El gobierno enfrenta este miércoles la primera movilización en contra de las medidas anunciadas, en el contexto de la conmemoración de los 22 años del 20 de diciembre de 2001. Se espera que miles de personas referenciadas en organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera intenten llegar de manera pacífica al Congreso y la Plaza de Mayo, mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dispone un operativo de fuerzas federales en consonancia con el nuevo «protocolo antipiquetes«.

En una primera expresión del plan gubernamental contra la protesta, en estaciones de tren se reproducen mensajes que avisan que quien forme parte de la manifestación de organizaciones sociales, no continuará recibiendo ayudas estatales.

Por su parte, el presidente Javier Milei encabezó una reunión del gabinete nacional en la Casa Rosada, por octava vez consecutiva desde que asumió, en una jornada en la que brindará un mensaje por cadena nacional en el que explicará los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que se publicará en las próximas horas, y que desregula sectores claves de la economía.

Además, un juez rechazó el pedido de habeas corpus preventivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, entre otras personalidades, para que se deje sin efecto el protocolo de orden público anunciado por Bullrich, quien celebró la medida que considera «completamente legal».

Bullrich, en el foco

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«Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje», sostuvo Patricia Bullrich durante la mañana del miércoles en declaraciones a TN.

La ministra adelantó que a los que corten las calles «se les pedirá que suban a la vereda» y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, «habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos».

«Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas, a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás», agregó la funcionaria.

Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que «en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete» y dijo que «habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación».

En la misma línea, dijo que «se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes» y explicó que ya se recibieron 5.000 «denuncias» en la línea 134, anunciada el martes, para recibir llamados sobre presiones para marchar a cambio de un plan social. El llamado se efectúa a un contestador automático donde se dejan mensajes.

Facundo Molares

Milei se queda en la Casa Rosada

El presidente fue parte de la reunión matinal de gobierno, junto a su gabinete: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Defensa, Luis Petri; de Economía, Luis Caputo; de Infraestructura, Guillermo Ferraro; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Russo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

También están el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Comunicación y Prensa, Belén Stettler; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; y Santiago Caputo.

El jefe de Estado ingresó a las 8.19 a la Casa de Gobierno y de inmediato se dirigió junto a sus ministros al Salón Eva Perón para dar inicio al encuentro.

En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni brindará una nueva conferencia de prensa durante el transcurso de la mañana del miércoles.

La justicia avaló el operativo de seguridad

«Resuelvo rechazar las presentes acciones de habeas corpus», resolvió el juez de instrucción en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires Gustavo Pierretti, en un fallo emitido en la noche del martes, en el que sostiene que en el pedido de habeas corpus solicitado por Adolfo Pérez Esquivel, Néstor Pitrola y otras personalidades no se da “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso.

En el fallo que fue elevado ya para revisión en la Cámara Nacional en lo Criminal, Pierretti evaluó que «se advierte que la resolución ministerial en cuestión tiende a garantizar la libre circulación de las personas frente a una manifestación y esto no afecta, de manera actual e inminente, la libertad ambulatoria de personas determinadas», según el texto al que tuvo acceso Télam.

Pierretti no hizo lugar al habeas corpus porque «las pretensiones introducidas» no encuentran respuesta en la Ley 23098 referida a este recurso.

«Los planteos formulados no logran demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a la libertad ambulatoria», justificó.

Si bien «el derecho a la protesta y la libre expresión reconocidos en nuestra Constitución Nacional deben ser tutelados, también debe ser protegida la integridad física de quienes formen parte de las manifestaciones y las personas que, sin hacerlo, transitan la zona», explicó.

Ante ello «es obligación del Estado velar por dichas protecciones a través de la adopción de un operativo de seguridad –a partir del 14/12/2023 regulado por la Resolución criticada-, siendo que para el supuesto de existir actos de violencia institucional o que, por caso, transgredan lo prescripto por el art. 194 del CP, serán motivo de la investigación penal que corresponda», agregó.

En caso de delito, «las fuerzas policiales o de seguridad se encuentran facultadas a actuar de conformidad con el art. 184, inc. 8° del CPPN, como podría ser el supuesto del art. 194 del CP, que reprime a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.