La agencia calificadora de riesgo de EEUU Moody’s le bajó la nota de perspectiva a la deuda pública de las principales provincias argentinas, incluida la Ciudad de Buenos Aires, de estable a negativo.

Moody’s realizó este ajuste una semana después de haber procedido del mismo modo con la calificación de la perspectiva de la República Argentina. La agencia consideró que ambos hechos están vinculados y “reflejan los estrechos vínculos económicos y financieros que existen entre el gobierno de Argentina y los sub-soberanos argentinos”.

Las provincias afectadas por la baja de la perspectiva fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, además de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de Córdoba.

Los cambios en la perspectiva son un llamado de atención para los acreedores de deuda. Moody’s, al igual que otras firmas, califica el riesgo de cobrar que tiene un acreedor.

Moody’s explicó que “la creciente incertidumbre con respecto a la consolidación fiscal necesaria para restablecer el acceso a la financiación del soberano, y el riesgo de cambios en las políticas a nivel federal, que podrían desencadenar una fuerte volatilidad en el mercado y presiones de tipo de cambio, pueden plantear riesgos sistémicos materiales para los sub-soberanos”.

Moody’s apuntó así a dos de los problemas centrales de la economía argentina y que también fueron remarcados por el Fondo Monetario en su reciente reporte tras la aprobación de la cuarta revisión del préstamo stand by concedido a la Argentina en junio del año pasado.

De un lado, hay dudas respecto del cumplimiento del déficit cero que promueve el gobierno argentino ya que los ingresos fiscales están por debajo de las expectativas.

Por el otro, la debilidad económica podría derivar en la necesidad de cambios en la política económica del próximo gobierno, sea cual fuere su extracción partidaria. Entre esos cambios, se especula con una renegociación de los plazos de vencimiento de la deuda pública; un menor superávit fiscal o incluso déficit, y una devaluación del peso respecto de las divisas.

Para Moody’s las provincias se verán afectadas en lo que resta de este año y a lo largo del próximo por la política económica del gobierno federal, caracterizada por la brutal caída de la demanda del sector público, elevadísimas tasas de interés y el endeudamiento externo.

Standard & Poor’s también

Otra calificadora de riesgo, Standard & Poor’s, también de capitales estadounidenses, presentó este martes un informe sobre la situación de los bancos argentinos, a los que mantuvo sus respectivas calificaciones crediticias “a pesar de la contracción en el otorgamiento de crédito y el debilitamiento de los indicadores de calidad de activos”, según consignó en su informe.

S&P detalló que por “los niveles todavía muy elevados de la inflación y las tasas de interés” los bancos son “más cautelosos”. A ese comportamiento adjudica la decisión de los bancos comerciales de hacer de las Leliq su principal activo financiero, algo discutible dado que la concentración alcanzada de Leliq en sus manos los torna cada vez más vulnerables a una crisis de deuda.

La cautela de los bancos, según S&P, incluye la reducción en el otorgamiento de crédito en moneda local (en términos reales) en 2019. Mientras que la agencia espera que la cartera de crédito bancario aumente entre el 25% y el 30% en términos nominales en 2019, habrá una fuerte contracción en términos reales ya que la inflación la calcula en torno del 42%.

“Al mismo tiempo, se ha deteriorado la calidad de activos del sistema bancario”, agrega el informe, que  detalla que a abril de 2019, “la cartera vencida (créditos con 90 días de vencidos) aumentó a 4,2% del total de los créditos desde el 3,1% al cierre de 2018 y alrededor del 2% en años anteriores”.

Con todo, S&P transmite tranquilidad: “En nuestra opinión, los bancos argentinos pueden hacer frente a potenciales pérdidas adicionales derivadas del debilitamiento de la calidad de activos, debido a su adecuado nivel de provisionamiento (que supera 100% de la cartera vencida) y capitalización (con índices regulatorios BIS de casi el doble del requerimiento mínimo de 8% y 75% por encima del promedio regulatorio Tier 1)”.