La comunidad indígena de La Quiaca Vieja lleva dos semanas a la intemperie sobre la ruta 9 protestando tras ser desalojada de sus tierras ancestrales. Sin asistencia estatal y enfrentando bajas temperaturas, las familias con las infancias exigen la restitución de su territorio, que ahora está destinado a una «zona franca» comercial y turística. Por eso este martes realizaron una movilización en la ciudad de Nieva, fueron hasta la Casa de la Provincia de Jujuy para reclamar sus propiedades.
Es una comunidad que depende del pastoreo y la agricultura, ahora sufrieron el arrebato de su modo de vida y bienes naturales esenciales. Sin embargo, continúan luchando, defendiendo y exigiendo su legítimo territorio. Además, han realizado una cronología de los hechos, contexto y análisis del desalojo territorial, aseguran que el actual gobernador Carlos Sadir “continúa con el legado de su antecesor Gerardo Morales”. También explican que desde que asumió “el gobierno de Javier Milei la injusticia que sufrimos se volvió furiosa”.
Crueldad extrema
Una de las víctimas de esta terrible situación es Alfonsina Trejo: “Tras el desalojo quedamos en la calle, estamos sobreviviendo como podemos, tomando agua del río, no tenemos un baño para higienizar a nuestros chicos, quiero justicia por favor”, imploró la mujer, en diálogo con Tiempo, llena de dolor e impotencia.
Permanecen a la vera de la ruta 9. “Necesito una vivienda para estar con mis hijos, no podemos estar tirados en la calle como animales”, exigió Alfonsina. Siguió relatando que de repente “apareció una señora que dice ser la dueña de nuestro territorio ancestral y nos desalojó con las fuerzas policiales”, denunció.
También contó que sus hijos “están traumados y necesitan un psicólogo, ellos padecieron la violencia institucional y están muy mal, porque el día del desalojo fueron seis móviles de la policía, infantería y gendarmería y procedieron en forma brutal”, enfatizó la mujer. “Los chicos están sin ir a la escuela”, aseveró.
Encarcelado por defender su propiedad
Otro caso -son decenas- es el de Viviana Velázquez, “somos una familia campesina de la localidad jujeña de Alto de Yala. Mi fallecida madre, María Teresa Marcos, se crió y vivió pacíficamente en su propiedad hasta el día de su muerte, que se produjo el 7 de julio del 2023, toda su vida arrió sus animales”, contó.
Cuando su madre falleció “quedé al frente de la familia junto con mis hijos Facundo Efraín Velázquez y Nadia Antonella Choque; nosotros seguimos conservando las tradiciones de nuestros abuelos”, explicó Viviana.
La mujer contó que hay una familia muy poderosa “de apellido Haquim, que hace muchos años nos viene atropellando y amenazando, son amigos de jueces, fiscales y de la policía”. Por eso ahora enfrentan un juicio de “prescripción adquisitiva”. A pesar de que “nosotros ya presentamos toda la documentación que acredita que es nuestra propiedad legitima”, agregó.
Semanas atrás sufrieron el último atropello, “cuando empleados de esta familia ingresaron a nuestra propiedad privada junto a su hijo Carlos Ignacio Haquim, se mostraron muy violentos y arrancaron los postes del alambrado de nuestra propiedad argumentando que somos usurpadores”, denunció Viviana, muy indignada.
La situación judicial actual
También señaló que estas personas no actuaron solas, “lo hicieron con el acompañamiento de los efectivos policiales de la seccional 54 de la localidad de Yala, sin ningún tipo de orden judicial y se llevaron preso a mi hijo Facundo, de 42 años”, que hasta el momento permanece detenido. Los someten al hostigamiento continuamente, “los uniformados todo el tiempo nos sacan fotos mientras estamos en nuestra casa y nos dicen que lo hacen porque nos están cuidando”, advirtió.
Los patrulleros de la policía de Yala “están custodiando el cercado que realizó el diputado provincial Carlos Guillermo Haquim, porque ya nos usurpó la parte del terreno donde teníamos el ingreso a nuestra propiedad”, reclamó Viviana. Además, explicó que en ese lugar se encuentra “nuestra única fuente de agua para consumo humano, animal y riego”.
Complicidad judicial
Por ello, el abogado Franco Aguilar presentó una medida cautelar en favor de la víctima “ante el Juzgado N° 2 en lo Civil y Comercial, a cargo del juez Diergo Armando Puca, pero el magistrado no hizo lugar al pedido interpuesto”, se quejó la mujer. Tampoco quiere recibir “documentación ni escritos que reclamen por la usurpación que sufrimos”, remarcó.
Mientras que la fiscal Paola Ángelo les explica que, “al no estar presentada la documentación y los escritos de reclamos, la usurpación de la familia Haquim sigue tomando cuerpo en nuestro territorio”, enfatizó. Ante esta terrible situación, “mi hijo Facundo sigue detenido en la comisaria 4ta de Cuyaya, y entre el 28 de junio y el 5 de julio tendría el juicio; para su liberación piden que aceptemos que somos usurpadores. Nos están proponiendo que nos vayamos a cambio de su libertad”, denunció.
Otros desalojos en Jujuy
Decenas de familias resultaron víctimas de los desalojos perpetrados por las fuerzas de seguridad en la ciudad jujeña de Tilcara. Por los reclamos realizados, el Estado provincial tuvo que enviar el expediente judicial a la Justicia Federal para que realice un análisis y dicte una resolución.
Los habitantes cuentan que pretenden hacer un paseo turístico en el barrio Radio Estación, donde pasa el tren solar que fue inaugurado por el ex gobernador Gerardo Morales antes de terminar su mandato en diciembre del año pasado. Explican que el gobernador electo, Carlos Sadir, sigue con el legado de su antecesor y que ahora, con la presidencia de Javier Milei, el malestar se profundizó.
Espacios para las infancias en riesgo
El Ministerio de Educación de la Provincia dictó una resolución en la que ordena el cierre del Jardín Bilingüe Wawa Huasi, ubicado en la ciudad de La Quiaca. Desde la comunidad originaria Natividad Quispe -que dirige la institución educativa- aseguran que los argumentos que exponen son falsos y explican que interpretan el ataque como una venganza por luchas precedentes.
También buscan cerrar la Biblioteca Popular Niños Pájaros, que funciona hace más de 24 años en el barrio Alto Comedero, cumpliendo una función de integración social y educativa. Ante la terrible situación, las militancias -por la indiferencia de las autoridades provinciales y nacionales- realizaron una serie de reclamos. Lo hicieron de manera pacífica con una actividad libre en la que hubo mate cocido, feria, trueque de libros, juegos recreativos, artistas en vivo, radio abierta, comidas tradicionales y muchas cosas más.
