada dispositivo, así como los ingresos y egresos producidos desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha, «y la periodicidad, detalle y cantidad de insumos que se entregan para la protección del personal y alojados en los dispositivos referidos, tales como barbijos, guantes de látex, alcohol, elementos de limpieza». Algo que la Justicia ya le había exigido al gobierno porteño la primera vez y nunca fue respondido.
El juez hace principal hincapié en la necesidad de que la Ciudad notifique a todos los dispositivos de la red de alojamiento el Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de Covid–19 en un Hogar o Parador transitorio para personas en situación de Calle y trasladen a las personas con confirmación positiva a unidades extrahospitalarias. «El protocolo se activa ante detección de personas con síntomas sospechosos y resulta ineficaz para impedir que las personas en paradores se contagien masivamente, debido a que, durante el tiempo de incubación del virus, la persona que lo posee no presenta síntomas, por lo que el protocolo aún no se activa, pero ya sería capaz de propagarlo», enfatiza Jonatan Baldivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, uno de los amparistas en la causa.
Para la legisladora porteña Laura Velasco (FdT), otra de las amparistas, “es inadmisible que, a más de tres meses de decretada la emergencia sanitaria, la Justica tenga que seguir exigiendo al gobierno porteño que se ocupe de las personas en situación de calle. Estamos hablando de una población extremadamente vulnerable, sin ninguna posibilidad de cumplir con las medidas de protección e higiene que se le pide a la sociedad para protegerse frente al coronavirus; no tiene casa donde hacer una cuarentena ni elementos de aseo e higiene».
Si bien la gestión de Larreta anunció el aumento de plazas en paradores, cubren menos de la mitad de la cantidad de personas que viven en la calle, en parte porque el oficialismo porteño subestima la cantidad total de población en esta situación de extrema vulnerabilidad, que de acuerdo a un censo popular de las organizaciones sociales el año pasado era superior a las siete mil, y para Cambiemos son menos de dos mil. Tampoco los dispositivos habilitados para dormir les garantizan seguridad, teniendo en cuenta que carecen de protocolos y medidas adecuadas, sobre todo de limpieza e higiene.
«Necesitamos que el gobierno de la Ciudad tome el tema con la urgencia y la seriedad que requiere y que se cumpla con la Ley 3.706, con políticas públicas activas y con presupuesto –completa Velasco–. La situación vulnerada de más de 7.200 personas que hoy están en situación de calle en el distrito más rica del país, además de la de decenas de miles que se encuentran al borde del desalojo sufriendo el riego de calle, se recrudece en la pandemia; por eso presentamos proyectos que explicitan la Emergencia del sector para darle prioridad en el diseño de políticas públicas que den respuesta urgente. Lamentablemente el oficialismo no los pone en tratamiento en la Legislatura y tampoco cumple con las disposiciones judiciales».
