“Con los degenerados fiscales queriendo gastar como locos y, bueno, el mercado nos pasó la factura“, dijo este miércoles Javier Milei en la Bolsa de Comercio. El presidente fue el principal orador del acto por los 170 años de la entidad bursátil porteña y revivió el mensaje que le mandó a los diputados hace un mes. El cinco de junio la oposición hizo una demostración de fuerza que el oficialismo no pudo frenar y que cosechó una amenaza presidencial. Por 160 respaldos, 72 rechazos y 8 abstenciones, la Cámara Baja aprobó un cambio en la fórmula jubilatoria que incomodó al presidente. Al día siguiente amenazó con vetar una eventual sanción por parte del Senado. El mandatario se apuró. Planteó un nuevo desafío al Congreso y este miércoles redobló la apuesta desde la Bolsa, aunque por lo bajo el Gobierno abrió una negociación para evitar que la amenaza del veto derive en una nueva derrota política luego de la parturienta negociación por la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
Cuando Milei se enteró del revés en Diputados fue la primera vez que eligió tratar de «degenerados fiscales» a los legisladores que aprobaron el cambio en la ley jubilatoria. Un mes después, ante un nutrido grupo de empresarios, revisitó su amenaza.
Si sus funcionarios tienen razón, es posible que haya que seguir de cerca lo que hace Milei y no lo que dice. Porque detrás de la virulencia presidencial, el oficialismo negocia desde la semana pasada en el Senado una serie de cambios a la media sanción que aprobó Diputados. Fueron dos tercios impulsados por peronistas, radicales, partidos provinciales y Hacemos Coalición Federal, que cayeron como una piedra en la Rosada. La pulseada fue para evitar una depreciación aún peor de las jubilaciones durante el primer semestre de la gestión Milei, signado por los porcentajes de inflación.
La titular del Senado, Victoria Villaruel, trató de estirar el trámite apenas recibió el expediente que vino de Diputados. Sin embargo, fue la bancada de la UCR la que intentó marcarle los tiempos y, a la vez, fueron sus senadores quienes le tiraron un salvavidas la semana pasada. El titular del bloque, Eduardo Vischi, había pedido tratar cuanto antes el giro de Diputados, pero Villarruel estiró el trámite y amplió los giros a la Comisión de Previsión Social y Trabajo para ganar tiempo. Hubo un plenario de comisiones con Presupuesto para dictaminar y el oficialismo propuso sumar expositores. Enojados por la dilación, los senadores de UxP se propusieron llevar el tema al recinto en la sesión que se realizó el 4 de julio.
No hubo dictamen en el plenario del día anterior y el bloque de UxP buscó tratar el tema sobre tablas ante la posibilidad de conseguir los dos tercios reglamentarios para lograrlo. Vischi propuso tratarlo en la sesión siguiente. Luego de una dura discusión reglamentaria, que incluyó una votación negativa, el tema quedó, sin fecha concreta, para la próxima vez que funcione el recinto. El tiempo se siguió acortando y la UCR sólo pudo estirar otro poco un desenlace que, así como viene, terminará en 53 o 54 votos a favor, es decir, con dos tercios de respaldo.
No será fácil para Milei vetar una norma que contó con los dos tercios mayoritarios de las dos cámaras. Al principio sus funcionarios aseguraron un rechazo rotundo de esa ley, pero comenzaron a cambiar de idea cuando confirmaron que el Senado podría repetir el revés de Diputados.
El texto fijó la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y agregó una cláusula para que se aplique un incremento anual que resultará del 50% del promedio de variación de los salarios (RIPTE). Además agregó una garantía para la jubilación mínima, que deberá tener un piso equivalente al 1,09% de la Canasta Básica Total.
La media sanción también incluyó un método para que la Anses privilegie los pagos a las 14 cajas jubilatorias de las provincias que no las transfirieron a la Nación. El tema está en la mesa, por parte de los gobernadores, desde la primera etapa de negociación de la Ley Bases. Apenas fue sancionada, tres mandatarios de la oposición dialoguista anticiparon que redoblarán el reclamo. El cordobés Martín Llaryora, del peronismo no kirchnerista; el santafesino Maximiano Pullaro, de la UCR y el entrerriano Rogelio Frigerio, del PRO, se reunieron para exigirle al Ejecutivo que destrabe la negociación por las cajas no transferidas. La señal también reforzó el amague de llevar al recinto del Senado el texto que vino de Diputados, aunque el envío alcanzó para agendar el debate para la próxima sesión.
“Les digo algo, si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario ¿saben qué? las voy a vetar todas, no voy a entregar el resultado fiscal”, lanzó Milei este miércoles en la Bolsa, casi con las mismas palabras que cuando supo del revés en Diputados.
Casi al mismo tiempo, en la Rosada anticiparon que están preparando una escudería de voceros que saldrán a defender el DNU 274/24, que establece los aumentos por decreto, pero como una forma de sostener la negociación que comenzó a cocinarse en el Senado. El gobierno quiere sacar la cláusula del incremento anual basado en el 50% del RIPTE, correr la garantía de la canasta básica, y limar el reclamo de las provincias. La idea es sumar modificaciones al texto de Diputados para devolverlo a la Cámara de origen y que la pulseada se resuelva como sucedió con la Ley Bases.
El Senado negocia y la Rosada calcula a regañadientes
El presidente busca responsabilizar al Congreso de votar leyes que aumentaron la volatilidad y fragilidad de su política económica. Con ese concepto castigó verbalmente a quienes votaron el cambio de la fórmula jubilatoria, aunque sus asesores saben que si tira de la cuerda afrontará el costo de la dura realidad: la depreciación de las jubilaciones no sólo castiga a una parte del electorado de la Libertad Avanza sino que puede transformarse en un búmerang que toda la oposición podría capitalizar. En la Rosada admiten que no será fácil vetar un aumento jubilatorio y que la situación no es comparable con el antecedente de 2010.
Ese año las dos cámaras del Congreso sancionaron una ley que fijó una mínima del 82% del salario mínimo, vital y móvil. El 14 de octubre, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo vetó.
Un memorioso funcionario reflejó la comparación que barajan con el presente de Milei. «La diferencia es que queremos saber si están haciendo la ley para que la vetemos o si están dispuestos a negociar», confiaron en un despacho de Balcarce 50. Un testigo de los debates de 2010 recordó que la entonces diputada Elisa Carrió reconoció que la idea del 82% móvil era para poner a Cristina al borde del veto. Finalmente sucedió y desde entonces está el antecedente que analizan una y otra vez en el primer piso de la Casa de Gobierno.
Con ese argumento están explorando la negociación que comenzó la semana pasada. Los cambios que se acepten en el Senado abrirán otra negociación en Diputados. «Si no hay veto y aceptan cambios, podemos analizar de otro modo», explicaron en Hacemos Coalición Federal, el bloque que lidera Miguel Pichetto en la Cámara Baja.
Queda una compleja negociación financiera, previsional y económica por delante, con el mensaje latente de los dos tercios que ya se hicieron sentir en Diputados y que podrían revivir en el Senado. El tiempo es tirano porque el Ejecutivo tiene que presentar el 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2025 y en el avance que envió la semana pasada no hay ninguna señal al respecto. ¿Se cruzará este debate en medio del primer presupuesto que presentará el Gobierno?
Un consejo cordobés
Al parecer, hasta que haya un principio de acuerdo, Milei seguirá insistiendo con el veto mientras sigue el pulso de las negociaciones que está abriendo a regañadientes. Sobre su escritorio tiene un informe de Osvaldo Giordano, el exministro de Finanzas del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que fue el primer titular de la Anses por decisión de Milei. El presidente lo echó cuando supo que la esposa del funcionario, la diputada cordobesista Alejandra Torres, votó en contra de la primera versión de la Ley Bases.
Giordano fue acusado de traición y eyectado de la dirección de la Anses. El 9 de junio, después de la amenaza del veto presidencial, de conoció un documento para darle un consejo a Milei. Lo hizo como investigador del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) y lo publicó el 9 de junio.
En el informe 1073 del IDESA, titulado «No hay que vetar la ley previsional sino instrumentarla bien», Giordano señaló que «el proyecto de ley aprobado en Diputados mantiene la fuerte licuación que se produjo en el gasto previsional desde el 2017, con la crisis inflacionaria que se desató en el 2018 y que persiste hasta la actualidad». Desde esa perspectiva, el experto previsional del schiarettismo remarcó que «el proyecto no aparece como desestabilizante de las cuentas públicas» sino que «mantiene el gasto previsional muy por debajo de los niveles históricos».
El documento ha sido leído por los ministros del presidente. También apunta que es mejor un porcentaje para equilibrar el cálculo que utilizar los bonos que paga la Anses a partir del DNU 274/24. «La expansión del gasto que implica hacer un empalme más consistente con la vieja fórmula es menor a las erogaciones que demanda el bono de $70.000 que se le viene pagando a los haberes más bajos», insiste el informe.
Otra ventaja de evitar el veto presidencial, según Giordano, es que reduce la litigiosidad. «Para disipar polémicas en torno al proyecto de ley de Diputados hay que tener en cuenta que la contabilidad pública, a diferencia de la privada, registra el gasto de un juicio cuando se paga, no cuando se produce el hecho que lo genera. (…) Al no registrar previsiones por juicios de movilidad, se sobrevalora el superávit fiscal que se logra con el DNU», mientras que «el proyecto de Diputados, al reducir los riesgos de juicios, no genera erogaciones ocultas por futuros juicios».
Para Giordano también hay otra ventaja que podría reducir la litigiosidad del futuro. «El proyecto preserva más el superávit fiscal que el DNU, porque hay una frondosa jurisprudencia que advierte que la movilidad tiene que ser regulada por ley y que el ensamble con la fórmula que se sustituye tiene que ser consistente. El DNU por su naturaleza jurídica y su empalme arbitrario crea un campo extremadamente fértil para que florezca la litigiosidad. El proyecto de ley corrige esta debilidad jurídica, mantiene el gasto muy por debajo del promedio histórico, y permite que el mayor costo pueda ser compensado con el rediseño del bono», resumió el informe del IDESA.
