El debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo ha llegado nuevamente a los gremios, que la perciben como un arma de doble filo. Es que el desarrollo de los instrumentos de trabajo, al tiempo que constituye una amenaza para el empleo, puede implicar también un alivio en las condiciones y hasta una humanización de la labor. Se trata de establecer qué clase social se apropia de los beneficios de esos avances. Dependerá de la relación de fuerzas entre capital y trabajo a nivel social y político, partiendo, claro, de la relación desigual que conforman las relaciones de propiedad vigentes y el carácter de clase del Estado.
Para las patronales, la modernización de los procesos productivos es la oportunidad para una avanzada sin precedentes sobre los convenios colectivos de trabajo. El reiterado argumento de que han quedado obsoletos ante los nuevos desarrollos tecnológicos es el envoltorio ideológico para tratar de imponer variantes de polifuncionalidad.
La discusión tiene un carácter fundacional, toda vez que la primera forma de acción sindical que registra la historia del movimiento obrero es la que se desarrolló en Inglaterra a principios del siglo XIX y que tomara el nombre de ludismo. Como respuesta a la masiva incorporación de maquinaria producida por la revolución industrial, que amenazaba a la estructura de oficios y los puestos de trabajo, el obrero inglés Ned Ludd encabezó una rebelión de artesanos y trabajadores que consistía en acciones de sabotaje bajo la forma bárbara de la destrucción de la maquinaria. Por ese motivo, distintos historiadores lo han catalogado como un movimiento de tipo reaccionario, conservador, al pretender poner un freno al desarrollo de la historia.
Fue Eric Hobsbawm, en su libro Los destructores de máquinas, publicado en 1952, quien rescató de esa rudimentaria expresión de resistencia un carácter civilizador y fundante del movimiento obrero. Esas acciones constituyeron explicó el prestigioso historiador marxista la herramienta disponible más efectiva para imponer una negociación colectiva mediante disturbios, que forzó a las patronales a establecer concesiones para el usufructo social de esos avances. Así, la relación entre el desarrollo tecnológico y la conformación de los modelos sindicales data entonces del propio surgimiento del capitalismo.
Aquí y ahora
En la Argentina, los cuerpos de delegados, comisiones internas, sindicatos, federaciones y centrales sindicales datan de fines del siglo XIX y principios del XX. La clase trabajadora argentina cuenta con una rica historia de lucha y organización anterior a la denominada estatización de los sindicatos desarrollada por el primer gobierno peronista. La legislación de 1946, que sufrió la intervención pero no la derogación de la Revolución Libertadora, fue luego formalizada bajo el gobierno de Arturo Frondizi con la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales, luego modificada por la actual Ley 23.551.
Desde entonces, el modelo sindical argentino está regido por esa legislación, que le otorga al Estado la capacidad de intervenir al interior de las organizaciones a través del Ministerio de Trabajo. Del mismo modo, la ley garantiza la unicidad sindical otorgando al Estado la potestad de reconocer la personería gremial (y la de discutir los convenios) a la representación que contenga el mayor número de afiliados.
Es esa ley la que, de un tiempo a esta parte, se encuentra atravesada por una fuerte polémica, a la luz del debate sobre la reforma laboral y la discusión de los convenios. Curiosamente, las opiniones a favor y en contra dividen a las corrientes del movimiento obrero así como a las diversas visiones patronales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha cuestionado la ley por no dar cuenta de lo que expresa el Convenio 87 de la entidad, que establece que los trabajadores tienen derecho a organizarse como lo estimen conveniente. La propia Corte Suprema de Justicia dictó fallos amparados en ese convenio para reconocer representaciones alternativas y hasta delegados de base electos directamente por sus compañeros. El llamado unicato ha servido para dar legalidad a través del propio Estado a estatutos que no contemplan las representaciones de las minorías, violentando la democracia interna y apuntalando la perpetuidad de conducciones que tienden a comulgar con gobiernos y patronales.
El modelo contrasta con otras estructuras vigentes en Europa y aun en América Latina, donde la proliferación de sindicatos y centrales ha atomizado al movimiento obrero, debilitándolo. Por ese motivo se trata de modelos que cuentan con el visto bueno de amplios sectores patronales. Al mismo tiempo, el unicato ha servido a los gobiernos para contener y someter a las organizaciones sindicales. La unificación de la CGT en un triunvirato bajo el actual gobierno de Mauricio Macri, de hecho, ha servido más para domesticar al movimiento obrero que para promover su conflictividad. En resumen, el desgaste y el desprestigio de las conducciones sindicales tradicionales generaron un proceso de consolidación de listas opositoras que, muchas veces, por la rigidez de estatutos que niegan representaciones por la minoría o por prácticas fraudulentas, se tradujeron en el desarrollo de sindicatos paralelos.
Sectores patronales han llamado la atención acerca de la dificultad de establecer negociaciones con una multiplicidad de interlocutores y hasta han manifestado su disgusto por el costo económico que implica. Por el lado de los sindicatos, los argumentos recorren ejes similares: mientras la unicidad coarta la libertad sindical, el exceso de representaciones abona a la fragmentación y la debilidad sindical.
El modelo bajo la lupa
Desde el mismo riñón del sindicalismo tradicional surgió un alerta para revisar la eficacia del modelo vigente. El diputado Facundo Moyano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines y secretario de Cultura, Ciencia y Técnica de la CGT, presentó un proyecto de ley para democratizar los sindicatos y terminar con la reelección indefinida y algunos aspectos de los estatutos que impiden la presentación de listas opositoras. El proyecto, elaborado por el equipo de asesores de la Fundación Estrategia, parte de un estudio de opinión pública realizado por Ibarómetro en 2014 que muestra que apenas el 23,3% de los argentinos tiene una imagen positiva de los sindicatos, y que el 61% considera que los dirigentes se preocupan por sus intereses personales por encima de los de los trabajadores. En los fundamentos, Moyano sostiene que los trabajadores nos encontramos maduros para dar la discusión de la reforma y democratización de nuestras propias organizaciones y que el actual modelo caracterizado por cláusulas proscriptivas, fraudes sistemáticos, reelecciones indefinidas, hechos de violencia, denuncias de corrupción, es el responsable de la endeble reputación de los gremios. Señala, además, que esta ilegitimidad de base los hace (a los dirigentes) dependientes del Ejecutivo de turno y que la consecuencia es que la representación se busca en otro lado: se multiplican las acciones sindicales sin personería, se atomiza el modelo sindical, se debilitan los trabajadores y también los empresarios, que no pueden planificar sin el marco necesario de una mínima representatividad. Entre otras medidas de transparencia, el proyecto establece la elección directa de las comisiones directivas y, esencialmente, el traslado de la competencia de aplicación del Ministerio de Trabajo al Poder Judicial. Una forma de salvar, desde adentro, el cuestionado modelo vigente.
Omar Plaini, miembro del Consejo Directivo de la CGT unificada y dirigente del sindicato de Canillitas, señala que el modelo sindical argentino es uno de los más reconocidos del mundo. Es un modelo de gestión y administración que se acerca mucho al ideal. Para Plaini, los sindicatos son democráticos, la Ley 23.551 sostiene que hay plena democracia y libertad sindical. Eso no implica que no deba revisarse algún que otro estatuto, pero eso debe hacerlo la propia organización sindical.
Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, reconoce que la representación sindical tradicional muestra cada vez más los límites que le impiden asumir la representación de la clase trabajadora en su conjunto. Los cambios de la economía neoliberal van generando cada vez menos trabajadores con convenio.
Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la CTA Autónoma, coincide en que las transformaciones tecnológicas fueron modificando las modalidades de contratación, mientras el modelo sindical permaneció con el modelo fordista. El modelo actual es un engendro y está caduco, simplemente mantiene el poder de cinco o seis dirigentes.
Para Yasky, la normativa no es un límite para avanzar. Más allá de los cambios para la democratización al interior de los sindicatos, es importante preservar el soporte legal para impedir la atomización. Hay que evitar que nos deslicemos hacia un sistema que confunda la libertad sindical con la fragmentación de las organizaciones. El modelo neoliberal se apropió de un discurso de modernidad planteando la necesidad de diversificar las representaciones. Apuntan a debilitar la fuerza del movimiento sindical. Plaini acuerda: La atomización sindical siempre estuvo en la aspiración del mundo capitalista. Para el poder concentrado, el mejor sindicato es el más débil o el que no existe.
Meguira advierte que el modelo vigente, más que de unicidad, es un modelo de injerencia del Estado. Es el gobierno el que decide la vida interna de los sindicatos. Por eso, dice, estamos de acuerdo con el proyecto de Moyano, que transfiere a la justicia el control de las elecciones sindicales. Yasky disiente: La justicia no puede establecer la vida interna de los sindicatos. Es un arma de doble filo cuando estamos discutiendo la vigencia de la justicia laboral.
Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único del Neumático y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista, señala que los sindicatos tienen que funcionar en forma independiente del Estado y de los gobiernos; de lo contrario, no pueden llevar adelante los reclamos de los trabajadores. Fue el caso de nuestro sindicato, en manos de la conducción anterior durante el kirchnerismo, con relación al Impuesto a las Ganancias. Hacer un sindicato paralelo es el último recurso sostiene Crespo. Lo ideal es recuperar las herramientas obreras desde adentro. En casos excepcionales no queda otra, por el entramado entre la burocracia sindical y el Estado al amparo de la ley de Asociaciones Sindicales. Pero no hay que dividir más a los trabajadores. La unificación debe ser la base para recuperar el control de nuestros sindicatos, desplazando a estas direcciones.
Para Meguira, el problema no es de unicidad o pluralidad sindical: Las movilizaciones han sido masivas desde febrero de 2016. Los trabajadores se oponen a las políticas neoliberales, pero el gobierno sigue avanzando en la posibilidad de una reforma laboral. Eso se debe a que las dirigencias burocráticas tienen una gran coincidencia con los intereses empresariales, y no se modifican porque el modelo de democracia interna está garantizado por el Ejecutivo. Es preferible la unidad voluntaria, no la que impone el Estado, que supone la injerencia de otra clase social. Y tampoco puede imponerse la pluralidad por ley. En la misma línea, Crespo admite que en condiciones adversas, cualquier cambio es para atrás. Hay que construir una relación de fuerzas favorable a los trabajadores con nuevas direcciones.
Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, coincide en exigir la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales para impedir toda injerencia estatal en nuestras organizaciones. Reclamamos la más amplia libertad de organización y representación sindical, y reivindicamos los grandes sindicatos por rama. El problema de fondo es la dirección del movimiento obrero, si mantiene una política independiente con relación a las patronales y el Estado o se subordina a ellas.
Para Crespo, los avances tecnológicos pueden ser una oportunidad: En nuestro gremio, la nueva forma de participación que hemos impuesto, mucho más democrática, permite discutir mejor las condiciones de trabajo. Dentro de la planta hemos cambiado sectores enteros y obligamos a la empresa a modernizar los procesos. Meguira tampoco cree que estas transformaciones vaya necesariamenten en detrimento de los trabajadores: Es una oportunidad y a la vez una amenaza. A veces las nuevas tecnologías llevan a sustituir mano de obra. Pero también pueden humanizar parte del trabajo, regulado por la mecanización del hombre en el proceso productivo. Las condiciones de trabajo, aunque generen costos a las empresas, deben ser defendidas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
