El proceso de concentración de tierras está lejos de ser una prioridad de las políticas públicas en democracia y la casta que hoy gobierna el país no es la excepción. El 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra, mientras que el 55% de las chacras tienen solo el 2% de la tierra. En poco más de quince años (en comparación con el censo agropecuario de 2002) se perdieron un 25 % de estas unidades. Si lo comparamos con el censo de 1988, en 30 años desaparecieron el 41,5 % de las explotaciones agrarias dedicadas al alimento. El proceso sigue profundizándose. No es de extrañar que los precios de estos alimentos (aquellos que consumen los argentinos) lideren casi todos los meses el índice de inflación del Indec.
Según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el Indec en 2018, de las 279 millones de hectáreas que tiene el país, 267 millones son tierras rurales. De estas, en 155 millones existen explotaciones agropecuarias. De estas más de 36 millones están cultivadas con cereales y oleaginosas para la exportación. La soja, por ejemplo, ocupa casi 13 millones de hectáreas. Pero las frutas y hortalizas juntas apenas superan las 600 mil hectáreas.
Pueblos que se achican
“Para ser sincero, lo que se viene viendo es la desaparición de pequeños productores agropecuarios como nosotros. Una figura que era un clásico en todo el interior productivo y no se toman medidas al respecto”, confiesa Sebastián Campos, productor de la provincia de Buenos Aires y secretario de Bases Federadas, un desprendimiento de las Federación Agraria Argentina, actualmente en la MAA, ante la falta de defensa en la Mesa de Enlace de políticas para este sector.
El gobierno de Milei solo viene profundizando este abandono. “El RIGI contempla más concentración, contempla nuevas inversiones que nos van a sacar del sector productivo. Vivimos en una sociedad austera donde se vende muy poco lo cosechado, se paga lo justo y necesario y hay un sector de la población rural que tuvo que refugiarse en el alquiler porque ya dejó de ser productor. Ya no es viable con la vuelta a las políticas de los 90, pero acentuadas, mucho más concentradas”, aclara Isaías Ghio de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), también dentro de la MAA .
Y hace su propia estadística: “En los 90, en la cooperativa que yo represento, podríamos registrar más de 120 productores activos. Hoy, produciendo, serán unos 30. Hace 12 años atrás, yo era productor porcino, éramos 43. Hoy quedan 3. De los cuales no sé si van a quedar esos 3, porque están fuera del sistema también. Nosotros tenemos en la cooperativa una fábrica de alimentos balanceados y estamos trabajando a un 20% de la capacidad y se han reducido a la mitad las ventas. Mi localidad, Camilo Aldao, en el censo último, perdió 500 habitantes, un 10% de la población”.
Un estado que no está
“Al no haber políticas de contención por parte del Estado se está verificando un gran fenómeno de concentración de tierras. Y, por ende, de la producción. Porque ese pequeño productor tiene que afrontar un nuevo ciclo productivo y no hay créditos. Entonces no tiene capital de trabajo para emprender la próxima cosecha. Ante esa situación termina alquilando el campo. ¿A quién se lo da? Al vecino no, porque está en la misma situación. Se lo termina dando a los pooles de siembra”, se queja Pablo Paillole, productor de Santa Fe y dirigente de Bases Federadas.
Según el Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) de la AFIP, en la campaña 2023/2024, de los 24 millones de hectáreas agrícolas en arrendamiento, 70,1%, son producidas por grandes pooles de siembra. El problema es que, según la FAO, en América Latina y el Caribe, el 70 % de los alimentos de la canasta básica son producidos por la agricultura familiar. De acuerdo con el INTA, el “campo que alimenta” produce en Argentina el 60 % de la yerba mate, 50 % de los porcinos, 41 % de las hortalizas y 30 % de la apicultura. Además de explicar, a pesar de ser minoritario en términos de posesión o producción de tierras, la mitad del empleo es generado por este sector rural. Está claro que es un sector estratégico que da vida a las económicas regionales.
“La ayuda del Estado está mucho más enfocada a otros sectores medios y grandes, a la industria que proceso alimentos. A nuestro sector ha llegado muy poco. Esto ha contribuido a que la concentración en la producción y las cadenas de comercialización se halla profundizado. Es una cuestión de organización para superar la intermediación que muchas veces es concentrada y especulativa, entonces hay abusos y rentas que quedan en manos del intermediario y no del productor, encareciendo el consumo”, cuenta Luciana Soumoulou, también de Bases Federadas. “Fue muy profundo el desmantelamiento de las herramientas del Estado para nuestro sector desde la ultima dictadura cívico militar. Revertir eso y los efectos del modelo agropecuario que se ha impuesto es muy difícil”, agrega.
“Para salir de esto es con política diferenciada y con un plan de producción, que la producción es la que va a dar el trabajo y en la actualidad los que todavía están en la actividad no les queda otra que soportar, especular y tratar de seguir”. La libertad si no tiene inclusión, si no tiene equidad, no es libertad. Esa es una frase de Alberdi”, comenta Ricardo García, también de FECOFE.
*Secretario de prensa UTT-MAA
**Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.
